El Congreso de la Unión ha sido protagonista de diversas legislaturas que modelaron el andamiaje legal y político del país. Su conformación es determinante para organizar su agenda, sus comisiones de trabajo y su operatividad plena.
La nueva correlación de fuerzas también se combina con la diversidad de posturas y visiones de país, algunas más progresistas y otras populistas con visiones retrógradas. La distribución de las comisiones determina también el rol de las diversas fracciones parlamentarias en los temas prioritarios, el gran reto enriquecer la agenda con especialistas y mucho oficio político en un congreso primerizo y porque no decirlo con muchas ideas ocurrentes que no siempre aterrizan en un bienestar de país.
La lógica de voto disciplinado y partidista que ha mantenido el Congreso se espera que se mantenga, haciendo valer la mayoría del partido en el próximo gobierno. La mayoría mecánica permitirá un conjunto de cambios anunciados en materia de salud, educación, derechos humanos, economía, trabajo, proyectos presidenciales y otros temas que irán cobrando fuerza e incluso empoderando cada vez más al poder ejecutivo en contrapesos tan importantes como el Banco de México. Mucho cuidado con la lectura que los mercados tienen de estas acciones .
No es de extrañar que los primeros asuntos desahogados se refieran al marco legal de la austeridad republicana en la cámara baja y la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en la cámara alta, tema de alta relevancia no solo por su polémica aprobación sino por los efectos en la vida de los sindicatos nacionalesy en la confianza que tantos años costó construir en materia de estabilidad laboral.
La transición de gobierno en cambio, más allá de los nombramientos anticipados, ha creado un par de agendas antagónicas con el gobierno saliente. Por un lado la contra-reforma educativa y por otro, la consulta sobre el nuevo aeropuerto y sus alternativas.
Los procesos consultivos están en operación y la conversación pública ha sido variada, pero con una carga de escepticismo ante el entusiasmo del grupo que llega al poder y sus simpatizantes.
Nos encontramos también en la nueva agenda el aniversario de los sismos y la ratificación de que el Estado y la IP han sido incapaces de atender adecuadamente la emergencia y que la reconstrucción será un proceso de largo plazo. En otro orden, se encuentra el aniversario de la desaparición forzada de los normalistas que irrumpen en la conversación, en la interlocución y se hace presente en el Congreso, con el presidente electo y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También se encuentra el tema de la violencia y las evidencias de que un Estado rebasado no ha podido revertir la percepción de inseguridad y el nivel de victimización reportado por INEGI que llega a 23 millones de víctimas y más de 300 mil millones de pesos en costos.
La narrativa del escepticismo y el desencanto también se expresó en la salud económica del Estado mexicano que el gobierno saliente heredará al nuevo gobierno y las dudas acerca del adecuado manejo de las finanzas públicas, la deuda externa y el control de la inflación.
También amaga en la confianza pública la implantación del sistema nacional anticorrupción y su eventual reconfiguración. El nombramiento del fiscal y su relación con el titular del ejecutivo será una decisión compartida con el Senado de la República.
Es así que la agenda del cambio necesariamente pasará por el Congreso de la Unión y la amplia discusión de los temas, ante una vitrina pública, que hoy ve a las y los legisladores con el mismo recelo que marcan las encuestas de aprobación de los políticos y que los maniatan en el sótano de las preferencias y el reconocimiento.
Tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República, la mayoría ejercerá control de su agenda y sus actitudes, cohesión política y capacidad técnica serán claves para la productividad legislativa, la cual hasta el momento es bajísima, en comparación con otras legislaturas.
Sin duda, existe la amenaza de sobrecargar al Estado con múltiples atribuciones y facultades derivadas de nuevas leyes y sistemas de gestión pública, pero la limitación presupuestal es evidente, así como la factibilidad de hacer más grande al gobierno contradice el horizonte de la austeridad republicana.
Las y los legisladores en esta legislatura tendrán que cambiar las formas, las reglas no escritas y sus privilegios para acercarse a la ciudadanía que tiene altas expectativas y que a primera de cambios ofrece más de lo mismo, pero con otros actores.
Las y los ciudadanos tenemos amplias expectativas de la legislatura. Los sectores productivos esperan estabilidad y confianza en los mercados. El equipo de gobierno requerirá de consensos y mayorías para avanzar en el plan de gobierno. Los medios de comunicación esperan información de las comisiones y del trabajo legislativo, en suma, traducir la agenda del cambio en leyes sistémicas será el reto de la legislatura.
