En vísperas de la entrega del Paquete Económico 2019, se escuchan las voces en San Lázaro reiterando que el Ramo 23 debe desaparecer.
Este Ramo ha estado en el centro de diferentes escándalos, desde los famosos moches a Diputados hasta los programas de entrega de subsidios a gobiernos locales sin reglas de operación. Es evidente que la planeación y asignación de los programas que se operan dentro de éste responden más a criterios políticos que a diagnósticos serios de política pública. ¿Pero es ésta una razón para desaparecerlo? ¿Es ésa la solución?
El Ramo 23 fue creado para administrar fondos de contingencias (finales de los 90), como una buena práctica que tienen diversos países de contar con una reserva para atender eventos inesperados y no afectar todo el ejercicio presupuestario con éstos. Lamentablemente, la falla de origen es que nunca se reguló dicha vocación y se ha permitido que la administración de estos fondos sea opaca.
Con el paso del tiempo sus funciones se ampliaron al no tener un objetivo explícitamente definido. La discrecionalidad que su falta de regulación permite ha resultado conveniente para los gobiernos en turno. Además de administrar de manera opaca los fondos de contingencia -como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Desastres Naturales- el Gobierno federal desde hace aproximadamente diez años también transfiere subsidios a gobiernos locales, con frecuencia para premiar o castigar, en función de la simpatías políticas.
Otra deficiencia de las transferencias es la debilidad de sus convenios. La propia Auditoría (ASF) ha señalado que los convenios a través de los cuales se entregan los recursos de los programas más discrecionales de este Ramo a los estados no tienen un diseño apropiado; no establecen condiciones suficientes para promover la obtención de resultados.
Así, 30% del aumento en los ingresos tributarios entre 2014-2017 derivados de la Reforma Hacendaria y los impuestos a las gasolinas, se gastó en tres programas de transferencias a gobiernos locales, sin criterios de asignación. El Congreso aprobó un presupuesto total de 22 mil millones de pesos para estos programas de 2013 a 2017. Sin embargo, se gastaron 318 mil millones de pesos, 14 veces más de lo aprobado.
Tener un fondo para utilizar en caso de imprevistos, no es una mala idea, al contrario. Pero, se debe respetar y regular su espíritu como tal. Es necesario recolocar al Ramo 23 en su objetivo inicial, como un instrumento para administrar y ejercer recursos de los fondos de contingencia. El propio Ramo 23 y cada uno de sus fideicomisos deben contar con medidas adecuadas de transparencia y rendición de cuentas, como hacer públicos de manera periódica todos sus estados financieros.
La política de transferencias a los gobiernos locales es inercial y prácticamente no incorpora incentivos o premios a las buenas prácticas ni al buen desempeño de los gobiernos locales. Alrededor del 60% de nuestro gasto federalizado son transferencias etiquetadas para uso específico. En EU este indicador es de más del 90%.
Los convenios bien diseñados y regulados podrían subsanar este problema al incluir monitoreo de indicadores y evaluación de resultados. Es fundamental también asegurar que los recursos se vayan a proyectos de infraestructura con una adecuada planeación. Para eso es necesario generar una lista de proyectos de inversión, con un ranking de los mismos en función de su socio-rentabilidad.
Más que eliminar el Ramo 23 –para lo cual habría que transferir sus programas de subsidios a otros Ramos- pensemos en regularlo correctamente para administrar los fondos de reserva con transparencia y rendición de cuentas.
Coordinadora del programa de presupuesto
y rendición de cuentas en México
Evalúa.