El dicho popular al que acude el presidente Andrés Manuel López Obrador va más allá de la intención de mantener el lenguaje coloquial en el discurso oficial. Me canso ganso es más que una ripiosa rima al gusto de las galerías; revela en el fondo el voluntarismo de quien se siente capaz de consumar lo que se propone por encima de obstáculos de toda índole y cuantas veces lo quiera. Me canso de hacerlo.
Esa voluntad rayana en autoritarismo queda de manifiesto en el memorándum dictado por López Obrador a los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda, a quienes instruye dejar sin efecto las disposiciones constitucionales y las leyes secundarias relativas a la Reforma Educativa en vigor. Con este instructivo de valor presidencial indiscutible, el Ejecutivo dispone la suspensión de una parte del orden constitucional que en rigor sólo debería ser posible mediante la declaración de un estado de excepción y cuya aplicación requeriría de la autorización del Congreso de la Unión.
De esta manera, el presidente de la República pone en práctica su voluntad de eliminar la Reforma Educativa aprobada por el Poder Legislativo a instancias del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo hace sin esperar a que las cámaras del Congreso de la Unión logren por las vías legales, institucionales, aprobar las modificaciones a la Carta Magna y nuevas leyes en materia educativa. Ante la crítica que esta disposición ha motivado en juristas, constitucionalistas y representantes de diversos sectores, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, intenta justificar el dictado del memorándum afirmando que es de carácter interno y no un decreto presidencial. En su conferencia mañanera, López Obrador sostiene que su memorándum obedece a su intención de poner la justicia por encima de la legalidad. La ley en vigor, afirma, es injusta; ergo, hay que eliminarla, pero si esto no es posible por la vía institucional, legal, el voluntarismo es suficiente para lograrlo. Una de las definiciones clásicas de la política es el equilibrio entre lo deseable y lo posible. Los medios no justifican los fines cuando para alcanzar éstos se viola el orden institucional y se atenta contra la legalidad y el cumplimiento de todo precepto en vigor al que el presidente se comprometió al recibir el mandato ciudadano.
No corresponde al presidente de la República invocar la falsa conseja que permitiría hacer lo que no está prohibido porque implícitamente estaría permitido. El presidente, único depositario del Poder Ejecutivo, sólo puede hacer lo que la ley le manda, lo establecido por la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entre las facultades del presidente de la República está la posibilidad de proponer los cambios constitucionales y la creación de nuevas leyes, pero no la interpretación de la legislación vigente según sus propias convicciones o su voluntad.
Por donde quiera que se vea o se pretenda ver el dictado y el alcance del memorándum de López Obrador a tres dependencias del Ejecutivo, se trata de una demostración de autoritarismo y violación, aunque sea en grado de tentativa de la Constitución y las leyes que protestó cumplir y hacer cumplir. Con esa voluntad, con el dictado de un simple memorándum –dictar es la característica de toda dictadura--, López Obrador pasa por alto una vez más el contenido de una de sus sentencias preferidas: nada fuera de la ley, nadie por encima de la ley. Una orden presidencial, aun disfrazada de inocente documento interno es siempre eso: una instrucción que el funcionario que la recibe debe acatar, a menos de que renuncie, renuente a obedecer y poner en práctica una flagrante violación al orden constitucional y con ello mandar al diablo a las instituciones.
Srio28@prodigy.net.mx
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