Con las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, aprobadas por ambas Cámaras en julio de 2016, se esperaba que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tuviera un impactante desempeño en el uso de su nueva facultad para auditar deuda estatal así como otras nuevas funciones. Hoy, en vísperas de que se cierre una era en el órgano fiscalizador más importante del país, existe un abierto cuestionamiento sobre las oportunidades y retos que deben sortearse para que la ASF se consolide como la columna vertebral del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Cuando se pensó en reformular la fiscalización superior en México, se decidió ir más allá. Lo primero era promover que se auditara prácticamente en tiempo real, y se acotara la enorme brecha que existía entre las denuncias y observaciones que emitía la ASF en el marco del análisis de las Cuentas Públicas, y las grandes anomalías que se daban en algunas administraciones. Quizá, si esta facultad hubiese estado vigente o si la ASF hubiese tenido el poder de fincar responsabilidades, muchas estafas se hubieran evitado.
Entre estas competencias, hoy la ASF tiene en sus manos el fiscalizar la deuda que los estados y municipio contraten teniendo como garantía participaciones federales. Se trata de una facultad que al menos, en este primer ejercicio con la Cuenta Pública 2016, no arrojó mayor beneficio, pues la Auditoria fue omisa en señalar anomalías a endeudamientos muchas veces aprobados por Congresos locales controlados por el gobernador en turno, y solapados a su vez por auditores locales que habían sido electos por mayorías del partido en turno desde el poder legislativo estatal.
Esto, a pesar de que la tendencia de endeudamiento de las entidades ha ido a la alza. Al cierre del primer trimestre de 2017, los estados debían más de 570 mil millones de pesos, cantidad superior en 38 mil millones respecto al último año, es decir, un crecimiento de 7.5% según cifras de la Secretaría de Hacienda.
Para el periodo 2016, de las 1,865 auditorías realizadas, únicamente 23 fueron específicas sobre deuda, y de esas, solo 10 analizaron los pasivos de estados, entre los que destacan Chihuahua o Veracruz, a los que ¡increíblemente no les fue señalada irregularidad alguna en responsabilidad de ambos Duarte!
En una terrible omisión –a pesar de los llamados de la ciudadanía-, la ASF no auditó el último año de la administración de Miguel Alonso en Zacatecas, a pesar de que el endeudamiento durante este periodo fue el más agravioso en las 32 entidades del país, pues el aumento real de 2010 a 2016 fue superior al 1,146%, pasando de menos de 700 millones, a poco más de 8 mil 500 al cierre de su gestión.
De cara al proceso en el que en la Cámara de Diputados elegiremos al nuevo titular de este órgano por ocho años, es perentorio que recibamos proyectos serios y concretos, que nos den ruta sobre el rumbo que habrá de tomar la ASF en temas tan delicados como lo son la deuda de los estados, pues ha sido esta última camada de exgobernadores del PRI, la misma que ha hecho trizas las finanzas públicas, la que ha dejado en claro que la ética y el bueno gobierno se agotan en la retórica de los gobiernos tricolor.
No podemos permitir que la ASF desaproveche las nuevas herramientas con las que se le ha dotado. Es urgente que quien llegue a encabezar el máximo órgano fiscalizador, tenga un proyecto sólido, y una ejecución autónoma e independiente, desvinculada de escándalos y pasados turbios, pues de ello dependerá la legitimidad del propio SNA.
Diputada por Movimiento Ciudadano
