Alguien pensaría que inusitadamente al Presidente López Obrador se le “chispoteó” el 89 Constitucional al redactar su cuestionable Memorándum del 16 de abril. Reconoce en el segundo párrafo de ese documento, que no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial “para derogar la llamada reforma educativa”.
Cierto: él propone una reforma constitucional en materia educativa con la pretensión de echar abajo la reforma constitucional que entre otras cuestiones constituye el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación como organismo constitucional autónomo. Sin embargo no tiene consenso para lograr los dos tercios en la Cámara de Diputados donde se discute su propuesta como cámara de origen. Internamente a algunos diputados de Morena no gusta la propuesta, tampoco la oposición está de acuerdo. Para complicar la discusión, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otras cuestiones reclaman que no fue lo que AMLO les prometió en campaña y como es su práctica reclamatoria, tomaron la Cámara y no permitieron sus trabajos; también como es su costumbre dejaron sin clases a niñas y niños donde la CNTE tiene el control de la Educación. Dicho sea de paso, observamos que a nadie, ni al Ejecutivo ni a los maestros les interesa la trascendencia del Interés Superior de la Niñez como principio rector de los derechos de niñas y niños. Tienen cooptada la educación y no les importa interrumpir los ciclos escolares de la niñez más pobre y discriminada del país.
Y como no hay acuerdo entre las partes, se aprestó a ordenar a la y los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación y Secretaría de Hacienda, dejen de aplicar la norma constitucional vigente; si, aunque Usted amable lector, lectora no lo crea, el Presidente de la República textual señala en su Memorándum del 16 de abril que “dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.
El Presidente no tiene facultades para ordenar no se cumpla la Ley; todo lo contrario, el artículo 89 fracción I señala que es obligación del Presidente “ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia” Ordenar que no se cumpla el precepto constitucional y las leyes en materia educativa que derivan de esa reforma es un despropósito que evidencia una personalidad autoritaria muy peligrosa para la República.
Cuando asumió la Presidencia protestó guardar y hace guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanan, así como desempeñarse de manera leal y patriótica cuestión que hoy con su Memorándum falta de manera grave. El Gabinete, su equipo deben decirle que lo que ordena no es posible cumplir y por el contrario debe enmendar su cometido. Corregir no significa claudicar a su intención de buscar una reforma de la reforma. El equilibrio de poderes está inscrito en nuestra definición pétrea constitucional por una razón: ningún poder estará por encima del otro, cada uno de los tres se relacionan intrínsecamente en permanente equilibrio y el ejercicio de sus acciones tendrán de manera inexorable, una relación independiente y respetuosa, sin invadirse entre sí.
Hoy López Obrador invade la facultad del Congreso Permanente y del Congreso de la Unión.
@angelicadelap
