Tanto la campaña electoral como el presidencialismo mexicano alcanzaron su límite, han sido puestos a prueba en mantener su continuidad o caer en la ruptura al momento del Tercer debate presidencial cuya intención es examinar la educación pero subyace la intención de romper el esquema del poder.
El proceso electoral ha llegado a su punto crucial de la responsabilidad constitucional.
Un candidato presidencial, Ricardo Anaya, proclama llevar a prisión al Presidente Enrique Peña Nieto, a causa de su parcialidad y responsabilidad política. El acusador reacciona como consecuencia de una denuncia anterior donde se le involucra en lavado de dinero.
En ese entorno, el Presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, acudió a la Procuraduría General de la República a presentar una denuncia por lavado de dinero y tráfico de influencias, contra el candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, quien se benefició de un esquema de lavado de dinero, diseñado por el empresario queretano Manuel Barreiro, a quien le vendió una nave industrial en 54 millones de pesos que se triangularon por varios países, a través de empresas fantasma.
El candidato frentista puso en tensión la denuncia judicial como oferta de campaña y garantía para mantener su competitividad en espera de alcanzar y desplazar al puntero de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, su principal bandera fue la acusación al Presidente de la República, no sin antes involucrarlo en un supuesto pacto de impunidad con Andrés Manuel .
El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, llamó de manera respetuosa a elevar el “nivel del debate”, para evitar se difame e inmiscuya al poder federal en el proceso electoral. En la actitud se presume contener la amenaza de Anaya de arroparse en el Debate de Mérida con la bandera acusatoria penal al Presidente Peña. El Secretario de la OEA, Luis Almagro, fue certero cuando señaló que es más fácil investigar a un candidato que perseguir a un Presidente.
En México el Presidente no es responsable como lo establece la Constitución, Artículo 108, no puede ser acusado durante su mandato. Pero si después de cubierto su periodo, como lo señaló con precisión el diputado constituyente Fernando Lizardi, para marcar el fin de su inmunidad constitucional. Haría falta que Ricardo Anaya fuera Presidente para vengar agravios.
El presidencialismo mexicano contiene una concentración de autoridad personal que culmina en la coyuntura de la transición del poder, como se advierte en su desarrollo cronológico, en sus distintas etapas, desde el desplazamiento de Hernán Cortes por medio de un juicio de residencia de la Audiencia, para otorgar al Virrey Antonio de Mendoza el mando de la Nueva España.
El Poder ejecutivo mexicano no siempre ha gozado de la inmunidad que hoy exhibe, un breve recorrido nos muestra sus riegos hasta el drama de la muerte, como ocurrió con Vicente Guerrero, Francisco I Madero, Venustiano Carranza.
También el exilio ha sido una prueba de fuego al ser sometidos por el Congreso a severo juicio político, en los casos de Agustín de Iturbide antes de su fusilamiento en Padilla, Tamaulipas; Antonio López de Santa Anna en Turbaco, Colombia; o de Victoriano Huerta quien murió alcoholizado den San Antonio Texas.
La experiencia del respeto a la integridad de los candidatos en México también es relativa, existen dos entrañables sonorenses que fueron sacrificados en el proceso de buscar la Presidencia de la República, como fueron Francisco Serrano y Luis Donaldo Colosio. Una apresurada valoración a favor del cambió sello la muerte. Esas amenazas hoy no existen.
Ricardo Anaya en su afán personal por ganar el poder a cualquier precio intento jugar a la “ruleta rusa”, sin caer en cuenta en sus propios riesgos Victima de su patrañas ha sido relegado
