/ martes 12 de abril de 2022

Electricidad, derecho humano

Cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, es decir, cuando quitó a 17 compañías extranjeras el control de la explotación de los hidrocarburos, el concepto de soberanía nacional alcanzó una relevancia histórica sobre los bienes de la nación. Hace 38 años el escenario geopolítico era diferente al actual pero no deja de tomar notabilidad este trascendental acontecimiento.

La soberanía nacional representa la autoridad depositada en el pueblo y constituida en sus instituciones. Por otro lado, garantizar el derecho humano a la educación, salud, trabajo, alimentación, seguridad social, agua y por supuesto, la electricidad es un deber del Estado.

Frente a la polarización ante la opinión pública y el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina la constitucionalidad a la Ley de la Industria Eléctrica, es importante destacar algunos puntos esenciales de esta propuesta legislativa.

La reforma de 2013 impuso un sistema inequitativo de competencia entre los entes privados y la Comisión Federal de Electricidad. Mientras que la actual reforma pretende terminar con un sistema eléctrico corrupto dominado por monopolios privados y pasar a uno que esté controlado y regulado por el Estado mexicano, pero con participación privada bajo reglas claras. Así, bajo estos criterios de competencia, la CFE tendrá una participación de 54% y el 46% restante las compañías privadas.

La reforma eléctrica brinda seguridad y soberanía energética y da oportunidad al Estado de generar energía eléctrica utilizando la infraestructura de la CFE diversificando las fuentes de producción para satisfacer las necesidades de la población. En España, donde la generación de electricidad por parte de empresas privadas depende de una sola fuente de energía (como el gas natural), no garantizan la disponibilidad de la electricidad a precios justos para la población. Para evitar este esquema, necesitamos contar con una industria predominantemente estatal o pública para que las familias mexicanas tengan acceso a la energía eléctrica con las mejores tarifas.

De igual forma, la misión será de servicio social, con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Otra bondad es la incorporación del litio como área estratégica, no podrá ser concesionada, sólo el Estado podrá explotarlo en beneficio de México.

En suma, la reforma eléctrica consagra el espíritu social de beneficiar y proteger el desarrollo nacional por sobre el lucro privado. La electricidad debe ser un derecho humano.

Cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, es decir, cuando quitó a 17 compañías extranjeras el control de la explotación de los hidrocarburos, el concepto de soberanía nacional alcanzó una relevancia histórica sobre los bienes de la nación. Hace 38 años el escenario geopolítico era diferente al actual pero no deja de tomar notabilidad este trascendental acontecimiento.

La soberanía nacional representa la autoridad depositada en el pueblo y constituida en sus instituciones. Por otro lado, garantizar el derecho humano a la educación, salud, trabajo, alimentación, seguridad social, agua y por supuesto, la electricidad es un deber del Estado.

Frente a la polarización ante la opinión pública y el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina la constitucionalidad a la Ley de la Industria Eléctrica, es importante destacar algunos puntos esenciales de esta propuesta legislativa.

La reforma de 2013 impuso un sistema inequitativo de competencia entre los entes privados y la Comisión Federal de Electricidad. Mientras que la actual reforma pretende terminar con un sistema eléctrico corrupto dominado por monopolios privados y pasar a uno que esté controlado y regulado por el Estado mexicano, pero con participación privada bajo reglas claras. Así, bajo estos criterios de competencia, la CFE tendrá una participación de 54% y el 46% restante las compañías privadas.

La reforma eléctrica brinda seguridad y soberanía energética y da oportunidad al Estado de generar energía eléctrica utilizando la infraestructura de la CFE diversificando las fuentes de producción para satisfacer las necesidades de la población. En España, donde la generación de electricidad por parte de empresas privadas depende de una sola fuente de energía (como el gas natural), no garantizan la disponibilidad de la electricidad a precios justos para la población. Para evitar este esquema, necesitamos contar con una industria predominantemente estatal o pública para que las familias mexicanas tengan acceso a la energía eléctrica con las mejores tarifas.

De igual forma, la misión será de servicio social, con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Otra bondad es la incorporación del litio como área estratégica, no podrá ser concesionada, sólo el Estado podrá explotarlo en beneficio de México.

En suma, la reforma eléctrica consagra el espíritu social de beneficiar y proteger el desarrollo nacional por sobre el lucro privado. La electricidad debe ser un derecho humano.