En recuerdo de don Mario Vázquez Raña en el 88° aniversario de su nacimiento el pasado domingo.
Las cifras dadas a conocer diariamente por diversos gobiernos —entre ellos el nuestro— respecto de la pandemia de COVID-19 ofrecen muchos aspectos para su análisis, ya que la manera de presentar e interpretar la información hace posible sostener tesis favorables o desfavorables al gobierno, las cuales sirven para trasladar culpas, puesto que ningún gobierno —quizá con la excepción del chino— es responsable del surgimiento y expansión de la pandemia, y el éxito de su contención así como las consecuencias económicas de la política aplicada no pueden evaluarse a la luz de las cifras diarias sino hasta que, superada la emergencia, se efectúe el recuento de los daños, que serán muchos en todas partes y siempre habrá posibilidad de especular sobre lo que hubiera podido hacerse mejor, proposición nunca demostrable, ni siquiera por comparación con otros países, ya que las condiciones de cada uno son diferentes.
Con base en cifras reales, puede auspiciarse un juicio positivo o negativo, según interese a quien presenta la información. Por ejemplo, de acuerdo a los números reportados al 7 de junio en la página de Internet de BBC News hay varias maneras de colocar a México. Por el número absoluto de contagios registrados nuestro país se encuentra en el 16° lugar detrás de EE. UU., Brasil, Rusia, Reino Unido, India, España, Italia, Perú, Alemania, Irán, Turquía, Francia y Chile. Si queremos presentar una “conclusión” favorable a México diríamos que tenemos menos casos que Alemania, a lo que se replicaría que estamos en momentos diferentes de la evolución pandémica y el contraargumento sería que la población alemana es de dos tercios que la mexicana. Otra comparación más sostenible a favor de México sería con Perú que presenta 40% más casos que nosotros y tiene la cuarta parte de población. Si buscamos una comparación desfavorable, la hacemos con la India que reporta el doble de contagios que México, pero tiene diez veces su población.
Si recurrimos a la cantidad total de muertes, nuestro país se ubica en séptimo lugar, debajo de EE.UU., Reino Unido, Brasil, Italia, Francia y España. No obstante, el índice de mortalidad que relaciona la población con el número de fallecimientos, nos ubica en el lugar 24. Este ranking también tiene sus asegunes debido a que la lista incluye 6 microestados; al eliminarlos porque distorsionan mucho la equiparación, México queda en el lugar 18, mejor colocado que Bélgica, Suecia, Suiza, Holanda, Irlanda o Portugal. Hay, pues, números para todos los propósitos según se comparen contagios y decesos; la velocidad de transmisión; el promedio de muertes de la última semana; los muertos registrados en un solo día o los reportados en ese lapso, que son dos aspectos diferentes.
Si los datos sobre hechos acontecidos como contagios y fallecimientos se prestan a mil y una interpretaciones, mucho mayor margen de especulación surge a partir de las prospecciones sobre el desarrollo de la pandemia. Por eso quizá debería analizarse a fondo la necesidad y utilidad de difundir tales proyecciones que dan lugar a más interpretaciones sesgadas, por la natural imprecisión de una cifra que está sujeta a corroboración y si esta no ocurre, ello no necesariamente significa una falla al momento de realizarla, puesto que son muchas las variables que se modifican continuamente.
Valdría la pena, entonces, evaluar los efectos de la difusión de estimaciones que tienen un valor interno en el ámbito gubernamental para la toma de decisiones, pero que pueden alterar considerablemente las percepciones públicas. Parece conveniente revisar la utilidad real que puede tener para la sociedad en general el conocimiento de la posible evolución de un fenómeno como el actual y los impactos negativos del mismo. A favor de la difusión milita el hecho de que sirva como una advertencia al público sobre la gravedad de las consecuencias de no tomar determinadas medidas, pero también se propicia el uso político o económico interesado en hacer quedar mal a la autoridad o impulsar el mercado de determinados productos como el gel o las mascarillas. No se trata de favorecer el ocultamiento sino de valorar en su justa medida la utilidad de publicar datos requeridos para fundar la política a aplicar. Las normas existentes ya prevén que los elementos empleados en los procesos deliberativos gubernamentales internos no tienen por qué ser divulgados. Incluso, en situaciones extremas, es jurídicamente posible suspender derechos relacionados con la libre expresión y el libre flujo de información, cuando así lo requiera el bien mayor de la preservación colectiva. No es sencillo discernir con claridad sobre la utilidad social de la cantidad y calidad de la información en situaciones de emergencia. Por eso debe apreciarse la posición del gobierno mexicano y el de otros países, que se han decantado por la transparencia asumiendo de modo responsable sus efectos secundarios.
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