Por: Ernesto Villanueva
Una y otra vez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, criminalizó a los agentes de la Policía Federal que se negaron a sumarse a la Guardia Nacional o a cualquier otra función dentro del gobierno federal. Ahora se ha visto obligado por la terca realidad a llevar a cabo lo que pudo hacer meses atrás: empezar a indemnizar a los agentes “rebeldes” de la Policía Federal quienes con la Constitución y la ley en la mano exhibieron la ineptitud y ausencia de conocimiento mínimo del derecho de Durazo. Baste recordar que al principio negó a los propios agentes policiales a estar acompañados de su representante legal violando con ello los principios esenciales del debido proceso.
El agua ahora empieza llegar a su nivel. Lo que aseguró Durazo que no era opción (indemnizar a los policías federales por la decisión de eliminar su fuente de trabajo) la realidad se ha impuesto. Lo que empieza, con tropiezos y lentitud, es un reconocimiento de que Durazo había menospreciado a los policías federales y pensó que la estrategia de decir una cosa en corto y hacer otra en pública habría de arrinconar a los policías federales para obligarlos a aceptar sus condiciones. No fue así.
El empeño del distinguido jurista Enrique Carpizo- un hombre íntegro y experto en derechos humanos- abogado de los policías federales rompió el cerco mental del secretario de seguridad y su equipo que apostaban al cansancio y a la resignación de los agentes de la policía federal. La verdad sigue sorprendiendo que las limitaciones cognitivas de Durazo no sean razón suficiente para que termine su ciclo en un área que le es ajena y donde no ha dado resultados. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que la inseguridad es una asignatura pendiente. Todavía el martes de la semana pasada, en una conferencia en El Colegio Nacional Durazo justificaba la ausencia de resultados por una supuesta campaña de “500 mil bots” para desprestigiar a su persona y a la propia Guardia Nacional. (https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/operan-500-mil-bots-contra-guardia-nacional-alfonso-durazo-4225091.html) En esa conferencia, afirmó que: "Hay un grupo de policías inconformes, afortunadamente pequeño, minoritario; no quiero con ello desestimar la obligación que tenemos de atenderlos, pero hay un planteamiento que por un lado es imposible de atender qué es el de la indemnización”. Dos días después, Durazo se tragó sus palabras y fue obligado a actuar conforme a derecho y ese mismo día empezaron a ser indemnizados los policías federales que había dicho que era “imposible”.
Este dato pone de relieve que Durazo como dice una cosa dice otra. Lo cierto es que nadie quiere saber por qué no se han hecho las cosas mínimamente bien, sino cuáles son las estrategias de solución y cuándo y cómo se van a ver resultados concretos. No lo ha dicho – ni lo hará- porque Durazo y sus amigos seleccionados por él por razones ajenas al conocimiento de la materia están en un punto muerto y no saben qué hacer. Es grave que un colaborador de Durazo de nombre Miguel Ángel Urrutia Lozano, haya hecho públicas amenazas contra la integridad personal de Carpizo y su familia por la proeza que ha logrado de que se actuara conforme a derecho. (https://m.facebook.com/588512190/posts/10156161540217191?sfns=mo)
Es posible que una persona no sea experta en el área que es designada, pero se espera que se reúna y asesore de expertos en la materia; es decir, no sabe, pero quiere saber. El problema es que Durazo y sus amigos no saben que no saben. Con este fracaso, Durazo ha llegado al nivel de incompetencia del principio de Peter. Todos estos meses perdidos deberían ser razón suficiente para que Durazo sea reasignado a tareas acordes a sus talentos personales. Lo que no puede- no debe- permitirse es que desde la ignorancia se maneje uno de los temas más sensibles que lastima a la sociedad toda y que justifican la existencia del Estado como institución jurídica y sociopolítica.
El día de ayer lunes 30 de septiembre, un pequeño grupo de inconformes de la Policía Federal que no forman parte del movimiento abanderado legalmente por el litigante Enrique Carpizo intentó infructuosamente tomar medidas de fuerza en la Ciudad de México como un mecanismo de presión sin éxito alguno.
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