Por Manuel Guadarrama
El pago de impuestos nunca ha sido un tema popular, ni siquiera nuevo. Hace 240 años se popularizó el lema: no taxation without representation (No hay tributación sin representación). El fondo de este reclamo era que no había una correcta representación de la población en la clase política. En México, los diputados, al menos formalmente, tienen la facultad exclusiva de aprobar los presupuestos de egresos para cada año. En la práctica, los diputados cedieron esta facultad. Son los poderes ejecutivos los que no solamente proponen, sino deciden cómo y en qué se gasta.
La división de poderes se desdibuja. Prueba de ello es que los congresos estatales aprueban los presupuestos en donde nos dicen que van a gastar y otra lo que efectivamente terminan gastaron. En el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) se documentó un 7% más de gasto público en los estados, equivalente a 153 mil 710 millones de pesos. Es decir, los gobernadores son los que a fin de cuentas crean presupuestos alternativos que no reflejan las prioridades aprobadas por los legisladores.
Presentar variaciones elevadas entre lo presupuestado y lo ejercido en un año puede significar un error de planeación de un ejercicio fiscal. Sin embargo, si las variaciones son sistemáticas reflejan una falla del ciclo presupuestario y se amplían los márgenes de discrecionalidad del gasto.
Por primera vez en 4 años las entidades tuvieron una variación menor al 10%. Es decir, se apegaron más al presupuesto originalmente aprobado. Sin embargo, esto no aplica para los 32 gobiernos estatales. Los estados de Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas llevan los mismos años presentado variaciones superiores al 15% de su gasto total.
El 7% de variación parece poca cosa, pero cuando acercamos la lupa vemos que los recortes o aumentos durante la ejecución del gasto y no en el presupuesto, carecen de un proceso de planeación y presupuestación, pero más grave aún, que esto puede ocasionar variaciones con poca eficiencia y perjudicar directamente al ciudadano.
Tres ejemplos de lo alarmante que es la situación. El gobierno de Morelos ejerció en 2019, un total de 421 millones de pesos en papelería. Un monto equivalente a su gasto en justicia (431 millones de pesos). En el caso de Nuevo León se gastaron 677 millones de pesos en la contratación de servicios básicos, un monto 5 veces mayor a su gasto en protección ambiental, a pesar de tener una de las ciudades más contaminadas de México. En Zacatecas se ejercieron 237 millones en 2019 para publicidad oficial, equivalente al doble de recursos destinados a impartición de justicia.
Así las verdaderas prioridades del gasto en nuestros estados. En muchos casos, se subestimaron ingresos, gastaron más de lo presupuestado y se endeudaron más de lo planeado. A pesar de este desorden en la ejecución del gasto, la falta de vigilancia y contrapeso de los diputados pone en evidencia la crisis constitucional sobre la función de cada poder y el entreguismo de nuestros legisladores. Si esto sucedió en 2019, sin pandemia, imagínese que nos encontraremos en las finanzas públicas de 2020.
Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO.
@ManuGuadarrama
