La Constitución Política establece como principio la Paridad en Todo, mujeres y hombres mitad y mitad. Todo el ámbito público debe regirse por este principio constitucional. Paridad en todo, no en éste ámbito sí, pero en aquél no.
El gran reto es esquivar los obstáculos que se le ponen a las mujeres para evitar ocupen espacios de decisión y de poder igualitariamente, en las mismas condiciones que los hombres; y desde este enfoque el Consejo General del INE aprobó Los Criterios de Paridad para Gubernaturas señalando que este principio no tendría que excluirse de cumplimiento respecto de las candidaturas a las gubernaturas y ordena que todos los partidos deben proponer como candidatas cuando menos en 7 de las 15 gubernaturas que se disputarán el 6 de junio de 2021; sin embargo el PAN impugnó esta resolución, y la Mesa directiva del Senado hizo lo propio.
Es conocida la pretensión del Sen. Monreal, jefe de la bancada de Morena, de impulsar a sus candidatos en algunos estados; y no dudo que por eso influyó para excluir del dictamen de esta importante reforma constitucional, a las candidaturas para las gubernaturas so pretexto son “unipersonales”. Sin embargo el INE remonta este deplorable historia de exclusión de las mujeres en las candidaturas a las gubernaturas reconociendo existe una deuda histórica para garantizar la participación de las mujeres, tan es así que sólo hemos tenido 9 gobernadoras en toda la historia.
Hoy está en discusión en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estas impugnaciones. Ojalá no se ceda a las presiones de quienes se oponen y se valore la progresividad de los derechos humanos políticos de las mujeres. Porque la verdad, es muy desgastante constatar cómo hombres en el poder, aún con la paridad en todo, siguen evidenciando animadversión al hecho de que mujeres compitan por una gubernatura.
Mientras el Tribunal Electoral nos tienen en estado de alerta, algunas mujeres enfrentan obstáculos que reproducen el viejo sistema en donde el Ejecutivo estatal se arroga el derecho para decidir a su sucesor. Es el caso de Maru Campos, Alcaldesa de Chihuahua, quién ha sido acusada por corrupción por el Gobernador de su propio partido, y ha emprendido un litigio ante los medios de comunicación para juzgar a la Alcaldesa Campos e imposibilitarla a que sea candidata.
Maru tuvo que promover un Amparo en donde el juez concede la suspensión provisional de toda la campaña de desprestigio en contra de ella y le ordena al Gobernador Javier Corral, al secretario general de gobierno, al fiscal general y la fiscal anticorrupción, se abstengan de emitir un juicio ante la sociedad que contribuya a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de la Alcaldesa, en lo relativo al hecho del que le acusa el Gobernador. Mucho se puede decir respecto a los métodos usados para incriminarla con el objeto de que retire su pretensión legítima de ser candidata al gobierno estatal, pero el juez que la amparó señala que nadie puede atentar contra el honor de una persona haciendo exactamente lo contrario al debido proceso legal y a la presunción de inocencia.
Esperaríamos conforme a derecho, que esta transición de las mujeres a los espacios de poder, que siempre han ocupado los hombres con cemento androcéntrico y misógino, fuesen más pacíficos.
