/ viernes 9 de febrero de 2018

El observador parlamentario

El Senado durante su desempeño  no es un cuerpo inamovible, sufre cambios y resiente reemplazos,  de suerte que el Presidente del Senado, Ernesto Cordero,   está obligado a mantener el orden reglamentario, tal  como procedió  al tomar la protesta a los suplentes   de cuatro de cinco vacantes de propietarios quienes solicitaron licencia para separarse del cargo,  solo no se realizó  este cambio en  el caso de la senadora de Sonora,  Pavovlich quien fue electa como gobernadora  y cuya suplente decidió solicitar licencia para presentarse como candidata a una diputación.

El alto índice de relevos legislativos exhibe la debilidad de  lealtad  al  Poder legislativo  a partir  de la relación entre lois integrantes del Congreso y el espirítu del legislador, como ocurre se destaca la preferencia por la carrera política sobre la intención de mantenerse a cumplir el compromiso de legislar, o sea se prefiere promover una carrera de partido que una continua tarea del legislativo, ser hombre de partido sobre ser hombre del Congreso.

Por otra parte la ausencia en un escaño es opcional para el pleno que la acuerda , la solicitud de licencia no es de forzada aprobación, solo se otorga si el solicitante lo amerita, o si el cuerpo legislativo lo estima conveniente, en definitiva es un tema de valor que los propios senadores han considerado prescindible.

Lo que si queda también al descubierto en estas separaciones es que la nueva figura de la reelección no es la más demandada, no se sabe hasta ahora que algún legislador acuda a solicitar de nueva cuenta el voto a sus electores, prefieren el camino de la alternancia de ir de una cámara a otra sin pasar por el tamiz  de verse rechazado por la ciudadanía que antes los eligió. En cambio donde se registra una mayor presencia de  aspirantes a la reelección es en cargos de las presidencias municipales.

Los legisladores noveles participaran en asuntos que se encuentran en proceso de discusión, deberán adentrarse en las materias,  como mandato ordenado por la Suprema Corte participaran en legislar sobre la publicidad oficial cuyos excesos deben ser normados a efecto se supriman excesos, privilegios y exclusiones;  además deben complementar el Sistema Nacional Anticorrupción, se nombrará el Fiscal General,  los fiscales anticorrupción y el de delitos electorales.

EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  debe ser un órgano autónomo que se nutre y sirve a la sociedad como contrapeso al poder hegemónico del gobierno,  sus observaciones corresponden a una permanente auditoria social que lejos de impugnar a la administración le advierte y corrige, su poder debe apoyarse en la Auditoria Superior de la Federación, cuyo responsable será nombrado por los diputados., donde reside una capacidad de atracción  e investigación  basada en la responsabilidad oficial.

El l Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), afirma que la falta de nombramientos de los fiscales porque los partidos no se ponen de acuerdo y los criterios de candidaturas carecen de transparencia, a esto se añade que no existe la carrera civil judicial.

El vértice de la designación del Fiscal es su total autonomía y total independencia para la que se requiere la aprobación de presupuesto propio aprobado por el Congreso, así como sus nombramientos de dejen a la sociedad civil, quien se servirá del servicio profesional de carrera de fiscales y ministerios públicos que dependan del propio Fiscal General.

La reforma de la procuración de justicia no debe ser solo un cambio de nombre. La Constitución de 1857 logró establecer debidamente la figura del Fiscal como el defensor de la sociedad ;Porfirio Díaz la suprimió en 1900, y expidió las Leyes orgánicas de 1902 y 1908 para subordinarla al Ejecutivo.

El constituyente José Natividad Macías en el debate del 17 señaló que Nación no es gobierno, tampoco es Estado porque es muy superior. La Nación a través de las elecciones nombra a todos los mandatarios que usaran los poderes, por eso el interés de la Nación es supremo y debe entenderse como los derechos humanos.

Se requiere que el Fiscal General sea el defensor de la sociedad y no del Poder.

El Senado durante su desempeño  no es un cuerpo inamovible, sufre cambios y resiente reemplazos,  de suerte que el Presidente del Senado, Ernesto Cordero,   está obligado a mantener el orden reglamentario, tal  como procedió  al tomar la protesta a los suplentes   de cuatro de cinco vacantes de propietarios quienes solicitaron licencia para separarse del cargo,  solo no se realizó  este cambio en  el caso de la senadora de Sonora,  Pavovlich quien fue electa como gobernadora  y cuya suplente decidió solicitar licencia para presentarse como candidata a una diputación.

El alto índice de relevos legislativos exhibe la debilidad de  lealtad  al  Poder legislativo  a partir  de la relación entre lois integrantes del Congreso y el espirítu del legislador, como ocurre se destaca la preferencia por la carrera política sobre la intención de mantenerse a cumplir el compromiso de legislar, o sea se prefiere promover una carrera de partido que una continua tarea del legislativo, ser hombre de partido sobre ser hombre del Congreso.

Por otra parte la ausencia en un escaño es opcional para el pleno que la acuerda , la solicitud de licencia no es de forzada aprobación, solo se otorga si el solicitante lo amerita, o si el cuerpo legislativo lo estima conveniente, en definitiva es un tema de valor que los propios senadores han considerado prescindible.

Lo que si queda también al descubierto en estas separaciones es que la nueva figura de la reelección no es la más demandada, no se sabe hasta ahora que algún legislador acuda a solicitar de nueva cuenta el voto a sus electores, prefieren el camino de la alternancia de ir de una cámara a otra sin pasar por el tamiz  de verse rechazado por la ciudadanía que antes los eligió. En cambio donde se registra una mayor presencia de  aspirantes a la reelección es en cargos de las presidencias municipales.

Los legisladores noveles participaran en asuntos que se encuentran en proceso de discusión, deberán adentrarse en las materias,  como mandato ordenado por la Suprema Corte participaran en legislar sobre la publicidad oficial cuyos excesos deben ser normados a efecto se supriman excesos, privilegios y exclusiones;  además deben complementar el Sistema Nacional Anticorrupción, se nombrará el Fiscal General,  los fiscales anticorrupción y el de delitos electorales.

EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  debe ser un órgano autónomo que se nutre y sirve a la sociedad como contrapeso al poder hegemónico del gobierno,  sus observaciones corresponden a una permanente auditoria social que lejos de impugnar a la administración le advierte y corrige, su poder debe apoyarse en la Auditoria Superior de la Federación, cuyo responsable será nombrado por los diputados., donde reside una capacidad de atracción  e investigación  basada en la responsabilidad oficial.

El l Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), afirma que la falta de nombramientos de los fiscales porque los partidos no se ponen de acuerdo y los criterios de candidaturas carecen de transparencia, a esto se añade que no existe la carrera civil judicial.

El vértice de la designación del Fiscal es su total autonomía y total independencia para la que se requiere la aprobación de presupuesto propio aprobado por el Congreso, así como sus nombramientos de dejen a la sociedad civil, quien se servirá del servicio profesional de carrera de fiscales y ministerios públicos que dependan del propio Fiscal General.

La reforma de la procuración de justicia no debe ser solo un cambio de nombre. La Constitución de 1857 logró establecer debidamente la figura del Fiscal como el defensor de la sociedad ;Porfirio Díaz la suprimió en 1900, y expidió las Leyes orgánicas de 1902 y 1908 para subordinarla al Ejecutivo.

El constituyente José Natividad Macías en el debate del 17 señaló que Nación no es gobierno, tampoco es Estado porque es muy superior. La Nación a través de las elecciones nombra a todos los mandatarios que usaran los poderes, por eso el interés de la Nación es supremo y debe entenderse como los derechos humanos.

Se requiere que el Fiscal General sea el defensor de la sociedad y no del Poder.