Por Estefanía López Mendoza, investigadora de Causa en Común
¿Cuál es el camino del activismo en México? Militancia cargada de compromiso social, el ejercicio del activismo en favor de la defensa de derechos y libertades en el país, se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Tan solo el pasado 21 de mayo la abogada penalista y activista en favor de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia, Cecilia Monzón Pérez, fue asesinada al interior de su vehículo por sujetos armados, quienes dispararon en 6 ocasiones contra la activista tras perseguirla en el Camino Real a Cholula, Puebla.
Este terrible evento no es un hecho aislado, sino que es una muestra del peligro que conlleva la búsqueda de justicia y la defensa de libertades en ámbitos sociales, políticos, económicos, e incluso ambientales en el país. Causa en Común -en el estudio titulado Galería del horror: Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios- registró 29 asesinatos de defensores de derechos en el año 2020; 17 en 2021; y en lo que va de enero a abril de 2022, dio cuenta de al menos 6 asesinatos de defensores de derechos a nivel nacional, dando un total de 53 pérdidas con los hechos ocurridos el sábado.
Si bien el gobernador de Puebla afirmó que ningún acto de violencia contra las mujeres quedaría sin atención ni permanecería en la impunidad, se tiene conocimiento que Cecilia Monzón -quien denunció una serie de amenazas contra su vida debido a su labor- había solicitado un mecanismo de protección a las autoridades; y tan solo un día antes de ser asesinada acudió a la Fiscalía para saber por qué razón este no había sido aplicado. En las primeras declaraciones se dijo que Monzón no había recibido protección alguna; sin embargo, días más tarde el fiscal declaró ante la prensa que las medidas cautelares sí habían sido otorgadas, mas no pudo dar información sobre la fecha de implementación de las mismas.
Este asesinato es también un reflejo de la incapacidad –ya sea por omisión o por deficiencia de elementos y presupuesto- con la que operan las fiscalías estatales al momento de brindar protección (e incluso justicia) a las víctimas de este tipo de delitos. De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021, Puebla se encuentra entre las últimas posiciones –con un puntaje de 36 de 100- en el desempeño de procuración de justicia a nivel nacional. A su vez, la probabilidad de que las fiscalías de este estado esclarezcan un delito es de 0.76%, junto con un 14.2% de efectividad, y un índice de confianza de 6.2%.
Es de resaltar que la tasa de fiscales y agentes del Ministerio Público en Puebla es de 215% por cada 100 mil habitantes. Este dato revela que en Puebla hay una abundancia de agentes y fiscalías que no otorgan justicia a las víctimas; es decir, no puede decirse que la falta de un mecanismo de protección a Cecilia se debió a falta de personal. Esta omisión confirma que el activismo en el país es una carrera de alto riesgo, porque permanece en un ciclo de injusticia en el que los defensores de derechos son abandonados por las instituciones en la opacidad y la impunidad.
En última instancia, las víctimas de estos ataques se enfrentan a una constante revictimización en la que se busca inculpar y justificar sus pérdidas con mensajes que relacionan causalmente su obrar con el abuso que sufren. Tal es el caso de las declaraciones del presidente en la conferencia de prensa al señalar que el asesinato de Cecilia Monzón “fue un ajusticiamiento”.
