Circuló video de una “visita” del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, con medios de comunicación, equipo del próximo gobierno y pobladores de Texcoco, algunos con machetes, a una propiedad privada al parecer proveedora de materiales para la construcción del nuevo aeropuerto.
Esta visita evidencia varias cuestiones. La primera es la determinación de la abogada de la empresa dueña del predio al enfrentar a este grupo encabezado por este señor que se ha visto muy enjundioso promoviendo que el aeropuerto internacional más importante del país se construya en Santa Lucía. La abogada les pidió salieran del predio, puesto que es una propiedad privada, y ante la prepotencia de este señor no se amedrentó.
Lo siguiente es que este exfuncionario de Miguel de la Madrid le pidió a la abogada las escrituras que constaten la propiedad de su representado. Sería importante que el equipo de López Obrador conozca la Constitución y los derechos y obligaciones que todas las personas tenemos; nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (art. 16).
Además de inaudito es increíble que un señor llegue con todo este grupo y amenace con su llegada como secretario a partir del 2 de diciembre y le conmine desde ahora a que tenga ¡de inmediato! todas las autorizaciones para explotar los bancos de material: “dígale al dueño que lo voy a citar”. Mayor extralimitación no puede haber. Bueno si, la próxima secretaria del Medio Ambiente, esa señora que cree en los aluxes, secundó a Jiménez Espriú respecto a que el 2 de diciembre requeriría información sobre ese predio.
Es una aspiración legítima de la sociedad contar con servidores públicos que cumplan los requisitos indispensables para el encargo al que se proponen. Los que señala la Constitución y las leyes orgánicas de cada administración pública. En la idoneidad que se requiere también es indispensable que conozcan los límites de su encargo, que desde el ámbito administrativo no pueden invadir las competencias de otros poderes u otras dependencias. Tampoco es una buena señal que públicamente, lo que denota fanfarronería, se amenace como lo hizo este señor. Ni siquiera ante una evidencia infraganti contra algunos asuntos del despacho de la SCT el secretario puede brincarse la ley: si hay una irregularidad, debe denunciar y probar su dicho. Y la autoridad judicial determinará el procedimiento: a priori, nada.
En su cruzada contra el NAIM tanto AMLO como su próximo secretario han revivido una bronca que no se observaba, tan es así que no sólo se aprobó el proyecto sino que tiene un desarrollo de construcción importante.
El ímpetu que denota la controversia emprendida por López Obrador contra ese proyecto, al que le va a dedicar recursos económicos y humanos para una consulta, es realmente absurda habiendo tantos problemas estructurales; por ejemplo, no vemos preocupación respecto a las minas de carbón o las minas a cielo abierto, cuyos dueños se mueven en total impunidad.
Estamos hartos de funcionarios prepotentes. Preocupa no haya los suficientes controles que le hagan frente a estas actitudes déspotas. Si éstos lo son antes de asumir el poder, vayámonos preparando para ponerlos en su lugar.
