/ lunes 18 de diciembre de 2017

El México Informal

La precarización social de México se encuentra vinculada a la de su mercado laboral, a los 10 millones de personas que tienen una ocupación pero que no reciben una remuneración por ese trabajo o, en el mejor de los casos, ganan hasta un salario mínimo: 10 millones de mexicanos a quienes el marco legal no les garantiza el acceso a sus derechos laborales.

Más del 60% de los mexicanos con una ocupación no tienen acceso a la seguridad social, una prestación que por ley deberían recibir. La ausencia de seguridad social se extiende a su familia y a la carencia de un sistema de pensiones: en el presente viven expuestos a remuneraciones precarias y a no atender adecuadamente sus problemas de salud. En el futuro no contarán con la cobertura financiera y médica que les garantice una vejez digna y sana.

La informalidad laboral resume el fracaso del modelo económico: el 57% de la población ocupada se encuentra vinculada a precariedad asociada a la informalidad, un sector improductivo de bajo valor agregado que no otorga prestaciones sociales. Representa el resultado de haber sacrificado a las empresas nacionales para corregir los desequilibrios macroeconómicos.

La informalidad fue una válvula de escape para el desempleo generado por los errores de los años ochenta, noventa y de la primera década del siglo XXI. Las personas buscaron una salida para atender la urgencia de comer, vestir, transportarse y cuidar su salud, el problema: las crisis económicas cerraron las buenas oportunidades.

Además, en el México Informal no es suficiente tener estudios de bachillerato, de universidad o posgrado: la mayor parte de la desocupación corresponde a la minoría que ha estudiado. De acuerdo a la información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 47% de los desocupados tiene educación media superior o superior. En el año 2000 la cifra era de solo 30%.

Lo último es producto del bajo valor agregado de la economía: la mayor parte del empleo se encuentra en la informalidad, pero ahí no se requiere de gente preparada. Entre el 2013 y el 2016 el valor agregado de la informalidad exhibió una tasa anual de crecimiento de solo 0.8%.

La implicación es clara: el México Informal ocupa a la mayor parte de la población, pero no propicia crecimiento económico, no crea empleo formal y paga mal. Ahí se encuentra la mayor parte de la inequidad en la distribución de la riqueza: mucho empleo mal pagado que además es una trampa de pobreza, quien trabaja en la informalidad no tendrá acceso a capacitación, desarrollo humano, pensión y seguridad social.  

El auge de la informalidad amenaza a la estabilidad social y la productividad de la economía nacional, no es casual que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca las tasas de pobreza y población ocupada en la informalidad se encuentren cercanas al 70%, un mal empleo implica bajos ingresos.

México no es un país pobre, es un país de pobres. Se equivocan quienes creen que la pobreza es resultado de malas mediciones estadísticas, pero también lo hacen quienes piensan que con gasto social se resolverá el problema.

La solución requiere de un 5% de crecimiento por 20 años. Y que lo haga fundamentado en alta productividad, respaldado por inversión en maquinaria, equipo, construcción, educación técnica y profesional de alta calidad, globalmente competitiva.

El México laboral de hoy es un México Informal, un México de baja productividad. Las cifras son contundentes. De acuerdo a la Medición de la Economía Informal 2016 del INEGI, el 56.7% de la población ocupada se encuentra en ocupación informal, sin embargo, solo genera el 22.6% del PIB.

En otras palabras: la actividad de la informalidad genera poco crecimiento a pesar de ocupar a la mayor parte de la población.

Modificar esto último requiere de transformar la estructura productiva de México, para lo cual se debe invertir. El presupuesto público debe destinar más recursos a la inversión productiva. También se debe hacer una profunda mejora regulatoria e incrementar las fuentes de financiamiento para las empresas nacionales.

La inversión extranjera directa es un complemento adecuado, pero por su naturaleza no puede llegar a todos los rincones del país. Solo la inversión nacional, pública y privada, puede resolver los desequilibrios estructurales y generar empleo formal suficiente para todos los mexicanos.

La precarización social de México se encuentra vinculada a la de su mercado laboral, a los 10 millones de personas que tienen una ocupación pero que no reciben una remuneración por ese trabajo o, en el mejor de los casos, ganan hasta un salario mínimo: 10 millones de mexicanos a quienes el marco legal no les garantiza el acceso a sus derechos laborales.

Más del 60% de los mexicanos con una ocupación no tienen acceso a la seguridad social, una prestación que por ley deberían recibir. La ausencia de seguridad social se extiende a su familia y a la carencia de un sistema de pensiones: en el presente viven expuestos a remuneraciones precarias y a no atender adecuadamente sus problemas de salud. En el futuro no contarán con la cobertura financiera y médica que les garantice una vejez digna y sana.

La informalidad laboral resume el fracaso del modelo económico: el 57% de la población ocupada se encuentra vinculada a precariedad asociada a la informalidad, un sector improductivo de bajo valor agregado que no otorga prestaciones sociales. Representa el resultado de haber sacrificado a las empresas nacionales para corregir los desequilibrios macroeconómicos.

La informalidad fue una válvula de escape para el desempleo generado por los errores de los años ochenta, noventa y de la primera década del siglo XXI. Las personas buscaron una salida para atender la urgencia de comer, vestir, transportarse y cuidar su salud, el problema: las crisis económicas cerraron las buenas oportunidades.

Además, en el México Informal no es suficiente tener estudios de bachillerato, de universidad o posgrado: la mayor parte de la desocupación corresponde a la minoría que ha estudiado. De acuerdo a la información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 47% de los desocupados tiene educación media superior o superior. En el año 2000 la cifra era de solo 30%.

Lo último es producto del bajo valor agregado de la economía: la mayor parte del empleo se encuentra en la informalidad, pero ahí no se requiere de gente preparada. Entre el 2013 y el 2016 el valor agregado de la informalidad exhibió una tasa anual de crecimiento de solo 0.8%.

La implicación es clara: el México Informal ocupa a la mayor parte de la población, pero no propicia crecimiento económico, no crea empleo formal y paga mal. Ahí se encuentra la mayor parte de la inequidad en la distribución de la riqueza: mucho empleo mal pagado que además es una trampa de pobreza, quien trabaja en la informalidad no tendrá acceso a capacitación, desarrollo humano, pensión y seguridad social.  

El auge de la informalidad amenaza a la estabilidad social y la productividad de la economía nacional, no es casual que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca las tasas de pobreza y población ocupada en la informalidad se encuentren cercanas al 70%, un mal empleo implica bajos ingresos.

México no es un país pobre, es un país de pobres. Se equivocan quienes creen que la pobreza es resultado de malas mediciones estadísticas, pero también lo hacen quienes piensan que con gasto social se resolverá el problema.

La solución requiere de un 5% de crecimiento por 20 años. Y que lo haga fundamentado en alta productividad, respaldado por inversión en maquinaria, equipo, construcción, educación técnica y profesional de alta calidad, globalmente competitiva.

El México laboral de hoy es un México Informal, un México de baja productividad. Las cifras son contundentes. De acuerdo a la Medición de la Economía Informal 2016 del INEGI, el 56.7% de la población ocupada se encuentra en ocupación informal, sin embargo, solo genera el 22.6% del PIB.

En otras palabras: la actividad de la informalidad genera poco crecimiento a pesar de ocupar a la mayor parte de la población.

Modificar esto último requiere de transformar la estructura productiva de México, para lo cual se debe invertir. El presupuesto público debe destinar más recursos a la inversión productiva. También se debe hacer una profunda mejora regulatoria e incrementar las fuentes de financiamiento para las empresas nacionales.

La inversión extranjera directa es un complemento adecuado, pero por su naturaleza no puede llegar a todos los rincones del país. Solo la inversión nacional, pública y privada, puede resolver los desequilibrios estructurales y generar empleo formal suficiente para todos los mexicanos.

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