El 23 de marzo del año pasado, Martin Vizacarra asumió la presidencia de Perú en medio de un nuevo escándalo de corrupción asociado a la firma Odebrech, el cual orilló a su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, a renunciar al cargo con apenas un año y siete meses de ejercicio. Esa trama de corrupción fue lo que detonó poco después, el 17 de abril, que el también expresidente, Alan García, decidiera suicidarse antes que enfrentar su presunta responsabilidad en casos de soborno que aquella empresa habría dispensado en altas esferas políticas de todo el continente.
El escenario ha sido por demás complicado, incluye la detención, en octubre de 2018, de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, encarcelada por presunto lavado de dinero. Ella ha negado ser culpable, pero continúa en prisión preventiva y su partido, Fuerza Popular, tiene mucha fuerza en el Congresos del país andino y ha entrado en una confrontación franca contra las definiciones del presidente en funciones.
En ese contexto de tensión, Vizcarra había solicitado una “cuestión de confianza”, mecanismo para que el ejecutivo pueda plantear algún tema específico al congreso. El presidente consideraba en ese recurso que no había garantías en el proceso para elegir a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, un cargo clave para definir el destino de nuevos casos de corrupción y también la eventual liberación de Keiko Fujimori. El congreso en funciones, confrontado con el presidente Vizcarra y con mayoría del fujimorismo, optó por ignorar la petición y elegir para ese encargo a un familiar del parlamentario (fujimorista) que preside la cámara.
La reacción de Vizcarra fue disolver el Congreso y en respuesta, el Congreso decidió destituir a Vizcarra y nombrar como presidenta en funciones a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien finalmente renunció cuando las fuerzas armadas respaldaron la constitucionalidad de lo que había decidido Vizcarra.
Quedará en manos de los tribunales definir si el Congreso debe ir o no a elecciones para renovarse de manera extraordinaria como consecuencia de la determinación presidencial. El nombramiento del magistrado está también desconocido y Perú está ahora en ese laberinto de puga entre ejecutivo y el legislativo que se destituyeron el uno al otro.
Es un buen espejo para la reflexión colectiva sobre cómo afianzar la institucionalidad democrática en la región. Hoy Ecuador también se suma a ese entorno de conflicto con actos de represión. Estamos no solo ante una crisis de corrupción que ha lastimado al continente, también ante arrebatos que implican riesgos si las revanchas políticas coyunturales se toman a la ligera y la relación es corta de miras entre poderes constituidos.
Acabamos de pasar en México por un episodio vergonzoso en donde tanto el partido gobernante como opositores se amagaron con recursos de desaparición de poderes según el signo que gobernaba en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas. No es un juego.
Perú ha dado ejemplo de combate a la impunidad en el caso Odrebech, pero no con civilidad institucional. Independientemente de quién tenga la razón jurídica, es muy lamentable que se convierta en factor para definir la ruta a seguir el respaldo o no respaldo de las fuerzas armadas y el berrinche y nepotismo parlamentario ante un planteamiento de nombrar con pulcritud al Tribunal Constitucional. Hay que alejarnos de esos escenarios de corrupción en la región, también de apelar al respaldo militar y optar mejor por la institucionalidad democrática, todos estamos obligados a observar y fortalecer esa institucionalidad que hoy caracteriza a nuestra democracia.
*Consejero del INE
@MarcoBanos
