El colectivo “Seguridad sin Guerra” es ejemplo de perseverancia al señalar con argumentos sólidos los riesgos para el país de una Guardia Nacional militarizada como la quiere el Presidente. Mi reconocimiento a Maite Azuela, María Elena Morera, Lisa Sánchez, Catalina Pérez Correa entre muchos intelectuales, académicos, artistas, defensoras de derechos humanos, decenas de ONGs, la ONU quienes han venido objetando la ley de seguridad interior en el sexenio pasado, y hoy para evitar en la Constitución Política queden establecidos preceptos de una seguridad pública militarizada. Todas y todos ellos pueden respirar con cierta tranquilidad porque en el cuerpo de la CPEUM la Guardia Nacional tiene carácter civil.
Las organizaciones civiles, tan vilipendiadas por López Obrador, fueron escuchadas por la oposición del PRI, PAN, MC y PRD quienes en un trabajo parlamentario encomiable conciliaron con Morena a través de la voluntad de su coordinador, cambios importantes a minuta enviada por la Cámara de Diputados el 16 de enero.
La modificación de los tres párrafos que adicionan al artículo 21 del decreto de Cámara de Diputados y sobretodo lo que pretendía Morena en el Senado y que fue votado, recordemos, en comisiones y en el pleno en primera lectura en febrero 17, constituye un avance positivo. Destaco la eliminación de preceptos que denotaban el carácter militar de la GN en el cuerpo de la Constitución. Aún así dejar en transitorios la incorporación de las fuerzas armadas es preocupante, particularmente por el comentario del Presidente respecto a que podrá nombrar a un militar al frente de la Guardia Nacional, ya sea en activo o en retiro para el caso es igual: siguen siendo militares. Si quién la dirigirá proviene de las FA puede determinar directrices que justamente han motivado más de una suspicacia. Invocar la disciplina militar como un elemento indispensable para una buena seguridad pública, por ejemplo, es igual de prejuicioso respecto de que toda al policía federal es corrupta.
Otro logro importante son los cambios en el artículo 76, el Senado debe analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo federal le presente sobre las actividades de la GN, así como la potestad para analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, previa a la comparecencia del titular de la Secretaría del ramo.
Es correcta la inclusión expresa de los plazos para las leyes de la GN, para el uso de la fuerza pública y del registro de detenciones, sin embargo es indispensable poner ojo a la redacción de estas leyes secundarias, particularmente porque el partido del Presidente puede aprobarlas sin consenso de la oposición y sin tomar en cuenta las preocupaciones legítimas de las organizaciones frente al carácter militarista que conservará este decreto en sus transitorios.
Persisten retos que hoy frente a lo logrado desde el Senado por el papel de la oposición, pueden ser una oportunidad para concretar un marco jurídico que sea la base hacia la resolución de un problema que lleva varios sexenios y llevará tiempo su consolidación.
Nadie puede ser ingenuo respecto de que la intención de mantener 5 años a las fuerzas armadas en tareas de la GN puede retrasar la implementación de la guardia civil, en los hechos seguimos igual. El colectivo “Seguridad sin Guerra” debe seguir vigente.
@angelicadelap
Defensora de los Derechos Humanos.
