Por Marco Baños
En las elecciones mexicanas aún se vota marcando boletas impresas que se depositan en urnas para luego contarse manualmente y registrar el resultado en actas de cada casilla. Esos datos se digitalizan y se capturan en sistemas informáticos del programa de resultados electorales preliminares, del conteo rápido o de los cómputos definitivos, horas o días después de la votación.
La tecnología en los comicios es inexistente para recibir los sufragios y para realizar los escrutinios y cómputos de las casillas únicas. Esa lógica parece inamovible porque hay quienes consideran que deben mantenerse las boletas impresas porque conceden mayor confianza a ese mecanismo que al modelo electrónico.
La historia reciente de nuestro país registra experiencias importantes en los Estados de Coahuila, Jalisco y la Ciudad de México donde el uso de urnas electrónicas en elecciones locales se detuvo como efecto de la reforma de 2013 que centralizó en el INE la integración de casillas sin darle opción al uso de medios electrónicos.
Pese a los argumentos en contra de algunos actores políticos, el INE tomó la decisión de impulsar pruebas piloto vinculantes, primero en las elecciones de Hidalgo y Coahuila de octubre pasado, y ahora para las que habrán de celebrarse el 6 de junio próximo.
En aquellas elecciones locales se utilizaron 94 urnas electrónicas y ahora se instalarán 100, 50 en Coahuila y 50 en Jalisco, lo cual constituye un eslabón más en la cadena de construcción de confianza en torno de estos medios de votación. Se trata de una prueba vinculante, la primera en la historia de elecciones federales, que pudo y debió ser más robusta, con más urnas y en entidades distintas a las que ya tienen esa experiencia exitosa.
Morena expresó argumentos en contra y su convicción de que el voto electrónico está establecido para los mexicanos que residen fuera del país pero no para la votación en territorio nacional y que por ello es tema que debe regularse por el Congreso. Lo cierto es que en esa ruta llevamos varias décadas y no se ve intención de legislar. En un entorno de pandemia, argumentos en contra suenan incomprensibles, suenan a reminicencias y mediciones políticas heredadas del pasado, que se trasladan entre partidos que están en turno en el gobierno. Bien por los 9 consejeros y consejeras que aprobaron esta prueba, respetable pero extraña la posición de los dos que votaron en contra.
Apostar por el voto electrónico no significa desestimar la certeza o aligerar los candados de confianza, al revés, la tecnología puede ayudar a reducir costos y errores humanos, agilizar tiempos en los que podemos saber quién ha ganado o perdido en los comicios.
Hay urnas electrónicas que no dependen de ninguna conexión a internet, elemento que pudiera suponer en el imaginario de desconfianza alguna intervención de hackers que alteran los resultados sin dejar rastro.
Reitero mi convicción: el voto electrónico debe recibir una oportunidad para acreditar sus beneficios y concretar esa transición del costoso papel seguridad, el crayón, las millones de impresiones o las desveladas de funcionarios de casilla, por un eficiente modelo de recepción y conteo electrónico de votos, que evite las extenuantes jornadas de trabajo de los funcionarios de casilla después de las votaciones y los heróicos recuentos de los paquetes electotales por los órganos electorales.
*Profesor en UNAM y UP. Especialista en temas electorales.
@MarcoBanos
