El presupuesto y el INE

@ebuendiaz

Esta semana la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 y lo remitió al pleno de dicha Cámara para su discusión y aprobación. En dicho dictamen se propone un recorte al presupuesto del INE por casi 5 mil millones de pesos.

Mientras se escribe esta columna, el pleno de la Cámara de Diputados está discutiendo el dictamen aprobado y, en consecuencia, el recorte todavía no es una realidad; sin embargo, es preocupante la decisión de la Comisión. Ello es así, ya que no hay razón escrita que motive la propuesta de disminución al presupuesto del INE. Además, las justificaciones que se han manifestado evidencian el desconocimiento de distintas normas, lo cual hace evidente que la decisión no tiene que ver con la austeridad sino con una clara intencionalidad política de colocar a la autoridad electoral en una situación adversa.

En principio, es importante explicar que el dinero que solicitó el INE para 2022 (24 mil 649 millones de pesos) se integra por 3 grandes rubros. El primero son las prerrogativas de los partidos políticos, cuyo monto asciende a 5 mil 821 millones. Ese dinero es consecuencia de una fórmula matemática que establece la Constitución. En otras palabras, es intocable. De ahí que el recorte planteado no aplica para este monto.

El segundo rubro es el presupuesto operativo del INE. El monto que fue solicitado asciende a 13 mil 084 millones de pesos. En dicho presupuesto se incluye el costo de la expedición de la credencial para votar y la actualización del padrón electoral (28.4% del total), el costo de la organización de los procesos electorales para 2022 (7.9% del total), así como el gasto de las 332 oficinas estatales y distritales del INE (26.8% del total). También involucra el dinero que se utiliza para el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores. Cualquier modificación a este presupuesto altera la operación ordinaria del Instituto

El tercer rubro tiene que ver con un presupuesto precautorio para la realización de la Revocación de Mandato y Consulta Popular. Recordemos que la realización de dichos ejercicios está sujeto al cumplimiento de diversos requisitos, por lo tanto, no es seguro que vayan a llevarse a cabo. Sin embargo, atendiendo a que la SCJN ordenó que el INE contemplara recursos para dichos ejercicios, se solicitaron 5 mil 743 millones de pesos (3 mil 830 millones de ellos destinados a una eventual Revocación de Mandato). Si no se realizan, deben devolverse esos recursos a la Tesorería de la Federación.

Es importante señalar que dicho monto garantiza que el INE cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales, particularmente las establecidas en la Ley Federal de Revocación de Mandato. También asegura que los derechos políticos de las y los ciudadanos se ejerzan de manera libre y voluntaria en los procedimientos de democracia directa.

En ese sentido están equivocados quienes afirman que el motivo del recorte se sustenta en que el INE no organizará un proceso electoral federal el próximo año. Para evidenciar el error, la Ley Federal de Revocación de Mandato obliga al INE a instalar un número similar a las casillas que operaron en la jornada electoral del 6 de junio pasado (más de 161 mil) y para lograrlo, es necesario contar con ciudadanas y ciudadanos debidamente capacitados para recibir y contabilizar las opiniones de más de 92 millones de mexicanas y mexicanos. Para ello, el INE planea visitar los domicilios de más de 12 millones de personas para determinar el universo de integrantes de las casillas. Si eso no es un proceso electoral entonces qué es.

También se equivocan quienes señalan que el INE tiene múltiples fideicomisos y puede tomarse de ahí el dinero que será recortado. Lo erróneo es que solamente son 2 (infraestructura inmobiliaria y pasivo laboral) y tienen un fin específico que no puede ser alterado. Hacerlo implicaría violar la ley y generar responsabilidades administrativas y penales. Además, el dinero disponible es el 13% de lo que se pretende recortar, esto es, no hay forma de que ese dinero cubra los costos que genera la organización de una Revocación de Mandato y una Consulta Popular.

El INE ha transparentado muchas veces las razones que justifican su Presupuesto. Incluso el Consejero Presidente acudió el viernes pasado a la Cámara de Diputados a explicar a las y los legisladores los montos y las razones que lo justifican. No hay omisiones en ese sentido.

El debilitamiento de nuestras instituciones se configura también cuando no se les dota de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. En este caso, la austeridad mal entendida terminará vulnerando la posibilidad de todas y todos para ejercer nuestros derechos políticos y eso nos puede salir muy caro.

*Jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.