/ miércoles 8 de noviembre de 2017

El observador parlamentario | ¿Congreso cede sus facultades jurisdiccionales contra corrupción e impunidad?

El ambiente del oficialismo es de triunfo, las fanfarrias sonoras acompañaran el ritual de la escena donde se dará a conocer al “hombre providencial”, el candidato  del Partido Revolucionario Institucional.

El presidente de la República,  Enrique Peña Nieto, anuncia el descubrimiento del mayor yacimiento de petróleo en tierra; en tanto el coordinador de los senadores tricolores, Emilio Gamboa Patrón, presume la creación de tres millones de empleos durante el sexenio. En cambio, Los medios informativos se destacan los lastres de la LXIII Legislatura del Congreso entre otros, más de 50 reformas legislativas y 60 nombramientos pendientes de resolver antes del 15 de diciembre del año en curso.

La resaca del optimismo está marcada por la incertidumbre, el desconocimiento del desenlace electoral frena la Agenda Legislativa, las iniciativas de la Seguridad Interior y del Mando mixto se empantanan porque no hay certeza de qué partido se beneficiará de un poder acumulado más allá de las restricciones constitucionales.

No solo el poder frena al poder, sino también la lucha interna de las fracciones parlamentaria se ve acompañada por segregacionismo, las bancadas se recomponen y se descomponen a la vez, la proximidad de la campaña presidencial las contamina; sin embargo, el control oficial pierde contundencia en el manejo de votos, lo que frena el nombramiento del pocurador general, la aprobación de la Ley del Fiscal General, así como los pendiente de su nominación junto con la de los fiscales anticorrupción y del proceloso proceso en el marco electoral.

El Instituto Belisario Domínguez ha sido anfitrión de la  reunión “Los ministerios públicos y el combate a la inseguridad en Amèrica Latina: reflexiones desde la experiencia de Perú, Brasil, Chile, Guatemala, Argentina y México”.

En la inauguración del evento, el senador Manuel Bartlett Díaz, presidente del IBD, expresó que México sufre una crisis en materia de justicia al no contar con un procurador General de la República, ni fiscales anticorrupción y para delitos electorales. El sistema se ha destruido desde dentro” dijo contundente el coordinador del Partido del Trabajo-Morena.

Las opiniones de los expertos fueron en el sentido de que México se encuentra en la oportunidad histórica de transformar sus sistema de procuración de justicia para que sea profesional,  eficaz e independiente; ante ese optimismo reforzado por el acompañamiento del representante de las Naciones Unidas, Jan Jarab, al apoyar el intercambio de las experiencias de los países del área continental de América Latina, como escenarios para combatir la impunidad.

El diagnostico severo lo trazó el ameritado luchador social y jurista Miguel Sarre, quien expresó que México se encuentra atrasado cien años en materia de las funciones del Ministerio Público, como consecuencia de un vuelco que le diera Venustiano Carranza  durante  la formulación de la Constitución de 1917. Resulta así que México a la par de ser considerado en esa época el hermano mayor de América Latina, ahora resulta ser el hermano menor que debe aprender de los países del área.

UNA NUEVA IZQUIERDA parece surgir dentro del amplio espectro de las organizaciones civiles, re fosilizado con los candidatos independientes, y las revelaciones del periodismo de investigación de los “papeles del paraíso”, de donde emerge la idea de la formación del Estado social, donde el interés público prevalece ante el monopolio de la violencia.

La diversidad -incluso a veces contradictoria- de los organismos civiles y empresariales, se presenta como una opción alterna a los partidos políticos y fracciones parlamentarias en la construcción de consensos para el acuerdo nacional. Sin duda es un avance democrático, pero no constituye por sí solo una decisión definitiva, legal o legitima, Esta tendencia parece crecer, lo que no deja de sorprender es la indiferencia del trato a las posibilidades e incluso responsabilidades del Congreso en el combate a la corrupción, en especial a la Auditoria Superior de la Federación, además de las facultades jurisdiccionales del Congreso.

Los organismos de la sociedad atraen y reflejan más su poder de denuncia contra la corrupción y la impunidad. El Poder Legislativo parece desvanecerse en las ƒsombras del anonimato, o tiene temor o mantiene su sumisión ante el Poder supremo.

El ambiente del oficialismo es de triunfo, las fanfarrias sonoras acompañaran el ritual de la escena donde se dará a conocer al “hombre providencial”, el candidato  del Partido Revolucionario Institucional.

El presidente de la República,  Enrique Peña Nieto, anuncia el descubrimiento del mayor yacimiento de petróleo en tierra; en tanto el coordinador de los senadores tricolores, Emilio Gamboa Patrón, presume la creación de tres millones de empleos durante el sexenio. En cambio, Los medios informativos se destacan los lastres de la LXIII Legislatura del Congreso entre otros, más de 50 reformas legislativas y 60 nombramientos pendientes de resolver antes del 15 de diciembre del año en curso.

La resaca del optimismo está marcada por la incertidumbre, el desconocimiento del desenlace electoral frena la Agenda Legislativa, las iniciativas de la Seguridad Interior y del Mando mixto se empantanan porque no hay certeza de qué partido se beneficiará de un poder acumulado más allá de las restricciones constitucionales.

No solo el poder frena al poder, sino también la lucha interna de las fracciones parlamentaria se ve acompañada por segregacionismo, las bancadas se recomponen y se descomponen a la vez, la proximidad de la campaña presidencial las contamina; sin embargo, el control oficial pierde contundencia en el manejo de votos, lo que frena el nombramiento del pocurador general, la aprobación de la Ley del Fiscal General, así como los pendiente de su nominación junto con la de los fiscales anticorrupción y del proceloso proceso en el marco electoral.

El Instituto Belisario Domínguez ha sido anfitrión de la  reunión “Los ministerios públicos y el combate a la inseguridad en Amèrica Latina: reflexiones desde la experiencia de Perú, Brasil, Chile, Guatemala, Argentina y México”.

En la inauguración del evento, el senador Manuel Bartlett Díaz, presidente del IBD, expresó que México sufre una crisis en materia de justicia al no contar con un procurador General de la República, ni fiscales anticorrupción y para delitos electorales. El sistema se ha destruido desde dentro” dijo contundente el coordinador del Partido del Trabajo-Morena.

Las opiniones de los expertos fueron en el sentido de que México se encuentra en la oportunidad histórica de transformar sus sistema de procuración de justicia para que sea profesional,  eficaz e independiente; ante ese optimismo reforzado por el acompañamiento del representante de las Naciones Unidas, Jan Jarab, al apoyar el intercambio de las experiencias de los países del área continental de América Latina, como escenarios para combatir la impunidad.

El diagnostico severo lo trazó el ameritado luchador social y jurista Miguel Sarre, quien expresó que México se encuentra atrasado cien años en materia de las funciones del Ministerio Público, como consecuencia de un vuelco que le diera Venustiano Carranza  durante  la formulación de la Constitución de 1917. Resulta así que México a la par de ser considerado en esa época el hermano mayor de América Latina, ahora resulta ser el hermano menor que debe aprender de los países del área.

UNA NUEVA IZQUIERDA parece surgir dentro del amplio espectro de las organizaciones civiles, re fosilizado con los candidatos independientes, y las revelaciones del periodismo de investigación de los “papeles del paraíso”, de donde emerge la idea de la formación del Estado social, donde el interés público prevalece ante el monopolio de la violencia.

La diversidad -incluso a veces contradictoria- de los organismos civiles y empresariales, se presenta como una opción alterna a los partidos políticos y fracciones parlamentarias en la construcción de consensos para el acuerdo nacional. Sin duda es un avance democrático, pero no constituye por sí solo una decisión definitiva, legal o legitima, Esta tendencia parece crecer, lo que no deja de sorprender es la indiferencia del trato a las posibilidades e incluso responsabilidades del Congreso en el combate a la corrupción, en especial a la Auditoria Superior de la Federación, además de las facultades jurisdiccionales del Congreso.

Los organismos de la sociedad atraen y reflejan más su poder de denuncia contra la corrupción y la impunidad. El Poder Legislativo parece desvanecerse en las ƒsombras del anonimato, o tiene temor o mantiene su sumisión ante el Poder supremo.