La impartición de justicia es uno de los monopolios más importantes y trascendentales con que cuenta el Estado mexicano.
Dar a quien tiene la razón y buscar equilibrar relaciones sociales que por naturaleza son inequitativas y desiguales no es una labor sencilla.
Y ello cobra mayor complejidad cuando se trata de una justicia especializada, como lo son los tribunales en materia de competencia económica, telecomunicaciones y electoral.
En esta última materia mucho ha sido lo avanzado a lo largo del siglo XX por nuestro país, transitando de una calificación electoral realizada por órganos políticos y luego legislativos, a una realizada por instituciones democráticas, imparciales y profesionales como lo son el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de instituciones públicas que fueron ideadas y construidas desde la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y el mismo gobierno, representando la mayor conjunción de esfuerzos para garantizar certidumbre e imparcialidad en cada proceso electoral y en la contabilidad de los votos populares.
Por muchas razones se trata de las instituciones públicas mejor valoradas y más aprobadas por los mexicanos.
Se dice fácil, pero en ese hecho descansa gran parte de la estabilidad de todo régimen político que se precie de ser democrático.
En México desde hace muchos lustros superamos esa fase de nuestra democracia gracias a que en el diseño, confección y funcionamiento de los diversos órganos electorales no hay motivo de duda, ya que las reglas emitidas por los órganos legislativos son aplicadas de manera profesional y exacta por los funcionarios electorales y cada uno de los actores políticos participa activamente en cada una de las fases electorales.
Las instituciones electorales no sirven a un individuo ni a un grupo en el poder, sino a la Nación entera basándose en un marco jurídico claro, preciso y transparente.
Sin embargo, desde el propio Congreso han surgido algunas propuestas que pudieran trastocar el estado de Derecho en el que se desenvuelven los propios órganos electorales y partidos políticos, que buscan modificar retroactivamente los periodos de los impartidores de justicia electoral.
Ello va en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y criterios jurisprudenciales de órganos internacionales, pues la independencia del Poder Judicial en su conjunto constituye una garantía reforzada y que implica que los jueces ejerzan su labor, libres de cualquier amenaza, chantaje o presión.
Por comentarios realizados por diversos legisladores federales, dichas propuestas son producto de la ocurrencia y del desconocimiento de la ley, sin embargo, por esa misma razón resulta urgente que los propios hacedores de la ley tengan presentes las normas, principios, valores y criterios jurisprudenciales que integran nuestro sistema normativo, a fin de evitar cometer actos contrarios a la propia Constitución que provocan la distracción de los órganos legislativos de los temas que preocupan y afectan a la sociedad, como lo es la inseguridad, la falta de crecimiento y falta de acceso a oportunidades.
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