Por Eduardo Vázquez
Las condiciones excepcionales de sequía que han afectado al país durante gran parte de este año, han obligado a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a emitir en días recientes un “Acuerdo de Carácter General de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía”, al determinar que diversas cuencas y regiones del país ven comprometida la disponibilidad de agua y capacidad de abastecimiento para sus comunidades.
En efecto, el hecho que de nuestro país se encuentra expuesto a diferentes eventos hidrometeorológicos severos, tales como sequías, cuya ocurrencia reduce drásticamente los volúmenes de agua disponibles para los distintos usos, así como los almacenados en las presas, ha motivado a la CONAGUA a implementar acciones preventivas y de mitigación ante estos fenómenos.
Entre las medidas extraordinarias que pudieran aplicarse a la luz del citado Acuerdo, de materializarse los supuestos de emergencia de escasez por sequía, se contemplan limitaciones temporales a los derechos de uso de agua a concesionarios y asignatarios de aguas nacionales, a fin de abastecer de agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones y comunidades que se encuentren sin este recurso natural por efecto de dicho fenómeno.
Es importante considerar que, las cuencas que la CONAGUA ha determinado que enfrentan este fenómeno en sus modalidades de severa, extrema o excepcional, se ubican en las principales zonas productivas del país, lo cual según distintos análisis, afectará diversas industrias y sectores, impactando la capacidad de producción de energía y de alimentos.
Uno de los temas fundamentales de los efectos del cambio climático en los recursos hídricos y el daño que provoca al ciclo hidrológico, está ligado con la disponibilidad en cantidad y calidad suficiente, así como la capacidad de abastecimiento de agua para todas las regiones del país.
Es así que la presente sequía (la más intensa que se ha presentado en las últimas dos décadas) ha reflejado, según datos del monitor nacional de sequías de la CONAGUA, que más del 80% de los municipios del país se han visto afectados en mayor o menor medida por su intensidad.
El reciente informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, alerta ya sobre la inminente y real alteración del ciclo del agua que incrementará la intensidad de las lluvias, las sequías y las inundaciones.
En el caso de las sequías, sus principales efectos se reflejan, entre otros, en una menor infiltración y recarga de los acuíferos; la afectación a la regulación del clima; la disminución de humedad y mayor erosión de los suelos; la desertificación, olas de calor, y afectaciones a los ecosistemas.
Por otro lado, la propia CONAGUA prevé que el estrés hídrico aumentará en 30 de las 31 entidades federativas en los próximos 10 años, sumado a la gran sobreexplotación de acuíferos que ya afecta diversas regiones y centros urbanos en el país, muchos de ellos, municipios que carecen de las capacidades técnicas, operativas, financieras e institucionales para enfrentar de manera adecuada un reto de esta magnitud.
La misma CONAGUA ya está generando estimaciones y pronósticos que prevén distintas problemáticas en diversas regiones del país, asociadas a las sequías para los meses siguientes, e incluso, para el año 2022.
Por tanto, es imprescindible tomar decisiones preventivas, planear y diseñar políticas frente a escenarios de escasez e incertidumbre climática, asignar recursos adecuados en el presupuesto de egresos para 2022, y profundizar una cultura de resiliencia y prevención de riesgos que nos permita enfrentar estos retos de mejor manera. Apostar a hacer las cosas como siempre se han hecho, es apostar a la repetición de los problemas. Es momento de actuar y tomar decisiones de manera diferente. La realidad climática que estamos viviendo lo demanda.
director general de Agua Capital
