El Congreso acelera el trajín del ir y venir de las minutas decretos entre las Cámaras federales ampliará el servicio de legislación “al vapor” con el “planchado” de los decretos para que sean posteriormente publicado por el Diario oficial de la Federación.
Los legisladores federales dedican las últimas horas del Periodo ordinario a aprobar “al vapor” los decretos de ley más controvertidos, como ocurre con la Ley de seguridad interior aprobada por los diputados, luego por las Comisiones del Senado con modificaciones cosméticas así se confirmará por el pleno en el transcurso de las sesiones pendientes.
También es posible que queden pendientes por definir, en ambas Cámaras, lo diputados quedaron atrapados sin nombrar al Auditor Superior de la Federación, y los Senadores al Fiscal anticorrupción, así como los 18 magistrados correspondientes. El líder de los senadores priistas Emilio Gamboa no descarta la posibilidad se convoque a un periodo extraordinario, a pesar de la dispersión de los legisladores por tratarse de tiempos de campaña.
Entre las leyes aprobadas se encuentra la General de archivos y la de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sus proyectos originales sufrieron modificaciones significativas, respecto a la primera se atendió el reclamo de los sectores académicos para que la Secretaria de Gobernación fuera sustituida por un Consejo de investigadores a fin resguardar la memoria histórica de la nación, así como hacerse cargo de la clasificación de reserva en la documentación. Respecto a la nueva normatividad financiera de los estados con la finalidad de establecer controles en la contratación de deuda pública. El dictamen establece que 5% de los excedentes se destinen a gasto corriente, pero a partir de 2019 para que no se apliquen al proceso electoral.
En San Lázaro, los diputados aprobaron el dictamen de protección a periodistas y prohibieron el uso del lábaro patrio en la promoción de personas, bienes o servicios
Por tanto, priva una “oscilación pendular” en la aceptación de escuchar y satisfacer los reclamos sociales y mantener la disciplina legislativa de la mayoría, así la capacidad de legislar se muestra flexible en asuntos menores que no involucran la decisión del Ejecutivo, como si ocurre en la Ley de seguridad interior donde el empeño presidencial es ostensible
INICIO de PRECAMPAÑAS Y PLATAFORMAS ELECTORALES, estas son parte de los requisitos que el Instituto Nacional Electoral demanda en el registro de los candidatos a la Presidencia de la República, supuestamente son proyectos de gobierno como propuesta de los partidos, aunque destacan como fin de atracción de voto las promesas de satisfacción a necesidades personales o de grupo, por lo que su compromiso de políticas públicas pierde su fuerza, a más que carecen de vinculación de cumplimiento y responsabilidad legal.
Se deben regular porque ahora se utilizan como una especie de “artículo gancho” para atraer y disponer un sugestiva “compra del voto a crédito”, como ocurre con las practicas asistencialistas, a) se anuncian la “renta básica universal” por parte del Frente por México, y b) ofrece un “seguro a los ninis” por tres mil 600 pesos como oferta de Morena.
La propuesta es cuestionable por contener una intención influir sobre el voto, se presume una “seducción” a la voluntad electoral a manera de restaurar un privilegio, el planteamiento es extensión a otras ofertas que han influido en el voto generando un presumible delito electoral, como ocurrió en el Estado de México con la “Tarjeta rosa” con la promesa de otorgar un salario. Estas propuestas deben ser contenidas, frenadas para su prohibición por inducir el voto a cambio de una recompensa económica.
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