Con motivo del avance de la globalización, desde las décadas finales del siglo pasado un sector de la academia decidió dar por muerto al Estado Nacional. Proliferaron obras que anunciaban la desaparición del Estado-Nación como una instancia efectiva de organización de la vida pública. Empero, las exigencias de la pandemia de COVID-19 que azota al mundo ha venido a demostrar que, desafortunadamente, la globalización no alcanza para contar con un mecanismo uniforme de tratamiento de los problemas planetarios y el Estado nacional tiene, para bien o para mal, un papel que jugar en el control de un fenómeno como la emergencia sanitaria.
Desde la antigüedad las doctrinas políticas han enfatizado el hecho de que el hombre es un animal social y la vida en sociedad, como precisaron los contractualistas, implica un acuerdo colectivo por virtud del cual cada persona renuncia a parte de su libertad individual y de su capacidad de acción, en razón de los límites que impone el respeto a la vida, la dignidad y la libertad de sus semejantes. La organización política tiene por objeto asegurar la permanencia y continuidad de la comunidad. Para ello se instituye el Estado, al cual se dota de la fuerza necesaria para hacer cumplir las reglas de convivencia y se le concede el monopolio legítimo de la violencia.
En las complejas circunstancias actuales el Estado-Nación ha tenido que reasumir esa condición de conductor supremo que cuenta con la capacidad última de decisión. Se constata así la afirmación de Carl Schmitt: soberano es aquel que decide en el estado de excepción. Esto es, tomar medidas literalmente de vida o muerte. De por sí, toda resolución del poder tienen incidencia sobre el desarrollo de las vidas individuales y puede marcar el destino de millones de persona; en el momento actual apreciamos como esta forma de organización política se ve en la necesidad de dictar lineamientos para definir, en última instancia, quién tiene la posibilidad de sobrevivir, cuándo hay que elegir entre salvar una u otra vida si los recursos son limitados. Esa crucial decisión, que tendría que tomar un médico aun en contra de principios básicos de su profesión, se intenta regular a través de un documento que del modo más objetivo posible establezca criterios rectores, los cuales provendrán de las instituciones estatales, que para eso existen.
Estas características se han puesto de relieve con motivo de las crisis sanitaria y económica. Cada Estado Nacional ha tenido que tomar las medidas de última instancia para proteger a su población en cuanto a la salud, pero también en relación con la actividad económica que significa para una gran mayoría de personas igualmente una cuestión de sobrevivencia. Con ese propósito, la autoridad estatal se encuentra obligada a recurrir, según las circunstancias, a medidas insólitas como el cierre de fronteras, la limitación del movimiento de los habitantes o el control de la producción o el comercio de ciertos productos indispensables para atender los requerimientos sanitarios como son los ventiladores; e incluso aplicar, en distinta medida, la fuerza pública para hacer prevalecer las decisiones gubernamentales.
La globalización no tiene aún una respuesta eficiente para una circunstancia como la actual. El Estado Nacional debe atender, según sus propias características, modalidades, cultura e historia, la ordenación de la vida pública en tiempos de crisis. No resultará igualmente útil una determinada política en Finlandia, cuya población apenas supera los 5 millones y el distanciamiento forma parte de su cultura, que lo que pueda ser viable en la India, donde residen más de mil millones de seres humanos. La fuerza pública juega también papeles diferentes. Hay sitios donde la amenaza de reclusión e incluso el uso de un garrote para frenar los desplazamientos no autorizados, llega a tener vigencia; en tanto que en otras latitudes puede apelarse más al convencimiento o a la búsqueda de restringir las actividades que generan aglomeración, sin tener que tomar medidas específicas dirigidas a restringir derechos ciudadanos.
La soberanía nacional se ha vuelto a manifestar al diferenciarse las formas de enfrentar la pandemia. Incluso términos polémicos como la “soberanía” atribuida a nuestros estados federados, adquiere una nueva dimensión al observar que también entre ellos pueden aplicarse métodos diferentes, según las capacidades propias de su régimen jurídico que, por definición, es distinto en cada caso. Pese a que hay acentuadas tendencias centralistas que pretenden defender la idea de que es mejor una decisión uniforme impuesta por el gobierno federal, el fenómeno actual muestra cuál es el sentido real de una Federación que tome en cuenta las distintas necesidades y condiciones de las disímbolas regiones del país, dando a cada estado la posibilidad de aplicar las medidas que resulten más convenientes en su territorio.
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