La frase es del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), José Agustín Ortiz Pinchetti (véase El Universal del 7 de abril), y resume la política del actual gobierno en una materia tan delicada e incluso trascendental. En efecto, las elecciones limpias, sin mancha alguna o suciedad electoral, son la primera expresión de la democracia que anhelamos todos los mexicanos; sin chanchullos, embustes, mentiras o engaños y sin manejos ilícitos para obtener algún lucro.
Lo cual hemos padecido durante sexenios y más sexenios dándole al ejercicio del poder un fuerte toque de cinismo o descaro oficial. En consecuencia no creo que nadie critique seriamente tal política que por lo visto es uno de los pilares de la llamada cuarta transformación. Pero lo necesario e imperativo para realizar ese ideal político es una buena ley.
Ahora bien, Ortiz Pinchetti ha dicho que pueden ir a la cárcel quienes incurran en fraude electoral, concretamente en las próximas elecciones para gobernador de Puebla las que implican “la mayor prueba de fuego” en la consolidación de aquella política. Y ha añadido el Fiscal Electoral: “No queremos gente en la cárcel. Queremos elecciones limpias”. Un punto importante en lo declarado por Ortiz Pinchetti es que en la Fiscalía a su cargo “se desplegará una tarea disuasiva” con el objeto de no incurrir en la comisión de delitos electorales. Aquí se trata a mi juicio de una especie de educación preventiva en el ejercicio electoral, o sea, de prevenir más que de sancionar o castigar. Prevención que sin duda alguna es bienvenida en el Derecho Penal.
Lo que pasa es que las cárceles, dígase lo que se diga, son territorio de ineficacia y criminalidad -aparte de su inicuo abarrotamiento- donde la readaptación social, hoy absurdamente “inserción”, es punto menos que utopía. ¿Y readaptar -si fuera posible- para qué? Para regresar al individuo supuestamente “readaptado” a una sociedad de suyo criminógena (véase el magnífico libro de Jean Pinatel, La Sociedad Criminógena). En suma, el Fiscal General Electoral ha afirmado categórico que “es demasiado endeble el sistema penal electoral” porque la mayoría de los delitos electorales son considerados delitos menores y no graves, en virtud de que el propio Estado era el encubridor de la ilicitud. Con esto obviamente hay que terminar ya que es imposible decir que en México hay democracia si sigue habiendo fraudes, robos y alteración dolosa de documentación y boletas electorales. LO QUE URGE ES QUE NO HAYA EN EL CÓ- DIGO PENAL FEDERAL TAL CANTIDAD DE DELITOS ELECTORALES -TIPO BÁSICO Y SUBTIPOS- QUE ATOMIZAN LA INVESTIGACIÓN DE LOS MISMOS CASI PULVERIZÁNDOLOS Y QUE OBSTRUYEN EL TRABAJO DEL JUZGADOR.
La ley ha de ser el apoyo, el sostén de la Fiscalía de que se habla porque no es posible una cuarta transformación de la República con la democracia seriamente lastimada e incluso corrupta y depravada. Y SI LA LUCHA ES CONTRA LA CORRUPCIÓN EN TODOS LOS ESPACIOS DE LA VIDA PÚBLICA, ES DE VITAL IMPORTANCIA COMBATIR LA CORRUPCIÓN ELECTORAL COMO DELITO GRAVE. En conclusión, elecciones limpias y sin encarcelados es sin exagerar el cimiento, el principio y la raíz de la política del Presidente de la República. La credibilidad de López Obrador depende de que la democracia no presente mácula, engaño o trampa. El Presidente puede y merece ser creído, por lo cual Ortíz Pinchetti tiene un reto enorme a la altura de su talento, experiencia y firme voluntad política.
@RaulCarranca
www.facebook.com/despacho.raulcarranca
