En los últimos tres años se ha desatado en todo el mundo lo que algunos denominan como “la fiebre del oro blanco”, la preocupación por determinar quién o quiénes se encargarán de la explotación de este preciado mineral, el litio, en los países de la región que tienen mayor cantidad de yacimientos.
Desde la época de la colonia, América Latina ha cargado con lo que pareciera ser una cruz por su exuberante riqueza mineral, padeciendo invasiones que buscaban apropiarse del oro y de la plata, y posteriormente, con medios más sutiles, concesionando las explotaciones de los distintos minerales a empresas extranjeras que destrozan las comunidades, pagan salarios de miseria, y en la mayoría de los casos, evaden todos los impuestos posibles.
Es en este sentido que hoy en día Estados como Bolivia, Chile, Argentina y México, se proponen multiplicar los esfuerzos para controlar la extracción del litio, e incluso hablan de la creación de una alianza de productores al estilo de la OPEP, a fin de coordinar y unificar la comercialización de este mineral, garantizando el abastecimiento eficiente y el beneficio para nuestros pueblos.
Es importante tener claro lo importante que es este recurso para el futuro del mundo; sin duda será motivo de disputa geopolítica como ya pudo comprobarse con el golpe de Estado que vivió la democracia boliviana, promovido desde Washington a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) para apropiarse de las reservas de litio en Bolivia, las más grandes del mundo. Y es que el litio, cuyo precio aumentó 80 por ciento el año pasado, no sólo es material necesario para la creación de baterías eléctricas, también es materia imprescindible en la transición energética hacia las renovables, que el mundo demanda con urgencia, y es utilizado en distintas industrias cruciales, como la farmacéutica o la aeronáutica.
Poner el litio a disposición de las naciones que los poseen es un tema de justicia social. La energía es un derecho de todas y todos; y qué mejor que sus ganancias favorezcan a los ciudadanos mediante inversión en infraestructura, programas sociales y mejoras en los sistemas de salud y educación. Es fundamental que su extracción se haga de manera sustentable y con un plan de protección de las comunidades para evitar afectaciones sociambientales por parte de privados, como la sucedida con los ríos Sonora y Santiago en México, donde la minería ha convertido en veneno para las comunidades el agua de los ríos.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, México es el noveno país con reservas de litio, con 1.7 millones de toneladas distribuidas en 18 estados de la República, siendo Sonora, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí los de mayores yacimientos. Por ello, la presencia de una institución del Estado a cargo de su procesamiento y cuidado es un tema crucial para nuestro país.
Los partidarios de la privatización aseguran que México no tiene la capacidad para investigar y explotar el litio, o que se violarán los tratados internacionales. La realidad es que es un derecho soberano y que han agotado sus excusas, aquí y en la sociedad internacional para apropiarse de nuestros recursos naturales.
En México emerge un nuevo impulso soberano que busca utilizar la diversidad mineral de la nación para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y mexicanas, con visión a futuro, y garantizando el legado natural para nuestras hijas e hijos.
Eso busca la Reforma Eléctrica del Presidente López Obrador, cuidar la riqueza colectiva que por derecho nos pertenece a todas y a todos, y evitar que acabe en unas pocas manos, fuera de México.
