Mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad,
porque el sol de la mañana no dura todo el día.
Benjamin Franklin
Como parte de las medidas de austeridad y de combate a la corrupción propuestas para la próxima administración pública federal, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, precisó como lineamiento 16 que dejará de existir la partida conocida como seguro de separación individualizada; independientemente del ahorro que pudiera representar esta medida para las finanzas públicas, resulta imprescindible reflexionar sobre algunos de los impactos que acarrearía.
Uno de los más importantes, se presenta en el ámbito laboral, y es que el mal llamado Seguro de Separación Individualizado (SSI) en la Administración Pública Federal, no tiene la naturaleza jurídica de un seguro que cubra un riesgo, sino que constituye una prestación a favor de los servidores públicos de confianza, al servicio de dependencias y entidades de la administración pública.
Hay que aclarar que cuando se habla de servidores públicos de confianza, no necesariamente nos referimos a mandos medios y superiores, sino que también se puede uno referir a trabajadores que no cuentan con estabilidad laboral, por el tipo de contrato correspondiente, siendo desde personal con el nivel de enlace, cuyo monto de ingreso puede oscilar desde los ocho mil doscientos pesos mensuales.
Constituye una prestación por el simple hecho de ser un beneficio determinado a un trabajador, además de ser en sí mismo, un concepto integrante del salario, y de ser objeto del Impuesto sobre la Renta que debe pagar el propio servidor público.
Esto es así ya que el SSI, involucra un esquema de aportaciones tripartitas donde a elección de los servidores públicos éstos aportan un monto equivalente al 2%, 4%, 5% o 10% de su sueldo bruto mensual, mientras que el Gobierno Federal aporta una cantidad igual, para que finalmente MetLife se los devuelva al servidor público con los rendimientos financieros que se hayan generado en fondos de inversión, cuando concluya su encargo gubernamental.
La medida de eliminar el SSI implica la pérdida de un beneficio mercantil y/o laboral; lo que hace suponer un sin número de demandas en atención a que el contrato tripartita de referencia, no contempla que de una forma unilateral, la parte gubernamental retire sin modificación a la cláusula correspondiente, la obligación de aportar el compromiso pactado.
Este escenario, presupone demandas laborales que con independencia de la condena sustantiva que se llegara a generar, en principio obligaría a las dependencias a crear un fondo presupuestal para atender esta eventualidad, conformando su pasivo contingente que en suma sería de miles de millones de pesos.
Por si esto fuera poco, deben ser previstos los impactos económicos colaterales que generaría dicha medida, la posibilidad del retiro masivo de las cantidades del SSI ante la aseguradora, representaría un fuerte impacto no solo en la liquidez de dicha administradora, sino en la cartera bursátil al modificarse el horizonte de ahorro y riesgo programado en los fondos de inversión, estimándose en aproximadamente 51 mil millones de pesos; basta considerar que se aportan al año, entre trabajadores y gobierno, más de 9 mil millones de pesos y la prestación ha operado ya por 18 años.
