/ lunes 1 de marzo de 2021

El infierno está que arde

Hace un año, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, declaró en una entrevista que era “el único gobernador de los 14 acusados que seguía en México”. El exmandatario -hoy prófugo- se defendía de dieciséis investigaciones en su contra argumentando, básicamente, que era lo mejor de lo peor. Sin embargo, erró en sus cálculos: superó a sus pares ya que dejó un legado de terror en el que la frontera entre autoridades y criminales se borró, y terminaron mezclados, sin disgusto alguno, los unos con los otros.

El infierno nayarita, como se le ha denominado al periodo entre 2011 y 2017, estuvo encabezado por el exfiscal del estado, Edgar Veytia, quien utilizó un grupo de policías para cometer asesinatos, desapariciones y despojar a la ciudadanía de sus propiedades. Un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó de manera puntual el modo en que operó el aparato estatal criminal. Mediante amenazas, extorsiones y torturas, policías y servidores públicos forzaban a las personas a ceder sus casas, terrenos, comercios y negocios. Las víctimas eran resguardadas en las propias instalaciones de la Fiscalía. Con la colusión de diversos notarios públicos, lograron crear una fachada de legalidad en estas supuestas transacciones. El reporte señala que estuvieron implicados más de diez funcionarios locales y federales, entre ellos, el propio exgobernador Sandoval.

Tras la detención de Edgar Veytia en Estados Unidos durante 2017, la ciudadanía pudo dar cuenta de las atrocidades que se cometieron en el estado. Más de dos mil personas denunciaron que fueron víctimas del exfiscal y sus colaboradores. Incluso, un grupo de ciudadanos creó la Comisión de la Verdad para investigar, denunciar y dar seguimiento a estos casos. Sin embargo, a la par también se desató una ola de represalias que dejó un saldo, al menos, de 650 personas desaparecidas en ocho meses. El mensaje fue claro: quitaron la cabeza, pero no la maquinaria.

Después de tantos años sin respuestas, y como último remedio, la organización IDHEAS junto con colectivos de familiares de personas desaparecidas acudieron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. El año pasado, dicho Comité emitió acciones urgentes para la búsqueda e investigación de 39 personas desaparecidas, y el Estado mexicano no tuvo de otra más que actuar. Por ello, elementos ministeriales federales ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía estatal para buscar información sobre dichas desapariciones, y realizaron varias entrevistas a testigos claves. Ante esto, vino otra ola de represalias: amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias y hasta quema de negocios han conformado el reciente paisaje de este infierno que no parece tener fin.

A las autoridades federales no les pareció suficiente el estado de abandono y desprotección en el que han permanecido las víctimas durante los últimos años. Ahora, decidieron burlase de ellas al determinar que la misma Fiscalía estatal sería la encargada de brindarles las medidas de protección por las recientes represalias. Es decir, les pareció buena idea que los agresores fueran también sus protectores. Algo verdaderamente inconcebible.

El estado de Nayarit sigue bajo el contubernio entre autoridades y delincuencia. Por ello, las investigaciones y persecuciones han sido dirigidas en contra de las víctimas, y no de los verdaderos responsables de estas atrocidades. Ya es hora de que se rompa esta alianza criminal porque la ciudadanía merece justicia, que se conozca la verdad y que esto nunca más se repita.

Consultor independiente

@ddblanc.

Hace un año, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, declaró en una entrevista que era “el único gobernador de los 14 acusados que seguía en México”. El exmandatario -hoy prófugo- se defendía de dieciséis investigaciones en su contra argumentando, básicamente, que era lo mejor de lo peor. Sin embargo, erró en sus cálculos: superó a sus pares ya que dejó un legado de terror en el que la frontera entre autoridades y criminales se borró, y terminaron mezclados, sin disgusto alguno, los unos con los otros.

El infierno nayarita, como se le ha denominado al periodo entre 2011 y 2017, estuvo encabezado por el exfiscal del estado, Edgar Veytia, quien utilizó un grupo de policías para cometer asesinatos, desapariciones y despojar a la ciudadanía de sus propiedades. Un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó de manera puntual el modo en que operó el aparato estatal criminal. Mediante amenazas, extorsiones y torturas, policías y servidores públicos forzaban a las personas a ceder sus casas, terrenos, comercios y negocios. Las víctimas eran resguardadas en las propias instalaciones de la Fiscalía. Con la colusión de diversos notarios públicos, lograron crear una fachada de legalidad en estas supuestas transacciones. El reporte señala que estuvieron implicados más de diez funcionarios locales y federales, entre ellos, el propio exgobernador Sandoval.

Tras la detención de Edgar Veytia en Estados Unidos durante 2017, la ciudadanía pudo dar cuenta de las atrocidades que se cometieron en el estado. Más de dos mil personas denunciaron que fueron víctimas del exfiscal y sus colaboradores. Incluso, un grupo de ciudadanos creó la Comisión de la Verdad para investigar, denunciar y dar seguimiento a estos casos. Sin embargo, a la par también se desató una ola de represalias que dejó un saldo, al menos, de 650 personas desaparecidas en ocho meses. El mensaje fue claro: quitaron la cabeza, pero no la maquinaria.

Después de tantos años sin respuestas, y como último remedio, la organización IDHEAS junto con colectivos de familiares de personas desaparecidas acudieron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. El año pasado, dicho Comité emitió acciones urgentes para la búsqueda e investigación de 39 personas desaparecidas, y el Estado mexicano no tuvo de otra más que actuar. Por ello, elementos ministeriales federales ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía estatal para buscar información sobre dichas desapariciones, y realizaron varias entrevistas a testigos claves. Ante esto, vino otra ola de represalias: amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias y hasta quema de negocios han conformado el reciente paisaje de este infierno que no parece tener fin.

A las autoridades federales no les pareció suficiente el estado de abandono y desprotección en el que han permanecido las víctimas durante los últimos años. Ahora, decidieron burlase de ellas al determinar que la misma Fiscalía estatal sería la encargada de brindarles las medidas de protección por las recientes represalias. Es decir, les pareció buena idea que los agresores fueran también sus protectores. Algo verdaderamente inconcebible.

El estado de Nayarit sigue bajo el contubernio entre autoridades y delincuencia. Por ello, las investigaciones y persecuciones han sido dirigidas en contra de las víctimas, y no de los verdaderos responsables de estas atrocidades. Ya es hora de que se rompa esta alianza criminal porque la ciudadanía merece justicia, que se conozca la verdad y que esto nunca más se repita.

Consultor independiente

@ddblanc.