/ miércoles 17 de marzo de 2021

El Judicial, Poder amenazado

Yerra el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando con una carta de marcado sello autoritario pretende que el Poder Judicial investigue y sancione al juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber dictado la suspensión provisional de los efectos de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica en el amparo solicitado y otorgado en primera instancia conforme a derecho. En ésta como en otras solicitudes de protección de la ley que seguramente se presentarán contra este ordenamiento, el juez no ha cometido delito alguno ni falta a la facultad de dar entrada al amparo y esperar al análisis del fondo del asunto para resolver en definitiva si los términos de la ley impugnada son o no constitucionales.

La respuesta a la carta cuyo texto el presidente dio a conocer en la conferencia del lunes pasado la había dado con toda claridad y sin lugar a dudas el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de Larrea en un mensaje a través de su twitter en el que puntualizó que las resoluciones de magistrados y jueces del Poder Judicial se toman en pleno uso de la autonomía y la independencia de ese cuerpo del Estado. De esta manera el presidente de la Suprema Corte que lo es a la vez del Consejo de la Judicatura contestó anticipadamente a los dichos de López Obrador a una supuesta resolución precipitada y oficiosa del juez cuyas autoridad y facultad son indiscutibles en todo proceso de demanda de protección de la ley, es decir el amparo, una institución que desde mediados del siglo XIX garantiza a todo ciudadano ese derecho fundamental de la democracia.

Obnubilado por el momento en que fue concedida la suspensión provisional en la que el juez no hizo sino dar entrada a la demanda de amparo, el presidente intenta imponer al Poder Judicial una respuesta contraria a derecho. Olvida López Obrador que, como el propio ministro presidente de la Corte se lo recordó y lo ratifica en breve respuesta a la carta, la autoridad involucrada en este proceso, en este caso la presidencia de la República, tiene también la posibilidad legal de recurrir ante los tribunales en contra de las resoluciones que considere injustificadas. No es con una orden disfrazada de petición “con el debido respeto” al Poder Judicial como la autoridad, por potente que sea, debe combatir una decisión que considera injusta. En lugar de acudir a los instrumentos que la ley le concede para combatir una resolución, el presidente se pierde en disquisiciones y amenazas sobre supuestos antecedentes de jueces y magistrados relacionados con anteriores administraciones y con la corrupción convertida en el arma para descalificar organismos, grupos, abogados y hasta medios de comunicación que no coinciden con sus puntos de vista y sus medidas de gobierno.

Yerra el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando con una carta de marcado sello autoritario pretende que el Poder Judicial investigue y sancione al juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber dictado la suspensión provisional de los efectos de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica en el amparo solicitado y otorgado en primera instancia conforme a derecho. En ésta como en otras solicitudes de protección de la ley que seguramente se presentarán contra este ordenamiento, el juez no ha cometido delito alguno ni falta a la facultad de dar entrada al amparo y esperar al análisis del fondo del asunto para resolver en definitiva si los términos de la ley impugnada son o no constitucionales.

La respuesta a la carta cuyo texto el presidente dio a conocer en la conferencia del lunes pasado la había dado con toda claridad y sin lugar a dudas el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de Larrea en un mensaje a través de su twitter en el que puntualizó que las resoluciones de magistrados y jueces del Poder Judicial se toman en pleno uso de la autonomía y la independencia de ese cuerpo del Estado. De esta manera el presidente de la Suprema Corte que lo es a la vez del Consejo de la Judicatura contestó anticipadamente a los dichos de López Obrador a una supuesta resolución precipitada y oficiosa del juez cuyas autoridad y facultad son indiscutibles en todo proceso de demanda de protección de la ley, es decir el amparo, una institución que desde mediados del siglo XIX garantiza a todo ciudadano ese derecho fundamental de la democracia.

Obnubilado por el momento en que fue concedida la suspensión provisional en la que el juez no hizo sino dar entrada a la demanda de amparo, el presidente intenta imponer al Poder Judicial una respuesta contraria a derecho. Olvida López Obrador que, como el propio ministro presidente de la Corte se lo recordó y lo ratifica en breve respuesta a la carta, la autoridad involucrada en este proceso, en este caso la presidencia de la República, tiene también la posibilidad legal de recurrir ante los tribunales en contra de las resoluciones que considere injustificadas. No es con una orden disfrazada de petición “con el debido respeto” al Poder Judicial como la autoridad, por potente que sea, debe combatir una decisión que considera injusta. En lugar de acudir a los instrumentos que la ley le concede para combatir una resolución, el presidente se pierde en disquisiciones y amenazas sobre supuestos antecedentes de jueces y magistrados relacionados con anteriores administraciones y con la corrupción convertida en el arma para descalificar organismos, grupos, abogados y hasta medios de comunicación que no coinciden con sus puntos de vista y sus medidas de gobierno.

sdelrio1934@gmail.com


Yerra el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando con una carta de marcado sello autoritario pretende que el Poder Judicial investigue y sancione al juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber dictado la suspensión provisional de los efectos de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica en el amparo solicitado y otorgado en primera instancia conforme a derecho. En ésta como en otras solicitudes de protección de la ley que seguramente se presentarán contra este ordenamiento, el juez no ha cometido delito alguno ni falta a la facultad de dar entrada al amparo y esperar al análisis del fondo del asunto para resolver en definitiva si los términos de la ley impugnada son o no constitucionales.

La respuesta a la carta cuyo texto el presidente dio a conocer en la conferencia del lunes pasado la había dado con toda claridad y sin lugar a dudas el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de Larrea en un mensaje a través de su twitter en el que puntualizó que las resoluciones de magistrados y jueces del Poder Judicial se toman en pleno uso de la autonomía y la independencia de ese cuerpo del Estado. De esta manera el presidente de la Suprema Corte que lo es a la vez del Consejo de la Judicatura contestó anticipadamente a los dichos de López Obrador a una supuesta resolución precipitada y oficiosa del juez cuyas autoridad y facultad son indiscutibles en todo proceso de demanda de protección de la ley, es decir el amparo, una institución que desde mediados del siglo XIX garantiza a todo ciudadano ese derecho fundamental de la democracia.

Obnubilado por el momento en que fue concedida la suspensión provisional en la que el juez no hizo sino dar entrada a la demanda de amparo, el presidente intenta imponer al Poder Judicial una respuesta contraria a derecho. Olvida López Obrador que, como el propio ministro presidente de la Corte se lo recordó y lo ratifica en breve respuesta a la carta, la autoridad involucrada en este proceso, en este caso la presidencia de la República, tiene también la posibilidad legal de recurrir ante los tribunales en contra de las resoluciones que considere injustificadas. No es con una orden disfrazada de petición “con el debido respeto” al Poder Judicial como la autoridad, por potente que sea, debe combatir una decisión que considera injusta. En lugar de acudir a los instrumentos que la ley le concede para combatir una resolución, el presidente se pierde en disquisiciones y amenazas sobre supuestos antecedentes de jueces y magistrados relacionados con anteriores administraciones y con la corrupción convertida en el arma para descalificar organismos, grupos, abogados y hasta medios de comunicación que no coinciden con sus puntos de vista y sus medidas de gobierno.

Yerra el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando con una carta de marcado sello autoritario pretende que el Poder Judicial investigue y sancione al juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber dictado la suspensión provisional de los efectos de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica en el amparo solicitado y otorgado en primera instancia conforme a derecho. En ésta como en otras solicitudes de protección de la ley que seguramente se presentarán contra este ordenamiento, el juez no ha cometido delito alguno ni falta a la facultad de dar entrada al amparo y esperar al análisis del fondo del asunto para resolver en definitiva si los términos de la ley impugnada son o no constitucionales.

La respuesta a la carta cuyo texto el presidente dio a conocer en la conferencia del lunes pasado la había dado con toda claridad y sin lugar a dudas el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de Larrea en un mensaje a través de su twitter en el que puntualizó que las resoluciones de magistrados y jueces del Poder Judicial se toman en pleno uso de la autonomía y la independencia de ese cuerpo del Estado. De esta manera el presidente de la Suprema Corte que lo es a la vez del Consejo de la Judicatura contestó anticipadamente a los dichos de López Obrador a una supuesta resolución precipitada y oficiosa del juez cuyas autoridad y facultad son indiscutibles en todo proceso de demanda de protección de la ley, es decir el amparo, una institución que desde mediados del siglo XIX garantiza a todo ciudadano ese derecho fundamental de la democracia.

Obnubilado por el momento en que fue concedida la suspensión provisional en la que el juez no hizo sino dar entrada a la demanda de amparo, el presidente intenta imponer al Poder Judicial una respuesta contraria a derecho. Olvida López Obrador que, como el propio ministro presidente de la Corte se lo recordó y lo ratifica en breve respuesta a la carta, la autoridad involucrada en este proceso, en este caso la presidencia de la República, tiene también la posibilidad legal de recurrir ante los tribunales en contra de las resoluciones que considere injustificadas. No es con una orden disfrazada de petición “con el debido respeto” al Poder Judicial como la autoridad, por potente que sea, debe combatir una decisión que considera injusta. En lugar de acudir a los instrumentos que la ley le concede para combatir una resolución, el presidente se pierde en disquisiciones y amenazas sobre supuestos antecedentes de jueces y magistrados relacionados con anteriores administraciones y con la corrupción convertida en el arma para descalificar organismos, grupos, abogados y hasta medios de comunicación que no coinciden con sus puntos de vista y sus medidas de gobierno.

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