Por Erick Iván Guzmán González
A tan sólo unos días de la renovación de 19,915 cargos públicos de elección popular, siendo ésta la elección más grande en la historia de México, vivimos una ola de violencia sin precedentes. Actualmente, pasamos por un momento de incertidumbre para saber quiénes serán los próximos representantes en nuestro país, ya que tendrán en sus manos la responsabilidad de mejorar las condiciones de seguridad pública que desde el último proceso electoral, han empeorado. Como votantes, tenemos la responsabilidad de elegir las plataformas electorales mejor planteadas, y que en el futuro cercano sean una realidad.
En un análisis realizado por Causa en Común sobre las cifras oficiales de incidencia delictiva publicadas el pasado 20 de mayo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se observa que los delitos de robo con violencia y secuestro han mostrado una tendencia a la baja considerable desde que inicio la pandemia; de enero a abril del 2020 con respecto a enero a abril de 2021 los robos con violencia tuvieron una disminución del 15%; mientras que los secuestros mostraron una disminución del 34.3% en el mismo periodo.
Por otro lado, los registros sobre asesinatos se han mantenido en un número alarmante, un promedio de 35,500 registros por año. En este momento, estamos estancados en niveles altos de homicidios dolosos luego de haber presentado una tendencia a la baja en 2020, año atípico debido a las medidas de confinamiento y reducción de la movilidad por la pandemia. Tan sólo el fin de semana pasado se registraron 243 asesinatos en el país de acuerdo con el reporte diario de víctimas de homicidio doloso del gabinete de seguridad federal. Los asesinatos registrados de acuerdo con la valoración porcentual de enero a abril del 2020 contra enero a abril de 2021, muestra 13 estados encabezando este registro, destacando Zacatecas (82.5%), San Luis Potosí (51.8%), Nayarit (50.9%), Baja California Sur (43.8%), y Sonora (41.1%).
Aunque el gobierno presume la disminución de algunos delitos, disminución que evidentemente se debe al confinamiento, hay delitos que, incluso con pandemia siguen rompiendo marcas históricas, ejemplo de ello, los feminicidios, la violencia familiar y el narcomenudeo. Los feminicidios presentan los números más altos desde que se tiene registro. De acuerdo con la valoración porcentual de feminicidios, este delito aumento de enero a abril del 2021 con respecto a enero a abril del 2020, mostrando 15 estados al alza, entre los que destacan Aguascalientes (400%), Baja California Sur (100%), Chiapas (66.7%), Campeche (50%) e Hidalgo (50%), además de que existe un grave problema de subregistro, por tanto las cifras que se tienen son menores. En el caso de la violencia familiar y narcomenudeo, son los dos delitos que han aumentado de forma constante desde el inicio de la pandemia, de enero a abril del 2021 en comparación con enero a abril del 2020 se tiene un aumento del 9.8% para el narcomenudeo y 16% para la violencia familiar.
No existe ningún “punto de inflexión” en los índices de criminalidad en el país y los informes diarios que supuestamente recibe cada mañana el gabinete de seguridad para tomar decisiones tácticas y estratégicas no están arrojando resultados ni siquiera en las regiones prioritarias que debían ser el modelo a seguir en cuanto a reducción de la incidencia delictiva.
Entre enfermedad, crisis económica y violencia, no hay panorama alentador en estas elecciones. El presidente se muestra más preocupado por su estrategia electoral que, por las víctimas de la pandemia y de la inseguridad y muy satisfecho con la manipulación de números que le ofrecen el panorama que él quiere ver.
En los últimos tres años, la seguridad pública se ha militarizado aceleradamente, y se han reducido los fondos destinados a las policías locales. Esta decisión, partió de una estigmatización injusta y sin sustento de los cuerpos policiales, quienes subsisten en condiciones precarias, incluidos salarios, prestaciones, infraestructura, equipamiento y profesionalización y con regímenes laborales abusivos. Es importante reiterar que la militarización es incompatible con nuestra democracia y no resolverá dicha crisis; que la opción larga, pero viable, es el rescate y fortalecimiento de las policías; que ninguna definición de seguridad funcionará sin una auténtica política social y de prevención; y que la atención a víctimas y la defensa de los derechos humanos no son optativos, sino obligación de cualquier gobierno en el país.
Finalmente, aunado a las cifras anteriormente descritas, no debemos soslayar los índices de violencia política que en este proceso electoral se han visibilizado con mayor frecuencia, siendo estas elecciones las segundas más violentas desde el año 2000 de acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México de la consultora Etellekt, con un total de 476 agresiones registradas contra actores políticos dadas a conocer en el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021.
