En marzo de 2020 todo cambió. La pandemia impactó de forma inmediata a los sistemas de salud y detuvo la actividad económica. La intuición nos diría que el gasto estatal en salud se incrementó de forma importante y que el gasto burocrático, por el contrario, se redujo. Esto no fue así. En plena pandemia, el gasto burocrático se incrementó y el gasto en salud disminuyó.
Los estados ¡gastaron 2% menos en salud! en comparación con 2019, mientras que se excedieron de lo presupuestado originalmente en 2 mil 358 mdp para gasto burocrático en 2020. Durante años, los estados han gastado por encima de lo aprobado en sus presupuestos, lo que implica un error de planeación presupuestal. Lo grave es que a pesar de la crisis no se detectó un reordenamiento en sus prioridades de gasto.
El gasto administrativo o burocrático es necesario. Los gobiernos no pueden operar sin recursos destinados a pagar sueldos, salarios o servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales. Este gasto representa todas aquellas asignaciones de recursos destinadas a la compra de bienes y servicios necesarios para llevar a cabo las funciones del gobierno. Pero sin duda hay gastos prioritarios y otros que no deberían de serlo.
El Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2021 del IMCO identificó que en plena pandemia hubo estados que lejos de destinar mayores recursos para insumos sanitarios, sueldos de médicos, maestros o policías terminaron gastando más en traslados y viáticos o en la realización de eventos y ceremonias oficiales.
A pesar de que 27 entidades redujeron su gasto en relación con los montos autorizados en los traslados en medio de la pandemia, los ajustes a la baja no fueron suficientes para compensar los incrementos del resto de las entidades federativas. Tan solo Guerrero gastó 901% más, al pasar de 40 mdp a 406 mdp.
¿Qué falla entonces en el ejercicio y control del gasto público? ¿Por qué los estados no pudieron reordenar las prioridades y gastar más en salud, en educación, en ayudas sociales o programas de recuperación económica en plena pandemia? La responsabilidad no únicamente atañe a los gobernadores y gobernadoras, sino también a los congresos locales que no cumplen con su función de monitorear, hacer comparecer a funcionarios y fiscalizar adecuadamente cada mes, trimestre o cuentas públicas.
Más allá del costo monetario que implica per se el gasto burocrático, en la práctica existe también costo de oportunidad. Cada peso destinado a temas no prioritarios, significan menos recursos para programas de combate a la pobreza, becas o inversión pública. Urge predicar con el ejemplo, establecer controles a las modificaciones presupuestales y poner a funcionar los pesos y contrapesos.
*Manuel Guadarrama es coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
