El Congreso se prepara al próximo Periodo de sesiones ordinarias, con el que se alcanza la fase final para la que fue electo. La Agenda Legislativa del 2018 está determinada por el rezago legislativo abrumador y por la contingencia electoral disponiendo una presión política imprevisible.
Será el Segundo periodo ordinario de sesiones del Tercer año de ejercicio, donde abordarán los temas del rezago legislativo, además de aquellos concernientes a la fragua electoral presidencial, a la vez que el relevo de 500 diputados federales, 128 senadores, la nominación de nueve gobernadores, las que sumarán junto con otros cargos locales, congresos y presidencias municipales, la suma de 3226 postulaciones, además de la novedosa experiencia de los candidatos independientes, todo un reto de organización que pone a prueba al Instituto Nacional Electoral, un árbitro que por demás se encuentra debilitado.
Al igual del mes de enero, dedicado en la antigüedad romana al Dios Jano que en su ambivalencia veía al pasado y al futuro, las elecciones por venir, serán una superación del pasado en cuanto a la opción de expresar la libertad del voto pero una carga de sus lastres por lo que se refiere a la violencia y la corrupción que asedian la manifestación expresa de la ciudadanía.
La Agenda legislativa del 2018 viene marcada por la elección del Auditor Superior de la Federación por parte de los diputados y los nombramientos del Fiscal General y del Fiscal Anticorrupción por el lado de los senadores.
La desigualdad social es la fuente de la corrupción, la cual también impide el ejercicio de una ciudadanía efectiva, desde ahí se propicia la falta de responsabilidad oficial, y el manejo de los recursos públicos para el beneficio particular contribuyendo con ello a la privatización del interés público de la política y en consecuencia a abrir las fauces de la violencia.
Así el Instituto nacional electoral (INE), y la Fiscalía especializada de delitos electorales (FEPADE) prevén una situación de alerta en 10 Estados de la República por la condiciones de violencia que padecen, estos son Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, y Guanajuato.
El electorado bajo el asedio de la violencia sujeto a prácticas del miedo y el temor generalizado representa alrededor del 40% del padrón electoral, es una población vulnerable donde los partidos y sus candidatos marchan a patíbulo de la extorsión y la ejecución de los traficantes de droga.
Las cifras de candidatos a ediles municipales que pierden la vida es reveladora, a la fecha cinco presuntos candidatos de distintos partidos políticos han sido victimados, por otra parte, el año de 2017 cerró con 11 periodistas asesinados, es un diagnóstico del desgarramiento social en que se da la consulta electoral
LA DESIGUALDAD SOCIAL es abrumadora 45 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema mientras que el 1% de la población recibe el 25% del ingreso, la pobreza extrema indígena es cuatro veces mayor que la correspondiente en la población general. Como una consecuencia de dicha desigualdad se pervierte la ciudadanía en la que los pobres pierden la opción de ejercer sus derechos con libertad, entre ellos el de elegir.
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La mancha espacial de la violencia incluye a seis de los nueve Estados (24% Padrón electoral) donde se darán elecciones de gobernador, a más de ser entidades afectadas por la pobreza extrema de lo que se deriva la compra e inhibición del voto, mecanismos operados por la delincuencia organizada a fin de que resulten administraciones adhoc a sus acciones ilegales. Los partidos y candidatos: Ricardo Anaya de Ciudadanos por México, José Antonio Meade de “Meade Ciudadano por México” y Andrés Manuel López Obrador, de “Juntos hacemos historia”; ellos deberían suscribir un compromiso ante la sociedad para enfrentar los problemas de la desigualdad social y la violencia como una primera medida de pacto social fundamental de gobierno.
Antes que sus diferencias, deben destacar en que si están de acuerdo, como unión solidaria de la nación.
