/ viernes 30 de julio de 2021

El Tren Maya y el mito del desarrollismo

Por: Armando Van Rankin

Un lente perspicaz para entender a las sociedades, los territorios y los conflictos es el de las relaciones sociales de propiedad. En otras palabras, se trata de comprender cómo las sociedades organizan el acceso a los medios de subsistencia y legitiman formas de poder político.

En México, la formación del Estado moderno integró distintos regímenes de propiedad de acuerdo a la heterogeneidad del espacio: desde el modelo capitalista de sustitución de importaciones, hasta la sobrevivencia del ejido como una forma comunitaria de compartir los recursos. A lo largo de los años, distintos factores han redefinido estos espacios y las relaciones sociales alrededor de ellos: la urbanización, el narcotráfico, la infraestructura, el libre comercio, etc. Los conflictos de clase pueden ser leídos como estrategias y resistencias de estas renegociaciones del espacio y del poder.

El proyecto del Tren Maya -impulsado por la 4T- está sustentado en el discurso de atraer inversiones para reducir la pobreza en el sureste mexicano. Sin embargo, esta agenda desarrollista, al renegociar las relaciones sociales de propiedad, puede potencialmente desencadenar una crisis de violencia en territorios con gran valor ecológico, histórico y cultural. Identifico estas dos variables como posibles detonadoras de conflicto:

  • Privatización y despojo del ejido: los parámetros actuales promovidos por Fonatur señalan que las comunidades ejidales cederían sus tierras a un fideicomiso que contará con certificaciones bursátiles cuyas acciones podrán ser adquiridas por inversionistas. Esto consiste de facto en la introducción de espacios precapitalistas a la especulación del mercado inmobiliario. Distintos casos de estudio en la economía política abordan cómo a partir de reformas agrarias, guerras civiles o proyectos de infraestructura emergen grupos paramilitares que aceleran el proceso de privatización mediante prácticas violentas de despojo que vulneran al tejido social.
  • Precarización del trabajo: dentro de los ejidos, los medios de subsistencia siguen dependiendo en gran medida del autoconsumo. La llegada de capitales a estas regiones obligará a sus habitantes a emplearse en trabajos asalariados desvinculados de las actividades agrarias, precarios y con escasos derechos laborales estructurados para acumular capital. La desruralización y la urbanización descontrolada tendrá consecuencias inevitables para el medio ambiente y la reconfiguración de relaciones de poder de estos territorios.

La integración de herramientas de la economía política permite identificar posibles consecuencias ambientales, económicas y de seguridad y ponen en tela de juicio al paradigma desarrollista.

Por: Armando Van Rankin

Un lente perspicaz para entender a las sociedades, los territorios y los conflictos es el de las relaciones sociales de propiedad. En otras palabras, se trata de comprender cómo las sociedades organizan el acceso a los medios de subsistencia y legitiman formas de poder político.

En México, la formación del Estado moderno integró distintos regímenes de propiedad de acuerdo a la heterogeneidad del espacio: desde el modelo capitalista de sustitución de importaciones, hasta la sobrevivencia del ejido como una forma comunitaria de compartir los recursos. A lo largo de los años, distintos factores han redefinido estos espacios y las relaciones sociales alrededor de ellos: la urbanización, el narcotráfico, la infraestructura, el libre comercio, etc. Los conflictos de clase pueden ser leídos como estrategias y resistencias de estas renegociaciones del espacio y del poder.

El proyecto del Tren Maya -impulsado por la 4T- está sustentado en el discurso de atraer inversiones para reducir la pobreza en el sureste mexicano. Sin embargo, esta agenda desarrollista, al renegociar las relaciones sociales de propiedad, puede potencialmente desencadenar una crisis de violencia en territorios con gran valor ecológico, histórico y cultural. Identifico estas dos variables como posibles detonadoras de conflicto:

  • Privatización y despojo del ejido: los parámetros actuales promovidos por Fonatur señalan que las comunidades ejidales cederían sus tierras a un fideicomiso que contará con certificaciones bursátiles cuyas acciones podrán ser adquiridas por inversionistas. Esto consiste de facto en la introducción de espacios precapitalistas a la especulación del mercado inmobiliario. Distintos casos de estudio en la economía política abordan cómo a partir de reformas agrarias, guerras civiles o proyectos de infraestructura emergen grupos paramilitares que aceleran el proceso de privatización mediante prácticas violentas de despojo que vulneran al tejido social.
  • Precarización del trabajo: dentro de los ejidos, los medios de subsistencia siguen dependiendo en gran medida del autoconsumo. La llegada de capitales a estas regiones obligará a sus habitantes a emplearse en trabajos asalariados desvinculados de las actividades agrarias, precarios y con escasos derechos laborales estructurados para acumular capital. La desruralización y la urbanización descontrolada tendrá consecuencias inevitables para el medio ambiente y la reconfiguración de relaciones de poder de estos territorios.

La integración de herramientas de la economía política permite identificar posibles consecuencias ambientales, económicas y de seguridad y ponen en tela de juicio al paradigma desarrollista.