/ jueves 28 de noviembre de 2019

El presupuesto y la seguridad

Yo coincido plenamente con la afirmación que ha hecho el Doctor Raúl Contreras Bustamante, Directo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sentido de que el presupuesto debe ser ante todo un mecanismo de justicia social y desarrollo; lo que no ha pasado con el que acaba de aprobar la Cámara de Diputados donde se observa un crecimiento en la asignación de dinero a los programas de carácter social y una disminución en el caso de los organismos autónomos. En efecto, se dota de menos recursos, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República y uno se pregunta asombrado cómo es posible esto en un país agobiado por la violencia y la inseguridad.


Ahora bien, los programas de carácter social son sin duda fundamentales para el desarrollo económico del país que es inconcebible sin una base de seguridad, paz y tranquilidad, hoy por hoy dramáticamente ausentes del entorno social de la República. Añádase que esos programas, dadas las condiciones por las que atraviesa México, son de largo plazo; siendo en cambio de corto, urgente e inmediato plazo la averiguación de los crímenes y su consignación, si procede, ante la autoridad judicial. Bien se sabe que en términos generales el gobierno actual es enemigo de combatir la violencia con violencia. Sin embargo el Ministerio Público no es de suyo violento, no tiene por qué serlo. Su responsabilidad constitucional es clara. Averiguar, esclarecer la responsabilidad en la comisión de los delitos. En tal virtud la Fiscalía General de la República tiene un papel de excepcional importancia en el Estado de Derecho. Sin su intervención ningún juez podría invocar pena alguna para el infractor de la ley, garantizándose así que la función punitiva del Estado opere con eficacia. Pero lo que digo requiere una infraestructura múltiple: policía capacitada; medios materiales suficientes; laboratorios periciales, de criminalística y de criminología. Y ello contrastado con el enorme poder de recursos que tiene la delincuencia. Olvidarlo es enfrentarse a un gigante con los medios casi ridículos de un enano. En tal virtud se ha pasado por alto en el presupuesto la situación real de violencia por la que atraviesa México. Y se ha ignorado que no hay progreso económico posible en medio de un torbellino de inseguridad. Cómo no admitir la imperiosa necesidad de fortalecer e impulsar los programas de carácter social. Lo extraño, por decir lo menos, es que en ellos no se incluya la procuración de justicia, que es en sí un programa de carácter social excepcional. A saber, indagar los posibles delitos con el propósito de evitar su comisión e incitar con la fuerza del Derecho y de la verdad, de la evidencia, la participación de la justicia mediante el proceso penal. ¿Cómo ignorarlo? ¿Cómo desdeñarlo? Es absurdo teniendo en cuenta las circunstancias. Es de igual manera una lamentable falta de visión política, social y jurídica en un país que está en una “recesión económica técnica” de acuerdo con datos proporcionados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Qué trabajo les cuesta a algunos entender que la paz y tranquilidad sociales son los presupuestos imprescindibles del desarrollo económico. Lamentable, en suma, que a la Fiscalía General de la República se le reduzcan los recursos para cumplir con su elevada tarea constitucional y política; lo que ayuda evidentemente a que los delincuentes, que hoy tienen en jaque al país, se enfrenten con mayor fuerza al poder del Estado.


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Ahora bien, los programas de carácter social son sin duda fundamentales para el desarrollo económico del país que es inconcebible sin una base de seguridad, paz y tranquilidad, hoy por hoy dramáticamente ausentes del entorno social de la República. Añádase que esos programas, dadas las condiciones por las que atraviesa México, son de largo plazo; siendo en cambio de corto, urgente e inmediato plazo la averiguación de los crímenes y su consignación, si procede, ante la autoridad judicial. Bien se sabe que en términos generales el gobierno actual es enemigo de combatir la violencia con violencia. Sin embargo el Ministerio Público no es de suyo violento, no tiene por qué serlo. Su responsabilidad constitucional es clara. Averiguar, esclarecer la responsabilidad en la comisión de los delitos. En tal virtud la Fiscalía General de la República tiene un papel de excepcional importancia en el Estado de Derecho. Sin su intervención ningún juez podría invocar pena alguna para el infractor de la ley, garantizándose así que la función punitiva del Estado opere con eficacia. Pero lo que digo requiere una infraestructura múltiple: policía capacitada; medios materiales suficientes; laboratorios periciales, de criminalística y de criminología. Y ello contrastado con el enorme poder de recursos que tiene la delincuencia. Olvidarlo es enfrentarse a un gigante con los medios casi ridículos de un enano. En tal virtud se ha pasado por alto en el presupuesto la situación real de violencia por la que atraviesa México. Y se ha ignorado que no hay progreso económico posible en medio de un torbellino de inseguridad. Cómo no admitir la imperiosa necesidad de fortalecer e impulsar los programas de carácter social. Lo extraño, por decir lo menos, es que en ellos no se incluya la procuración de justicia, que es en sí un programa de carácter social excepcional. A saber, indagar los posibles delitos con el propósito de evitar su comisión e incitar con la fuerza del Derecho y de la verdad, de la evidencia, la participación de la justicia mediante el proceso penal. ¿Cómo ignorarlo? ¿Cómo desdeñarlo? Es absurdo teniendo en cuenta las circunstancias. Es de igual manera una lamentable falta de visión política, social y jurídica en un país que está en una “recesión económica técnica” de acuerdo con datos proporcionados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Qué trabajo les cuesta a algunos entender que la paz y tranquilidad sociales son los presupuestos imprescindibles del desarrollo económico. Lamentable, en suma, que a la Fiscalía General de la República se le reduzcan los recursos para cumplir con su elevada tarea constitucional y política; lo que ayuda evidentemente a que los delincuentes, que hoy tienen en jaque al país, se enfrenten con mayor fuerza al poder del Estado.


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