El pasado viernes 26 de abril, durante su visita a Minatitlán, Veracruz, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (que en verdad, no entiendo por qué insisten en llamarlo “Constitucional”, pues la denominación correcta es la señalada en el artículo 80 de la Constitución) Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha las actividades de la nueva corporación dedicada a la Seguridad Pública. Integrada en su gran mayoría por militares de la Policía Militar y de la Policía Naval, más un importante componente de la Policía Federal, ha sido recibida con satisfacción y beneplácito por parte de la población y de todas las fuerzas políticas.
La presencia del Presidente en ese municipio veracruzano, se debió a la masacre de 14 personas, incluyendo a un niño de tan sólo un año de edad. La pendiente de violencia que vive el país, con datos oficiales y comparados, no deja lugar a dudas de la situación crítica, misma a la que el gobierno federal, así como los gobiernos estatales y municipales, deben hacer frente de forma incremental en lo que se refiere a medidas de contención y sometimiento a la criminalidad organizada y delincuencia común. Cabe recodar, en este sentido, que con datos del Inegi, el 95% de los delitos cometidos en nuestro país, son del fuero común.
Se ha criticado mucho y con razón, que la Guardia Nacional actuó sin tener el soporte básico de las leyes secundarias. Sin embargo, la aprobación casi unánime en el Congreso de la Unión (sólo un voto en contra en la Cámara de Diputados) así como la aprobación por parte de todos los Congresos locales a las reformas constitucionales para que la Guardia Nacional tomara forma, indica sin lugar a dudas, el muy amplio respaldo legislativo y político a la formación de dicha corporación de Seguridad Pública. A ese determinante apoyo, debemos adicionar, las muy altas expectativas que tiene la población para que de una vez por todas, se atienda con medidas de disuasión, un grave problema que azota la amplios sectores de la ciudadanía.
Está programado un período extraordinario en el Congreso de la Unión, hacia mediados de junio para tratar las necesarias leyes secundarias para la actuación de la Guardia Nacional. Con franqueza, los diputados y senadores, debieran actuar con más sensibilidad y no posponer por casi mes y medio, una herramienta jurídica que de no existir, solo afectará el buen prestigio con el que inicia sus actividades la corporación. Pareciera o bien, que no conocen la gravedad de la situación que padecen miles y miles de mexicanos, o que –peor aún, no les parece que sea una asunto crítico y que por lo tanto puede esperar. Y ya llevamos sin normatividad apropiada en las labores de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la Seguridad Pública, 31 años. No hay razones para seguir posponiendo la creación de ese marco regulatorio.
Esperemos, que como inició el despliegue de la Guardia Nacional en Minatitlán, continúe atendiendo de momento, los puntos críticos en materia de Seguridad Pública.
javierolivaposada@gmail.com
@JOPso
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