/ lunes 25 de julio de 2022

El periodista y la mañanera

Andrea Velasco Fuentes*

“Presidente, estoy firme y valiente, quiero saber quiénes son estos agresores”, dijo el periodista Rodolfo Montes al Presidente López Obrador el pasado miércoles 20 de julio en la mañanera. Afirma que sigue realizando su labor periodística, a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido por parte de personas que se identifican como miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación. Montes, de Quintana Roo, explicó que, en su momento, sí hubo una respuesta institucional y el 8 de julio el Mecanismo de Protección Federal lo extrajo del estado con escoltas. Desde entonces, ha sido trasladado a Tabasco, Veracruz, Puebla y Campeche. “Ando a salto de mata”, huyendo de sus agresores.

Esta semana, le avisaron que le retirarían la protección, por lo menos los escoltas. Su hija tuvo que salir del país para ponerla a salvo, y la medida no es para menos, recordando el reciente caso del periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz. Su semblante de angustia y desesperación refleja la situación de cientos de periodistas hoy en México. Los cinco minutos que duró su participación en la mañanera son más que suficientes para apuntar algunas reflexiones necesarias sobre la situación del gremio.

Primero, el caso nos recuerda al de la periodista Lourdes Maldonado de Tijuana, quien acudió a la mañanera en 2019 para solicitar protección, pues consideraba estar en peligro a raíz de un litigio con un actor político de alto perfil. A pesar de contar con la protección de la unidad estatal de Baja California y de haber dado aviso a la más alta autoridad del Ejecutivo, fue asesinada a inicios de este año. En síntesis, ocho personas beneficiarias del programa de protección han sido asesinadas.

A pesar de que el presupuesto del Mecanismo aumentó en este último ejercicio, pero esto no se ha traducido en más recursos humanos o una operación más eficiente o eficaz. Como ha apuntado en varias ocasiones Enrique Irazoque, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaria de Gobernación , en 2018 había 798 beneficiarios del Mecanismo, a la fecha éstos se han duplicado.

Segundo, los gobiernos estatales y municipales deben tener capacidad de respuesta para este tipo de situaciones. En el caso de Quintana Roo, se aprobó en 2015 una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, que debía formar el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta ley fue abrogada en 2017, sin ninguna legislación que la sustituyera.

Tercero, como se ha apuntado en informes, foros, mesas de discusión y denuncias públicas, los periodistas de terreno, de a pie, independientes, son los más vulnerables frente a este tipo de ataques; es frecuente que no cuenten con el respaldo de un medio de comunicación para hacer frente a este tipo de agresiones. La denostación casi diaria en las mañaneras y en distintos espacios por parte de funcionarios públicos hacia “los periodistas”, los hace más vulnerables, porque sus agresores se empoderan.

Finalmente, a pesar de mostrar solidaridad con Montes, el Presidente también indicó que “Aunque no les guste a los conservadores, el Estado ya no es el violador de los derechos humanos por excelencia, ya es otro tiempo”. Esto, a pesar de que el periodista indicó que tenía evidencia de que el agresor real era un funcionario público. El mismo Director del Mecanismo indicaba en un evento a inicios de mes que casi el 40% de las agresiones provienen de funcionarios públicos, principalmente estatales y municipales. No se puede atender el problema negando la realidad por motivos políticos. La exigencia ha llegado a niveles internacionales. No atenderla significará perder a más periodistas y, con ellos, nuestro derecho a la libertad de expresión e información.

*Investigadora del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE)

Andrea Velasco Fuentes*

“Presidente, estoy firme y valiente, quiero saber quiénes son estos agresores”, dijo el periodista Rodolfo Montes al Presidente López Obrador el pasado miércoles 20 de julio en la mañanera. Afirma que sigue realizando su labor periodística, a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido por parte de personas que se identifican como miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación. Montes, de Quintana Roo, explicó que, en su momento, sí hubo una respuesta institucional y el 8 de julio el Mecanismo de Protección Federal lo extrajo del estado con escoltas. Desde entonces, ha sido trasladado a Tabasco, Veracruz, Puebla y Campeche. “Ando a salto de mata”, huyendo de sus agresores.

Esta semana, le avisaron que le retirarían la protección, por lo menos los escoltas. Su hija tuvo que salir del país para ponerla a salvo, y la medida no es para menos, recordando el reciente caso del periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz. Su semblante de angustia y desesperación refleja la situación de cientos de periodistas hoy en México. Los cinco minutos que duró su participación en la mañanera son más que suficientes para apuntar algunas reflexiones necesarias sobre la situación del gremio.

Primero, el caso nos recuerda al de la periodista Lourdes Maldonado de Tijuana, quien acudió a la mañanera en 2019 para solicitar protección, pues consideraba estar en peligro a raíz de un litigio con un actor político de alto perfil. A pesar de contar con la protección de la unidad estatal de Baja California y de haber dado aviso a la más alta autoridad del Ejecutivo, fue asesinada a inicios de este año. En síntesis, ocho personas beneficiarias del programa de protección han sido asesinadas.

A pesar de que el presupuesto del Mecanismo aumentó en este último ejercicio, pero esto no se ha traducido en más recursos humanos o una operación más eficiente o eficaz. Como ha apuntado en varias ocasiones Enrique Irazoque, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaria de Gobernación , en 2018 había 798 beneficiarios del Mecanismo, a la fecha éstos se han duplicado.

Segundo, los gobiernos estatales y municipales deben tener capacidad de respuesta para este tipo de situaciones. En el caso de Quintana Roo, se aprobó en 2015 una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, que debía formar el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta ley fue abrogada en 2017, sin ninguna legislación que la sustituyera.

Tercero, como se ha apuntado en informes, foros, mesas de discusión y denuncias públicas, los periodistas de terreno, de a pie, independientes, son los más vulnerables frente a este tipo de ataques; es frecuente que no cuenten con el respaldo de un medio de comunicación para hacer frente a este tipo de agresiones. La denostación casi diaria en las mañaneras y en distintos espacios por parte de funcionarios públicos hacia “los periodistas”, los hace más vulnerables, porque sus agresores se empoderan.

Finalmente, a pesar de mostrar solidaridad con Montes, el Presidente también indicó que “Aunque no les guste a los conservadores, el Estado ya no es el violador de los derechos humanos por excelencia, ya es otro tiempo”. Esto, a pesar de que el periodista indicó que tenía evidencia de que el agresor real era un funcionario público. El mismo Director del Mecanismo indicaba en un evento a inicios de mes que casi el 40% de las agresiones provienen de funcionarios públicos, principalmente estatales y municipales. No se puede atender el problema negando la realidad por motivos políticos. La exigencia ha llegado a niveles internacionales. No atenderla significará perder a más periodistas y, con ellos, nuestro derecho a la libertad de expresión e información.

*Investigadora del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE)