El nuevo aeropuerto

Los tiempos político-electorales están haciendo “ruido” en grandes proyectos de inversión. Es el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, una obra transexenal que, de ser cancelada, ocasionaría una pérdida de 120 mil millones de pesos, es decir, la mitad del costo final de la obra.

Pero no solo eso, también implicaría dejar de crear 450 mil nuevos empleos, que tanta falta hacen y que son las que se estima se generarán cuando funcione el nuevo aeropuerto. A esto se suma el impacto en la confianza de los inversionistas.

La ubicación del nuevo aeropuerto ha sido objeto de múltiples análisis de expertos reconocidos mundialmente, como la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, por mencionar algunos.

La conclusión fue que Texcoco es el lugar adecuado para la nueva terminal. Inició todo y en este momento la obra tiene un avance cercano a 30%; y se prevé que para finales del año alcance 45%. Se tiene previsto que entre en operación en noviembre de 2020.

Un dato que resulta importante es que el costo del nuevo aeropuerto se ha logrado fondear en más de 70%, de ahí que el próximo gobierno no tendrá presiones en las finanzas públicas para terminar la construcción, porque no es deuda pública ni tiene la garantía del gobierno federal.

Pero el candidato Andrés Manuel López Obrador cuestionó la ubicación del proyecto aeroportuario y pugna porque en Santa Lucía, donde está la base militar, se construyan dos pistas aéreas. Esto ha sido fuertemente criticado por los expertos, quienes dicen que ese lugar no cumple con los requerimientos aeronáuticos y no procede técnicamente.

El Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, planteó la posibilidad de realizar mesas técnicas con los candidatos a la Presidencia sobre el nuevo aeropuerto, que podrían llevarse a cabo a mediados de este mes.

El análisis del tema puede ser útil, pero ¿el CCE puede definir qué hacer con el nuevo aeropuerto? Es evidente que no, aunque sea el organismo cúpula del sector privado.

Cancelar la nueva terminal aérea costaría al menos 120 mil millones de pesos, como resultado de las penalizaciones por incumplimiento de los contratos y la liquidación de personal.

Lo que sí se puede hacer es constatar que no hay corrupción en la asignación de los contratos. Entre quienes vigilan el proceso destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y consultores jurídicos especializados.

Pero como le mencionaba antes, no está de más que se lleven a cabo las evaluaciones necesarias para cortar de tajo con las posibilidades de que se cometan actos de corrupción.

caro.navarrete@yahoo.com.mx