La igualdad sustantiva va más allá de cuotas de género. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha resaltado la importancia de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres no sólo en las legislaciones, sino que exige a los estados parte de esa Convención a que procuren de facto las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional tanto a hombres como a mujeres.
No queda duda que, en nuestro país, el tema de la igualdad de género ha avanzado en los últimos años gracias a los aportes de la sociedad civil organizada y a la voluntad de los gobiernos para construir esquemas que combatan las desigualdades históricas que nos aquejaban.
No obstante, ese cambio que ha vivido y recibido de buena manera la sociedad mexicana, quedan algunos pendientes por desarrollar; entre ellos se encuentra el concerniente al aspecto económico, entendido como el respeto a los derechos laborales y el fomento a las oportunidades de emprendimiento de las mujeres.
Conseguir ese objetivo trasciende al aspecto jurídico o normativo. Es fundamental que en las políticas públicas de un Estado, se contemplen aquellas que propicien el desarrollo laboral y empresarial de las mujeres.
Desde luego, sabemos que es fundamental erradicar por completo la violencia contra las mujeres en todas sus aristas (Física, psicológica, emocional y política), para ello se ha legislado y trabajado de la mano con la sociedad civil, sin embargo, no será posible concebir la igualdad sustantiva dejando de lado la atención al aspecto financiero de las mujeres.
A nivel internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entiende que el empoderamiento económico de las mujeres es necesario, no sólo para lograr la igualdad sustantiva, sino para contar con un desarrollo sostenible a nivel mundial.
En datos estadísticos comprobables, el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, destaca que sólo el 52% de las mujeres participa en el mercado laboral (En Latinoamérica, sólo el 50.3%) frente al 78% de los hombres; sin embargo, las mujeres realizan el 75% del trabajo no remunerado en el mundo y representan el 70% de la población mundial que se encuentra en situación de extrema pobreza.
Considerando lo anterior, el acceso de las mujeres al financiamiento es un imperativo para cerrar la brecha económica y para cambiar la situación no sólo de ellas sino de sus familias y comunidades, ya que se ha demostrado que el desarrollo económico de las mujeres tiene beneficios colaterales, al incrementar los índices de nutrición, salud infantil y desempeño académico de sus hijos.
No basta con plasmar el derecho a la igualdad y no discriminación en un cuerpo normativo, sino que es necesario que, en el ejercicio de este se aplique de forma igualitaria; por ello, primero debemos reconocer que prevalece una visión cultural inequitativa y, por lo tanto, es urgente aplicar las políticas públicas necesarias para equilibrar la balanza.
Para ello, los gobiernos y la sociedad civil deben trabajar de la mano en dos vertientes fundamentales.
Por un lado, tanto el sector privado como el público deben ser respetuosos y garantes de los derechos laborales que tienen las mujeres, particularmente, a recibir el mismo trato y salario que los hombres cuando desempeñen una función igual; además de potenciar su desarrollo con mejores oportunidades para acceder a puestos directivos con base en su capacidad.
Por otro lado en los presupuestos, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales, se deben aplicar los recursos necesarios para fomentar el desarrollo económico de las mujeres y su empoderamiento financiero a través del acceso al crédito y a programas de desarrollo sustentable para las mujeres, particularmente, quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.
