@ebuendiaz
El 5 de junio habrá elecciones en 6 estados de la República. En Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo habrá elección para renovar gubernaturas y solamente en dos entidades habrá elecciones de otros cargos. Con dichos procesos electorales, se habrán organizado 330 elecciones y con ello se demostrará a los críticos que el modelo creado en 2014 funciona y funciona bien.
¿Hay confianza ciudadana? Sin duda. En estos procesos electorales locales la ciudadanía se ha volcado a trabajar con las autoridades electorales en la integración de las casillas. A manera de ejemplo, para estas elecciones el número requerido por el INE de ciudadanas y ciudadanos para poder nombrar a las personas que recibirán y contarán los votos era de 147,910. La ciudadanía que manifestó interés de colaborar con el INE fue equivalente al 230% del número requerido.
Ese interés ha sido constante en las elecciones de 2021 y en el reciente proceso de revocación de mandato. En ambos ejercicios se ha superado el 200%, y, ello confirma el hecho que las mexicanas y mexicanos quieren participar con la autoridad electoral.
A menos de 10 días que se realice la jornada electoral en dichas entidades y que puedan participar más de 11 millones de personas en la elección de sus representantes, es posible señalar que todo está listo para que la ciudadanía acuda a las casillas que se instalarán en los 6 estados (más de 21 mil).
También es importante precisar que para el 5 de junio se han aprobado cerca de 2,500 solicitudes para realizar observación electoral y la totalidad de los partidos políticos con registro nacional han acreditado representantes en las casillas. De esta forma, existen garantías de vigilancia sobre el desarrollo de las respectivas jornadas electorales.
Desde el punto de vista político, en los últimos meses las autoridades electorales nacionales y locales (administrativas y jurisdiccionales), así como los partidos políticos firmaron convenios de integridad electoral en el que formalizaban el compromiso de cumplir con las reglas del juego democrático. Si bien puede señalarse que estos convenios no son de cumplimiento forzoso, los cierto es que son aspectos a tomar en consideración por las y los electores en caso de que los actores políticos las incumplan. Congruencia le llaman.
Desde el análisis local, debe señalarse que los institutos electorales locales también están ejerciendo sus atribuciones. Pese a vivir un contexto adverso generado por recortes presupuestales discrecionales, han cumplido con su trabajo en la organización de los procesos electorales. De esta manera, nadie puede señalar que el modelo de sistema electoral, en marcha desde hace 8 años, no funcione.
Por eso llama mucho la atención la constante intención de modificarlo sin contar con diagnósticos claros y objetivos. Un ejemplo es lo que está ocurriendo en la CDMX. A partir de la presentación de una iniciativa de un diputado integrante de la bancada legislativa del partido Morena, se está buscado reformar el Código Electoral de la Ciudad y con ello afectar seriamente las atribuciones que actualmente ejerce el Instituto Electoral Local (IECM).
Se sabe que la iniciativa de reforma (mientras se escribe esta columna está en análisis y discusión para aprobación por el pleno del Congreso local) propone la reducción de la estructura operativa del IECM con el objeto de ahorrar recursos, pero sin considerar que se afectarían procesos probados y que generan certeza y confianza en el trabajo de la institución.
A partir de lo que denomina la iniciativa como “optimizar las estructuras electorales existentes”, se busca eliminar distintas unidades administrativas del IECM para reasignar sus funciones a otras áreas. Sin embargo, la propuesta generaría una pérdida de capital humano valioso por el profesionalismo demostrado a lo largo de muchos años. También porque las materias que conocen esas áreas (fiscalización, género, derechos humanos, vinculación con órganos desconcentrados) demandan personal capacitado y especializado. El ahorro puede salir muy caro.
Lo peor de todo es que la iniciativa se construyó sin considerar la opinión de la autoridad electoral local. Más allá de que es una práctica legislativa la ausencia de parlamentos abiertos, no se está tomando en consideración la opinión de quien será responsable de operar lo que se llegue a aprobar.
En muchos espacios públicos se ha señalado que las autoridades electorales están dispuestas al diálogo y a aportar información útil para cualquier posible reforma. En más de 743 iniciativas de reforma legal o constitucional en materia político-electoral que se han presentado en el Congreso de la Unión desde 2018 no se ha tomado en consideración a las autoridades electorales. ¿Realmente queremos mejorar el sistema? Yo creo que no.
*Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE
