En la Roma antigua, durante la naciente república, los magistrados en el Senado acordaron instituir una figura especial, de carácter transitorio, que pudiera asumir las funciones absolutas que en el régimen monárquico había detentado la autoridad real suprema en diversos órdenes de la administración frente a situaciones de emergencia que pudieran ocurrir, ya fuera de naturaleza militar o frente a algún suceso inusual o extraordinario.
Fue así como se estatuyó el cargo de dictator (el que dicta y ordena) -el magister populi (maestro, jefe, conductor del pueblo), a quien apoyaba como lugarteniente un magister equitum-, dotado de un poderoso imperium, al grado de quedar supeditados a él los demás magistrados, de tal modo que ninguno de ellos podía obstaculizar -vía la colegialidad consular, el derecho de veto de los tribunos o la apelación popular- sus designios. Por consiguiente y en gran medida debido a que su imperium debía avalarlo una ley aprobada por la asamblea curiada, el poder dictatorial estaba revestido de legalidad absoluta. No obstante, se trataba de un poder magistral de emergencia, de excepción, que en teoría no era omnímodo ni vitalicio, ya que sólo estaba habilitado para actuar en el espacio de autoridad que le había sido conferido y debía renunciar a los seis meses de recibir la encomienda o bien una vez que la hubiera concluido.
Sobre esta institución escribieron autores como Tito Livio, Tácito, Cicerón y Plutarco, de cuyos textos es posible advertir que dos eran las causas principales que daban lugar al nombramiento de un dictador: la rei publicae gerundae, en casos de guerra contra enemigos externos, y la seditionis sedandae, frente a rebeliones internas. Ahora bien, de acuerdo con los registros de la época, fue hacia el 501 a.C. cuando por primera vez fue nombrado un dictador: Tito Larcio. Durante el siglo V a.C., hubo alrededor de una docena de nombramientos dictatoriales, entre los que destacó el cónsul Lucius Quinctius Cincinnatus -cuyo nombre tomó la ciudad de Cincinnati-, quien para diversas fuentes romanas llegó a convertirse en el paradigma dictatorial romano al reunir todas las virtudes que de él se esperaban: honradez, integridad, rectitud, gran desempeño como legislador y alta capacidad como estratega militar y a quien el Senado nombró dos veces dictador. La primera, para defender a Roma frente a la invasión de los ecuos y volscos; la segunda, para liberarla de la ambición del polémico Espurio Melio.
En el siglo IV a.C., hubo múltiples nombramientos de dictadores, varios de ellos recayeron en las mismas personas, como fue el caso de Marco Furio Camilo -dictador cinco veces y a quien el propio Tito Livio consagra como el segundo fundador de Roma-; de Marco Valerio Máximo Corvo -dictador en tres ocasiones y que se destacó por su valor- y de Lucius Papirius Cursor -quien sobresalió por su triunfo sobre los samnitas en Apulia-. En el siglo III a.C., habrá nuevos dictadores, sobre todo hacia el final de dicho siglo, entre los que destacó Quintus Fabius Maximus Verrocosus Cunctator, así apodado por ser experto en la estrategia militar de retrasar y cuyas tácticas fabianas se hicieron famosas en la segunda guerra púnica. Conflagración tras la cual no hubo nuevos nombramientos durante una centuria, habiendo sido los últimos dos dictadores romanos: Lucius Cornelius Sila y Cayo Julio César, con quienes la esencia de la institución dictatorial se desnaturaliza. No sólo por cuanto al poder ilimitado que ejerció Sila, ante todo por cuanto a su temporalidad, particularmente con Julio César -de quien Marco Antonio fue magister equitum-, habiendo sido nombrado cinco veces dictador, la última de ellas, en calidad de dictador vitalicio, dos meses antes de ser asesinado justo en marzo del año 44 a.C.
Sin embargo, al paso de los milenios, la institución dictatorial que aflora en el siglo XIX y que se fortifica en el XX dista mucho del modelo romano. En Roma, los dictadores eran temporales y extraordinarios; eran elegidos por los magistrados y de conformidad con el orden jurídico; no se autoproclamaban ni mucho menos actuaban al margen de la ley, y aunque sus poderes eran amplísimos, a ellos correspondía realizar la mayor lucha a favor de la República, de su constitución y de sus instituciones jurídico-políticas en situaciones de grave riesgo.
Los dictadores contemporáneos, en cambio, herederos del caudillaje decimonónico y favorecidos por los movimientos emancipadores, crisis y vacíos de poder latentes en sus contextos nacionales, sustentados en un liderazgo carismático y valiéndose de un doble discurso (verbal-demagógico de masas y factual de hiperconcentración del poder), han dejado atrás la legalidad y defensa republicana que caracterizó a los dictadores romanos. Y es que, como dolorosa y gravemente nos consta, si algo identifica hoy a la neodictadura, fanática y totalitarista, es su pulverización institucional, demolición de la división de poderes, aniquilamiento de la democracia y extinción del orden legal, al considerarlos sus más francos y abiertos enemigos.
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