Por Magdalena de Luna
El ejercicio pleno de la ciudadanía debe ser una práctica permanente de participación y seguimiento de la actuación del poder público y no solo circunscribirse al momento electoral o a la difusión de contenidos y memes alusivos a nuestra percepción de tal ejercicio de gobierno.
El pasado mes de junio del 2021, tuvimos elecciones para gobernador en 15 estados de la república. Aunque ese momento electoral ya ha pasado y los reflectores se han dirigido a otros temas nacionales e internacionales, nosotros los ciudadanos no podemos y no debemos quitar el ojo del ejercicio administrativo de estos nuevos gobernadores y gobernadoras.
A estas alturas debemos tener ya 15 nuevos Planes Estatales de Desarrollo, que son los documentos en que las nuevas administraciones plasman sus objetivos, estrategias y líneas de acción con las que garantizarán los derechos de toda la población en sus territorios, con énfasis en los temas prioritarios que hayan resultado de las consultas públicas para tales efectos. Esto es el DEBER SER.
De los 15 estados que estrenaron gobernador o gobernadora, 8 suscribieron el Pacto por la Primera Infancia: Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Campeche, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala y Michoacán. Este compromiso implica promover políticas públicas encaminadas a avanzar en 10 metas nacionales relacionadas con mejorar la situación de pobreza, malnutrición, lactancia materna, educación inicial y preescolar, evaluación del desarrollo infantil, vacunación, registro de nacimiento y eliminación de todas las formas de violencia. Este compromiso también implica colocar en los Planes Estatales de Desarrollo y los programas sectoriales que se derivan de éstos, los objetivos, estrategias y acciones para avanzar en tales metas, así como asignar y visibilizar los recursos públicos para lograrlo.
Respecto a los Planes Estatales ya publicados, destacan por su contenido los correspondientes a Nuevo León, Campeche y Querétaro que cubren e incluso exceden los planteamientos de nuestro pacto en favor de la primera infancia. En todos los casos los Planes Estatales de estos estados firmantes, en mayor o menor medida, permitirán derivar los programas y acciones para promover y proteger los derechos de las niñas y niños en primera infancia.
Estos estados, cuyos gobernadoras y gobernadores fueron electos en 2021, están hoy en proceso de elaboración de sus programas sectoriales en materia de educación, salud, protección y bienestar. Estos programas por sector son los que efectivamente constituyen las políticas públicas dirigidas a la población. Es también en este momento, que los diferentes sectores están elaborando sus proyectos de presupuesto para el 2023, por lo que deberán considerar suficiencia presupuestaria para tales políticas públicas; si esto no ocurre, las firmas de sus compromisos de campaña se convertirán en demagogia electoral y los ciudadanos seremos testigos y jueces de ello.
En el Pacto por la Primera Infancia, creemos en el SER ciudadanos de tiempo completo. Promovemos estos compromisos en el momento electoral, pero también conocemos, promovemos, acompañamos y vigilamos el ejercicio del poder público. Creemos en la política y las oportunidades del poder público para beneficiar a la sociedad, particularmente a quienes más requieren de la intervención de las instituciones del Estado. Estamos y continuaremos pendientes de los Programas sectoriales que se generen, de los programas presupuestarios en que cristalizan los objetivos y estrategias propuestas y, desde luego, de la asignación visible y suficiente que destinen para el presupuesto de egresos en 2023.
No somos solamente el pueblo: Somos ciudadanos de tiempo completo en favor de la primera infancia.
___
*Magdalena de Luna es Coordinadora Nacional de Política Territorial del Pacto por la Primera infancia | www.pactoprimerainfancia.org.mx