/ martes 25 de agosto de 2020

El tribunal de las filtraciones

El señor Emilio Lozoya Austin, también conocido como Emilio L. o ELA, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto. La denuncia generó mucha expectación en la sociedad mexicana: ¿quienes estarán involucrados? ¿cuáles serán los hechos? ¿cómo se operaba semejante red de corrupción? La pregunta más importante era: ¿cómo procedería la fiscalía general de la República? La sociedad creía que pasarían meses o años para conocer las respuestas, dados los tiempos que lleva la procuración y la administración de justicia.


Al poco tiempo de que se presentó la denuncia se filtró un video. Allí se podía observar a dos servidores públicos, de la Cámara de Senadores, trasladando maletas de dinero. La persona que los grabó no se observa y tiene la voz distorsionada. Aquí nos deberíamos de preguntar: ¿cuándo sucedió ese hecho? ¿qué se está pagando? ¿quién paga y por qué ? No se sabe. Todo queda en el ámbito de la especulación y, válidamente se puede presumir que hay un acto ilícito allí. Por lo menos, se puede decir que hubo una o varias personas que tienen asuntos pendientes con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Tribunal de las Filtraciones acusó y sentenció a esas dos personas de estar relacionadas con el caso de Emilio Lozoya. Sin embargo, eso no está tan claro, veamos: nuestra ignorancia respecto de la fecha de ese video, nuestras lagunas de qué se pagaba y la interrogante de quién pagó, no nos permiten llegar a afirmaciones conclusivas. Esos individuos podrían estar llevando a cabo cualquier conducta ilícita, relacionada o no con los hechos que denunció Emilio Lozoya Austin. Lo que también es cierto es que en el Tribunal de las Filtraciones esas dos personas ya están condenadas, y que difícilmente se llegará a una sentencia emitida por un tribunal (constitucional y legalmente válido), y a una condena que sancione los probables hechos de corrupción. Las cosas se quedarán en el tribunal de la opinión pública.


El Tribunal de las Filtraciones no acababa de emitir sentencia respecto del video ya mencionado, cuando se filtró la denuncia que se había presentado ante la Fiscalía General de la República. Ahora, ya sabíamos a quien acusaba y de que se les acusaba. Entre 16 y 17 personas son mencionadas en un texto mal redactado (da un poco de pena ajena) y con pasajes inverosímiles o de realismo mágico como el Ferrari de López Mateos. En verdad, que solo les faltó nombrar el arma de cargo, el fuete y la silla de montar de Maximino Ávila Camacho.


En México necesitamos justicia constitucional y legalmente válida. Necesitamos rebasar al tribunal de la opinión pública para llegar a la justicia que tanto necesita el pueblo de México. Las redes de corrupción deben ser desarticuladas y los responsables deben ser sancionados. No nos podemos quedar en la dimensión del señalamiento social. La justicia que requerimos atraviesa por investigaciones sólidas, evitar las filtraciones, que se sigan las reglas que indica el Código Nacional de Procedimientos Penales, que los responsables enfrenten un juicio justo y, sobretodo, que se repare el daño económico al Estado mexicano. Esperemos que la fiscalía general de la República arme un caso sólido y obtenga sentencias condenatorias en contra de los servidores públicos corruptos. En caso contrario, esos hechos quedarán impunes y, con ello, continuarán los incentivos para la corrupción.

El señor Emilio Lozoya Austin, también conocido como Emilio L. o ELA, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto. La denuncia generó mucha expectación en la sociedad mexicana: ¿quienes estarán involucrados? ¿cuáles serán los hechos? ¿cómo se operaba semejante red de corrupción? La pregunta más importante era: ¿cómo procedería la fiscalía general de la República? La sociedad creía que pasarían meses o años para conocer las respuestas, dados los tiempos que lleva la procuración y la administración de justicia.


Al poco tiempo de que se presentó la denuncia se filtró un video. Allí se podía observar a dos servidores públicos, de la Cámara de Senadores, trasladando maletas de dinero. La persona que los grabó no se observa y tiene la voz distorsionada. Aquí nos deberíamos de preguntar: ¿cuándo sucedió ese hecho? ¿qué se está pagando? ¿quién paga y por qué ? No se sabe. Todo queda en el ámbito de la especulación y, válidamente se puede presumir que hay un acto ilícito allí. Por lo menos, se puede decir que hubo una o varias personas que tienen asuntos pendientes con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Tribunal de las Filtraciones acusó y sentenció a esas dos personas de estar relacionadas con el caso de Emilio Lozoya. Sin embargo, eso no está tan claro, veamos: nuestra ignorancia respecto de la fecha de ese video, nuestras lagunas de qué se pagaba y la interrogante de quién pagó, no nos permiten llegar a afirmaciones conclusivas. Esos individuos podrían estar llevando a cabo cualquier conducta ilícita, relacionada o no con los hechos que denunció Emilio Lozoya Austin. Lo que también es cierto es que en el Tribunal de las Filtraciones esas dos personas ya están condenadas, y que difícilmente se llegará a una sentencia emitida por un tribunal (constitucional y legalmente válido), y a una condena que sancione los probables hechos de corrupción. Las cosas se quedarán en el tribunal de la opinión pública.


El Tribunal de las Filtraciones no acababa de emitir sentencia respecto del video ya mencionado, cuando se filtró la denuncia que se había presentado ante la Fiscalía General de la República. Ahora, ya sabíamos a quien acusaba y de que se les acusaba. Entre 16 y 17 personas son mencionadas en un texto mal redactado (da un poco de pena ajena) y con pasajes inverosímiles o de realismo mágico como el Ferrari de López Mateos. En verdad, que solo les faltó nombrar el arma de cargo, el fuete y la silla de montar de Maximino Ávila Camacho.


En México necesitamos justicia constitucional y legalmente válida. Necesitamos rebasar al tribunal de la opinión pública para llegar a la justicia que tanto necesita el pueblo de México. Las redes de corrupción deben ser desarticuladas y los responsables deben ser sancionados. No nos podemos quedar en la dimensión del señalamiento social. La justicia que requerimos atraviesa por investigaciones sólidas, evitar las filtraciones, que se sigan las reglas que indica el Código Nacional de Procedimientos Penales, que los responsables enfrenten un juicio justo y, sobretodo, que se repare el daño económico al Estado mexicano. Esperemos que la fiscalía general de la República arme un caso sólido y obtenga sentencias condenatorias en contra de los servidores públicos corruptos. En caso contrario, esos hechos quedarán impunes y, con ello, continuarán los incentivos para la corrupción.