/ martes 7 de julio de 2020

El procedimiento a Emilio Lozoya

Emilio Lozoya no litigará su extradición de España a México, nos dicen, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República. Ahora, nos hablará de sus cómplices, los superiores e inferiores jerárquicos que estuvieron involucrados en los presuntos actos de corrupción que le atribuyen. Hay que entender un poco el procedimiento legal, que presuntamente llevará Lozoya, para imaginarnos el resultado.


Los acuerdos entre acusados y las fiscalías son comunes en México y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, llama la atención un acuerdo entre un prófugo de la justicia y la fiscalía. En general, los fiscales desconfían de la información que pueda brindar alguien que huyó, se opuso a la extradición y en un giro inesperado decide colaborar. Podríamos decir que Emilio Lozoya es algo inestable en cuanto a su postura frente a la ley. Esta es una cuestión con la que tendrá que lidiar la fiscalía.


Emilio Lozoya llegará a México en las siguientes semanas. Ya aquí, él se enfrentará a un juez penal, en las mismas condiciones que cualquier acusado. No puede haber un acuerdo ni trato hasta que la fiscalía le haga una acusación formal ante un juez. Él tiene que saber quién lo acusa y de qué lo acusan. Después de esto, es muy posible que la fiscalía pida prisión preventiva justificada o domiciliaria, no se puede obviar que se fugó del país y que podría volver a suceder. Se insiste en que su comportamiento es un tanto errático.


Los jueces pueden decidir si la acusación es válida o no. Ojalá que la Fiscalía General de la República no se confié y prepare bien esa audiencia. Nadie quiere sorpresas desagradables, en una historia que ha dado muchos giros en menos de 3 años. Una vez que se considere válida la acusación, ya se puede hablar de que Emilio Lozoya accederá un procedimiento abreviado. Para ello, deberá suceder lo siguiente.


Lozoya deberá estar informado de sus derechos constitucionales, ya sabrá quién lo acusa y de qué lo acusa, aceptará su participación en los hechos y renunciará a su derecho a ser juzgado ante un tribunal de juicio oral. Así las cosas, recibirá una condena menor a la que podría haber obtenido conforme a la ley. Las personas acusadas de un delito no tienen un derecho humano a acceder al procedimiento abreviado. El Estado debe tener alguna razón para darle acceso a este procedimiento. Aquí se estima que además de narrar su participación en actos de corrupción millonarios, nos dirá a dónde fue a parar ese dinero, lo cual puede involucrar hasta el expresidente Peña Nieto, exgobernadores u otros políticos -en este momento no lo sabemos, solo especulamos-. En efecto, el testimonio de Lozoya tiene que ser apto para esclarecer los hechos que se le atribuyen a éste y descubrir algunos que desconoce la Fiscalía General de la República -o- que no puede acreditar y solo tiene sospechas. Así, con el testimonio de Lozoya ya se podrían probar ante un juez.


En México, es muy afortunada la experiencia del juico abreviado a ras de piso. Sin embargo, en los grandes casos no lo es. En el asunto de Javier Duarte o Javidú todo acabó mal. El proceso decepcionó a la sociedad, el monto de reparación del daño fue irrisorio (no más de 70 mil pesos aproximadamente) y no hubo información a cambio, mas adelante se supo que el procedimiento judicial tuvo condiciones políticas. Esperemos que esta vez no sea así.



Doctor en derecho

@jangulonobara

Emilio Lozoya no litigará su extradición de España a México, nos dicen, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República. Ahora, nos hablará de sus cómplices, los superiores e inferiores jerárquicos que estuvieron involucrados en los presuntos actos de corrupción que le atribuyen. Hay que entender un poco el procedimiento legal, que presuntamente llevará Lozoya, para imaginarnos el resultado.


Los acuerdos entre acusados y las fiscalías son comunes en México y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, llama la atención un acuerdo entre un prófugo de la justicia y la fiscalía. En general, los fiscales desconfían de la información que pueda brindar alguien que huyó, se opuso a la extradición y en un giro inesperado decide colaborar. Podríamos decir que Emilio Lozoya es algo inestable en cuanto a su postura frente a la ley. Esta es una cuestión con la que tendrá que lidiar la fiscalía.


Emilio Lozoya llegará a México en las siguientes semanas. Ya aquí, él se enfrentará a un juez penal, en las mismas condiciones que cualquier acusado. No puede haber un acuerdo ni trato hasta que la fiscalía le haga una acusación formal ante un juez. Él tiene que saber quién lo acusa y de qué lo acusan. Después de esto, es muy posible que la fiscalía pida prisión preventiva justificada o domiciliaria, no se puede obviar que se fugó del país y que podría volver a suceder. Se insiste en que su comportamiento es un tanto errático.


Los jueces pueden decidir si la acusación es válida o no. Ojalá que la Fiscalía General de la República no se confié y prepare bien esa audiencia. Nadie quiere sorpresas desagradables, en una historia que ha dado muchos giros en menos de 3 años. Una vez que se considere válida la acusación, ya se puede hablar de que Emilio Lozoya accederá un procedimiento abreviado. Para ello, deberá suceder lo siguiente.


Lozoya deberá estar informado de sus derechos constitucionales, ya sabrá quién lo acusa y de qué lo acusa, aceptará su participación en los hechos y renunciará a su derecho a ser juzgado ante un tribunal de juicio oral. Así las cosas, recibirá una condena menor a la que podría haber obtenido conforme a la ley. Las personas acusadas de un delito no tienen un derecho humano a acceder al procedimiento abreviado. El Estado debe tener alguna razón para darle acceso a este procedimiento. Aquí se estima que además de narrar su participación en actos de corrupción millonarios, nos dirá a dónde fue a parar ese dinero, lo cual puede involucrar hasta el expresidente Peña Nieto, exgobernadores u otros políticos -en este momento no lo sabemos, solo especulamos-. En efecto, el testimonio de Lozoya tiene que ser apto para esclarecer los hechos que se le atribuyen a éste y descubrir algunos que desconoce la Fiscalía General de la República -o- que no puede acreditar y solo tiene sospechas. Así, con el testimonio de Lozoya ya se podrían probar ante un juez.


En México, es muy afortunada la experiencia del juico abreviado a ras de piso. Sin embargo, en los grandes casos no lo es. En el asunto de Javier Duarte o Javidú todo acabó mal. El proceso decepcionó a la sociedad, el monto de reparación del daño fue irrisorio (no más de 70 mil pesos aproximadamente) y no hubo información a cambio, mas adelante se supo que el procedimiento judicial tuvo condiciones políticas. Esperemos que esta vez no sea así.



Doctor en derecho

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