En un contexto problematizado, la mayoría de la Cámara de Diputados aprobó a destiempo el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el cual -es evidente- no dejó satisfecho a nadie.
Secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, directores de órganos autónomos, rectores de universidades e impartidores de justicia han expresado en público y en privado su preocupación por el recorte de recursos públicos que pone en peligro el cumplimiento de funciones esenciales.
Y es que los recortes fueron realizados sin mediar un análisis escrupuloso ni un diagnóstico de prioridades, sino que la figura del “machete” volvió a brillar para un ejercicio que requería el bisturí.
Lo anterior se traducirá en desempleo, insuficiencia de servicios públicos, deterioro de la calidad educativa, falta de desarrollo de infraestructura, ausencia de crecimiento, insuficiente desarrollo social e inestabilidad política.
Esta última consecuencia obedece a la reducción drástica, por segundo año consecutivo, del presupuesto para el Instituto Nacional Electoral (INE), en cuyas funciones descansa plenamente la estabilidad, gobernabilidad y paz social.
¿Qué hubiera pasado si en 2017 la entonces LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados no hubiera dotado de los recursos necesarios al INE para hacer frente al proceso electoral federal de 2018? Evidentemente hubiera sido interpretado como un intento de debilitar a la autoridad electoral y poner en entredicho su capacidad para hacer frente a las numerosas encomiendas que, a raíz de 2007 y a petición de la izquierda en aquel momento, se le asignaron.
Y justamente, la responsabilidad y altura de miras de los servidores públicos de aquel momento blindó las elecciones de 2018, evitando con ello incertidumbre y dudas sobre los resultados electorales.
Ni un plato se rompió la noche del 1 de julio de 2018 gracias al trabajo del Estado mexicano.
Hoy lamentablemente, la realidad es otra. El INE ha sufrido la mayor reducción de presupuesto de su historia sin una razón clara. Se le quitó poco más de mil millones de pesos para su gasto operativo, en la antesala del inicio del proceso electoral de 2021 en el que no solo se renovará la propia Cámara de Diputados federal, sino que también habrá 30 elecciones locales.
La reducción no es en los recursos que reciben los partidos políticos, sino en el gasto operativo del propio INE, lo cual pone en peligro la contratación del ejercito ciudadano encargado de realizar el proceso electoral federal, así como la expedición y sustitución de credenciales de elector.
Es evidente que existen numerosas necesidades, pero la estabilidad y paz social no pueden ser puestas en peligro.
El INE no es de un grupo ni de una persona, sino de los mexicanos. Es una institución pública que nos ha costado mucho alcanzar y que no podemos debilitar ni menoscabar. De ahí la necesidad de que la Secretaria de Hacienda restituya los recursos necesarios al INE.
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@jlcamachov
