La presentación que hizo el presidente Lopez Obrador del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024, dejó mudo a más de uno y con más dudas que expectativas, ¿se trataba del repositorio ideológico del Presidente? ¿la síntesis de las propuestas que anunció como presidente electo? ¿O como señala la Constitución, el documento rector del Estado que recoge aspiraciones y demandas de la sociedad expresadas en las consultas organizadas para tal efecto? A las víctimas, a los millones de víctimas, les dejó un sabor amargo en la boca.
Se de primera mano que quienes participaron en la consulta sobre eje “Justicia y el Estado de Derecho” del PND, reclamaron la desatención del Estado; el portazo a su esperanza de que este gobierno actuase de manera distinta, especialmente en la investigación y procuración de justicia, justicia y reparación integral del daño para las víctimas.
López Obrador llegó al gobierno con la exigencia y los reclamos de familiares de decenas miles de personas desaparecidas, la inmensa mayoría de manera forzada; de miles de desplazados por diversas causas, todas en un contexto de falta o deficiente gobernanza; los casos de tortura siguen a pesar de la buena Ley en la materia; y lo peor: cifras altísimas de homicidios dolosos, entre éstos, feminicidios y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos; somos un país caracterizado por una violencia generalizada.
El hoy Presidente de la República sabía el tamaño de la bronca; se lo señalaron y lo observó durante los 12 años de campaña en los que recorrió el país, y se lo recordaron durante las consultas del PND con soluciones basadas en cruentas experiencias.
Las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos siguen clamando justicia y reparación del daño; aplicación de una Ley con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.
Aunque se menciona en el Plan de la cuarta transformación que para emprender la construcción de la paz se promoverá la adopción de modelos de justicia transicional que garanticen los derechos a las víctimas, es muy contradictorio que esta forma la vincule con una expresión que le hemos oído repetidamente al Presidente: que los infractores se desarmen y se entreguen, se les proponga un cambio de vida e incluso se determinará si sus casos son merecedores de amnistía o indulto, claro, señalan, a condición del perdón de las víctimas.
El mensaje que las autoridades debiesen enviar, no sólo al infractor, sino también al resto de la sociedad, es que habrá sanción restrictiva al delito; de lo contrario, si no se castiga a quien transgrede la ley, el mensaje es lo que viene sucediendo: se puede asesinar sin consecuencias, es decir, no pasa nada.
Se promete un Consejo para la Construcción de la Paz, esperamos fundado en la Ley de Atención a Víctimas, las recomendaciones de la CNDH y de las Relatorías y Comités de Naciones Unidas, además en la legislación penal en diversas materias. Por lo pronto los discursos reflejan muy poco interés para atender los reclamos fundados.
México enfrenta violencia derivada de la inseguridad pública, las víctimas lo son por esta causa y los delincuentes gozan impunidad.
Ya que no lo señala el Plan Nacional de Desarrollo, habrá que ver cómo se concreta el Consejo referido que debe tener como objeto, reitero, la reparación integral de las víctimas, no al revés.
@angelicadelap
