Las mujeres indígenas sobreviven una discriminación propia de los fundamentalismos de un feudalismo ancestral que se conoce como “usos y costumbres” que no se mueven, ni con la llegada del siglo XXI y las reformas constitucionales para que esos, no estén por encima de los derechos humanos. Por usos y costumbres, las mujeres no ejercen sus derechos civiles y políticos: todo lo deciden los hombres. Qué esperanzas que alguna se atreva a competir por un encargo. Ya ha habido terribles experiencias, me viene a la memoria el caso de Eufrosina Cruz en Oaxaca quién tuvo que dar una gran lucha para lograr su derechos a ser votada.
Esto sucede en muchos municipios indígenas de diversos estados del país. Así lo padecieron las mujeres de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, Guerrero, a quienes se les impidió votar el pasado 2 de enero en la elección de la comisaria. Este hecho deleznable lo padeció y lo hizo público Antonia Ramírez Marcelino, integrante de la Junta local del INE y oriunda de esta comunidad, quién intentó, junto con otras mujeres, emitir su voto. Sin embargo, invocando “usos y costumbres” los señores tanto del PRI como de MORENA se los impidieron.
Este caso está en los medios de comunicación, pero muchísimos no corren la misma suerte porque las mujeres son amenazadas, ninguneadas, avergonzadas si se atreven, el escrutinio de los señores es terrible e imponen su decisión de que las mujeres sólo se dediquen a las tareas domésticas y bajen la cabeza.
Varias organizaciones han manifestado su exigencia de respeto a los derechos de las mujeres indígenas y no se siga esgrimiendo los “usos y costumbres” como argumento para impedirles sus derechos a votar y ser votadas. La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, que preside Muriel Salinas, la Red nacional 50mas1, y su Capítulo Guerrero que preside Guadalupe Gómez Maganda; la Red Mujeres en Plural, la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, el Instituto Nacional de las Mujeres y los 32 mecanismos de las mujeres a nivel estatal, entre otras organizaciones, han expresado su rechazo a este hecho y han llamado a las autoridades a que no se siga impidiendo a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y se cumpla la CPEUM.
En lo concreto reflexiono lo siguiente: esto no es nuevo, y cada que se hace público se repiten los mismos señalamientos: cúmplase la Ley y respétense los derechos humanos de las mujeres y las niñas indígenas. Sin embargo, todo mundo sabe que estos enunciados son un llamado a misa.
Los gobiernos estatales se van y llegan otros, dejamos un siglo y ya estamos en otro y los avances son a cuentagotas en estos pueblos. Los fundamentalismos de estos sistemas normativos son el cemento del pacto patriarcal de los machos que ven a las mujeres como objetos, incluso con derecho a venderlas al cumplir los 10 años de edad. Hoy se apersona al lugar una autoridad de derechos humanos, fiscalía, electoral, o del gobierno estatal, y al retirarse después de “un pórtense bien”, vuelve todo a la normalidad costumbrista. Es imposible que con una visita en la coyuntura se imponga la ley ahí dónde quién sabe cómo esté la Educación y si las niñas y los niños sepan que deben tratarse como pares. Urge el desarrollo social y la legalidad en estos pueblos: sólo así el machismo podría ser erradicado de las vidas de estas mujeres.
