/ martes 4 de junio de 2019

El nuevo acuerdo educativo (III)

La renovación del artículo tercero constitucional no se concretó solamente a la eliminación de los contenidos que aludían a la reforma educativa cuya cancelación fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por la mayoría absoluta del electorado, sino que fue mucho más allá con el objeto de sentar las bases de un proyecto educativo distinto denominado Nueva Escuela Mexicana.

Este proyecto pretende hacer realidad, en el ámbito educativo la declaración constitucional genérica contenida en el artículo 4o.: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Éste principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Precisamente, la actualización de este derecho a través de medidas específicas, encuentra su espacio natural en el otorgamiento de los servicios educativos que deben estar diseñados con base en este principio. Indudablemente, la política pública más importante dirigida a la niñez es la que atiende a la educación. Debe tenerse en cuenta que el término genérico “niñez” abarca prácticamente los primeros dieciocho años de vida, esencialmente dos periodos: la niñez es en sentido estricto hasta los 12 años y la adolescencia entre los 12 y los 18. Adicionalmente se considera una etapa en la cual también incide la política educativa: la juventud; esta se superpone a la adolescencia y se extiende hasta los 29 años. Pero para el caso que nos ocupa es conveniente resaltar que este periodo de la vida no había sido considerado en el texto constitucional en cuya redacción aparece por primera vez la palabra “jóvenes”.

Las discusiones sobre su inclusión tuvieron una dimensión técnica que fue superada por las consideraciones tendientes a satisfacer una demanda social que tiene particular impacto en la educación requerida por los jóvenes, cuyo futuro depende de la preparación alcanzada; por ello el Estado debe asegurar la posibilidad de cubrir universalmente la demanda de educación superior evitando el rechazo, que afecta seriamente a los jóvenes, a quienes es preciso abrir las máximas posibilidades de desarrollo personal, siempre en el entendido de que el acceso a la citada educación implica el cumplimiento de los requisitos de ingreso.

De ahí que la redacción nueva del artículo destinado a regular la educación en nuestro país haya incluido por primera vez una mención explícita a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como los sujetos prioritarios —no objetos— de la función educativa del Estado. Esta modificación no es menor, porque supone la asunción de un compromiso integral de la sociedad mexicana con el futuro de los miembros que han ingresado a ella más recientemente y que enfrentarán considerables retos en el mundo del siglo XXI. No se trata solo de colocar en el ámbito constitucional bases estructurales, institucionales y meramente objetivas de una actividad del Estado, sino hacer explícito el propósito de dar atención específica a las personas de carne y hueso, en formación, que no pueden ser tratados como fríos números registrados en la matrícula escolar.

El nuevo precepto que nos ocupa proyecta también la función magisterial como fundamental en el proceso educativo, revalorizándola y rodeándola de garantías y derechos especiales, reconociendo a la vez “su contribución a la transformación social”; justamente esa transformación que ha planteado el régimen actual, que no puede ocurrir en la práctica si no es por medio de un cambio profundo de actitud, susceptible de alcanzarse con base en la educación.

De esta manera, todo el sistema educativo, empezando por las maestras y los maestros que en las aulas tienen el contacto más inmediato con el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, deberán realizar su función transformadora a través de la atención más personalizada que les sea posible, para alcanzar como ideal el poder ofrecer una solución específica a los problemas que plantee cada educando. Ese es precisamente el sentido de poner en el centro de la función educativa el referido interés de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Alcanzar este desiderátum implica también un proceso de capacitación magisterial que permita detectar las necesidades de cada alumno.

Ello permitirá, igualmente, encontrar las causas de insatisfacción con el sistema educativo, que se encuentran en la base de la deserción escolar. Entraña asimismo la posibilidad de ofrecer orientación vocacional desde las primeras etapas del proceso educativo para maximizar la adecuada inserción de los jóvenes egresados a un mercado laboral en el que alcancen su plena realización.

eduardoandrade1948@gmail.com

La renovación del artículo tercero constitucional no se concretó solamente a la eliminación de los contenidos que aludían a la reforma educativa cuya cancelación fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por la mayoría absoluta del electorado, sino que fue mucho más allá con el objeto de sentar las bases de un proyecto educativo distinto denominado Nueva Escuela Mexicana.

Este proyecto pretende hacer realidad, en el ámbito educativo la declaración constitucional genérica contenida en el artículo 4o.: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Éste principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Precisamente, la actualización de este derecho a través de medidas específicas, encuentra su espacio natural en el otorgamiento de los servicios educativos que deben estar diseñados con base en este principio. Indudablemente, la política pública más importante dirigida a la niñez es la que atiende a la educación. Debe tenerse en cuenta que el término genérico “niñez” abarca prácticamente los primeros dieciocho años de vida, esencialmente dos periodos: la niñez es en sentido estricto hasta los 12 años y la adolescencia entre los 12 y los 18. Adicionalmente se considera una etapa en la cual también incide la política educativa: la juventud; esta se superpone a la adolescencia y se extiende hasta los 29 años. Pero para el caso que nos ocupa es conveniente resaltar que este periodo de la vida no había sido considerado en el texto constitucional en cuya redacción aparece por primera vez la palabra “jóvenes”.

Las discusiones sobre su inclusión tuvieron una dimensión técnica que fue superada por las consideraciones tendientes a satisfacer una demanda social que tiene particular impacto en la educación requerida por los jóvenes, cuyo futuro depende de la preparación alcanzada; por ello el Estado debe asegurar la posibilidad de cubrir universalmente la demanda de educación superior evitando el rechazo, que afecta seriamente a los jóvenes, a quienes es preciso abrir las máximas posibilidades de desarrollo personal, siempre en el entendido de que el acceso a la citada educación implica el cumplimiento de los requisitos de ingreso.

De ahí que la redacción nueva del artículo destinado a regular la educación en nuestro país haya incluido por primera vez una mención explícita a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como los sujetos prioritarios —no objetos— de la función educativa del Estado. Esta modificación no es menor, porque supone la asunción de un compromiso integral de la sociedad mexicana con el futuro de los miembros que han ingresado a ella más recientemente y que enfrentarán considerables retos en el mundo del siglo XXI. No se trata solo de colocar en el ámbito constitucional bases estructurales, institucionales y meramente objetivas de una actividad del Estado, sino hacer explícito el propósito de dar atención específica a las personas de carne y hueso, en formación, que no pueden ser tratados como fríos números registrados en la matrícula escolar.

El nuevo precepto que nos ocupa proyecta también la función magisterial como fundamental en el proceso educativo, revalorizándola y rodeándola de garantías y derechos especiales, reconociendo a la vez “su contribución a la transformación social”; justamente esa transformación que ha planteado el régimen actual, que no puede ocurrir en la práctica si no es por medio de un cambio profundo de actitud, susceptible de alcanzarse con base en la educación.

De esta manera, todo el sistema educativo, empezando por las maestras y los maestros que en las aulas tienen el contacto más inmediato con el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, deberán realizar su función transformadora a través de la atención más personalizada que les sea posible, para alcanzar como ideal el poder ofrecer una solución específica a los problemas que plantee cada educando. Ese es precisamente el sentido de poner en el centro de la función educativa el referido interés de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Alcanzar este desiderátum implica también un proceso de capacitación magisterial que permita detectar las necesidades de cada alumno.

Ello permitirá, igualmente, encontrar las causas de insatisfacción con el sistema educativo, que se encuentran en la base de la deserción escolar. Entraña asimismo la posibilidad de ofrecer orientación vocacional desde las primeras etapas del proceso educativo para maximizar la adecuada inserción de los jóvenes egresados a un mercado laboral en el que alcancen su plena realización.

eduardoandrade1948@gmail.com

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