Eliminación del Fuero

Por: Daniel Gabriel Ávila Ruiz

En el último periodo de sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión se discutieron temas de relevancia para nuestro país, entre los que se encuentran la reforma constitucional a los artículos 17, 61, 74, 108, 110 y 111, 112 y 114, los cuales reglamentan lo que se conoce como “fuero constitucional”.

Esta figura jurídica, aún vigente, consiste en una prerrogativa para algunos funcionarios como: el Presidente de la República, legisladores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios de Estado, el Fiscal General de la República, entre otros; lo que significa que no pueden ser detenidos, salvo se siga un procedimiento ante la Cámara de Diputados que se denomina “juicio político” que tendrá como resolución una declaratoria de procedencia.

El origen del fuero constitucional fue para mantener el equilibrio de poderes y evitar la persecución judicial por la simple expresión de las ideas, pero ello fue conveniente en tiempos del México revolucionario. Sin embargo, con el transcurso del tiempo la aplicación y uso del fuero ha ido cambiando hasta considerarse como un privilegio o como inmunidad a los servidores públicos.

Las discusiones que se realizaron en la Cámara de Diputados se centraron en la necesidad de reconocer la igualdad y eliminar privilegios no solo entre los servidores públicos sino también entre los ciudadanos; además de la necesidad de escuchar las expresiones de la sociedad civil sobre el mal uso de la figura del fuero en casos de corrupción. Su posible eliminación podría servir para fortalecer el incipiente Sistema Nacional Anticorrupción.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de abril de este año, con una votación que integró a los legisladores de distintos partidos políticos y fue enviada para su revisión y análisis a la Cámara de Senadores.

La importancia de la iniciativa que elimina el fuero radica no solo en realizar un cambio constitucional, sino en confirmar un movimiento reformador que ha permeado en los estados de Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

Por todo lo anterior, es importante garantizar que el análisis que realice la Cámara de Senadores, en un próximo periodo extraordinario, sea escuchando todos las propuestas y estudios para que la reforma constitucional constituya un avance que garantice la igualdad de todos los ciudadanos, sean servidores públicos o no.

Se requiere tener un mejor marco jurídico, sobre todo para aquellos casos en que los servidores públicos incurran en alguna conducta ilícita puedan ser juzgados por los tribunales y así se deje de utilizar el fuero como un medio de protección para evitar ser sancionado y combatir la corrupción que tanto ha dañado el ejercicio de la función pública.

Senador por el PAN