Por Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común
Esta semana se reabrió el debate en torno al importante papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el proceso de militarización que vive el país. El miércoles, la Primera Sala del Máximo Tribunal analizó la Controversia Constitucional 90/2020 presentada por Angélica Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, relativa al análisis del denominado “acuerdo militarista”, publicado el 11 de mayo de 2020, en el cual se le otorgan facultades de seguridad pública a las Fuerzas Armadas.
Esta Controversia Constitucional se suma a una serie de mecanismos promovidos por organismos autónomos y organizaciones civiles, a fin de que la Corte se pronuncie en favor de preservar el orden constitucional de la actuación militar. Sin embargo, algunos de estos recursos han tardado años en ser analizados y dictaminados por parte de la Corte, lo cual pone en el debate público si vela por el fortalecimiento del sistema democrático, donde las Fuerzas Armadas guarden el lugar que les corresponde dentro del Estado de derecho.
El proceso de militarización que vive México no es nuevo, pero se ha profundizado en los últimos 3 años. Desde el decreto presidencial del 31 de diciembre de 1994, donde los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) se integraron al Consejo Nacional de Seguridad Pública, hubo reacciones encontradas en torno al papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. A partir de 2009, hubo un aumento del uso de elementos militares en operativos de seguridad y transferencias de las Fuerzas Armadas a las corporaciones civiles, como la Policía Federal Preventiva.
En 2018, antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador fue crítico del papel que desempeñaban las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Además, afirmó que para resolver la crisis de inseguridad en el país, se debía atender principalmente sus causas, que no podía seguirse enfrentando la violencia con la violencia mediante el uso de la fuerza y medidas coercitivas. Sin embargo, una vez como presidente electo, implementó como estrategia, una militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna, con la creación de la Guardia Nacional (GN) y la autorización constitucional del uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.
Las Fuerzas Armadas son indispensables por su labor en desastres naturales y apoyo a las comunidades. Sin embargo, hoy, se abusa de sus capacidades y de su lealtad, generando algunos de los siguientes riesgos:
Se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos.
El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ocurre en detrimento de las policías locales, que padecen estancamientos presupuestales o mermas de recursos.
En cambio, los incrementos en presupuesto para las Fuerzas Armadas, y la tradicional opacidad de estas instituciones, incrementan el riesgo de corrupción.
Este protagonismo no es compatible con un sistema democrático definido por la preeminencia de las instituciones civiles, y además podría generar fricciones al interior de las propias Fuerzas Armadas.
La creación de la GN fue una celada política para contar con los apoyos suficientes en 2019 para realizar la reforma constitucional. Ahora, con la propuesta de una contrarreforma para adscribirla a la SEDENA, se acredita el engaño.
Hoy en día, la Corte tiene pendientes, al menos, los siguientes asuntos por resolver:
Acción de inconstitucionalidad 46/2016
Acción de inconstitucionalidad 62/2019
Acción de inconstitucionalidad 63/2019
Controversia constitucional número 85/2020
Controversia constitucional número 87/2020
Controversia constitucional número 91/2020
Amparo en revisión 282/2020
La SCJN tiene en sus manos una responsabilidad histórica de garantizar el orden constitucional por encima de intereses políticos, y con ello, demostrarle a la sociedad que México vive una verdadera división de poderes. Sin embargo, los tiempos en la demora por analizar los medios de control constitucional relativos al militarismo, hacen pensar que eso no será así. Habrá que esperar para ver si la Corte está a la altura del sistema democrático que requiere México, en un tema de la mayor importancia para el presente y el futuro del país.
