El 27 de enero de 2022 se llevó a cabo la toma de posesión de la nueva y primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para el periodo 2022-2026. La investidura se realizó ante la jueza Carla Romero y Luis Redondo, presidente del Congreso, quien le impuso la banda presidencial.
Fue una fiesta democrática para la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos del país centroamericano y para las diferentes naciones de la región latinoamericana, cuya visión progresista es compartida también por la nueva mandataria hondureña.
Sin embargo, no es para nadie desconocido que el gobierno encabezado por la presidenta Castro enfrentará retos derivados de un orden neoliberal y oligárquico gestado durante años, pues en Honduras alrededor del 71 por ciento de sus 9.5 millones de habitantes viven en la pobreza, y casi la mitad de éstos en pobreza extrema.
En cuanto a la inseguridad y de acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el país registra una tasa de homicidios de casi 40 habitantes por cada 100,000, provocada por cárteles de la droga y pandillas.
Además, la deuda externa de Honduras supera los 11 mil millones de dólares estadounidenses, mientras que el Índice de Percepción de Corrupción 2021, de Transparencia Internacional, lo sitúa con 23 puntos sobre 100: una de las valoraciones más bajas.
Lo anterior, sin olvidar los problemas de desempleo, migración forzada y deficientes sistemas de salud y educación presentes en la nación.
Las expectativas que ha generado en la población hondureña el nuevo gobierno de la presidenta Castro son amplias, y para concretarlas ella deberá negociar con un Congreso dividido, ya que, de un total de 128 diputaciones que tiene éste, el partido de la mandataria, Libertad y Refundación (Libre), logró solamente 50, mientras que su aliado, el Partido Salvador de Honduras, consiguió 10, sumando entre ambos 60.
La coexistencia política de la primera mandataria con la oposición en el Congreso no se prevé sencilla, aunque ella ha señalado que la democracia y el poder popular serán la palanca, el punto de apoyo y las herramientas para lograr una distribución equitativa de los beneficios sociales. Esto significa transitar por el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos integrantes serán elegidos de manera directa y expresa por el pueblo, a fin de crear una nueva Constitución, la cual se someterá en referéndum a la ciudadanía, para su ratificación o rechazo.
En materia de corrupción, la nueva presidenta busca crear, junto con la ONU, la Comisión Internacional contra la Corrupción.
En cuanto a los recursos económicos para financiar la política social de su gobierno, su programa establece que éstos provendrán, en buena parte, del combate a la exoneración fiscal, cuyo impacto es de alrededor del 7 por ciento del PIB hondureño, además de la lucha contra la corrupción, así como una mejor orientación y eficiencia del gasto público.
En materia de seguridad, el programa de gobierno de la presidenta Castro dispone la formación de una policía comunitaria y eficaz; la despolitización del sistema de seguridad y justicia; el combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos, y la recuperación de espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, entre otros asuntos.
Sin duda, los retos que enfrenta la nueva administración de la presidenta Xiomara Castro son enormes. Esto la llevó a señalar en su toma de posesión: “El Estado de Honduras ha sido hundido en estos últimos doce años y lo recibo en bancarrota”.
Sin embargo, el apoyo electoral que se le brindó, así como la legitimidad internacional reconocida a su triunfo hacen que cuente con autoridad política y moral para exponer ante la opinión pública, las fuerzas y los partidos políticos —dentro del marco democrático— los eventuales diferendos con la oposición en el Congreso u otros actores públicos o sociales, para hacer avanzar su programa de gobierno en beneficio del pueblo hondureño.
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